A $1.220.699.000.000 ascendía la partida del plan Potenciar Trabajo que había presupuestado para 2024 el gobierno de Alberto Fernández, en su versión original. Esa cifra, superior al billón de pesos, es difícil de leer para una persona normal e imposible de imaginar volcada sobre una mesa en fajos de billetes nacionales y populares.
Solo una mente extraviada, ingenua o maliciosa puede pensar que una montaña de dinero, apilada así, al alcance de cualquier mano, se mantendría íntegra e impoluta hasta ser distribuida conforme a los protocolos. Sabemos qué ocurre cuando un camión cargado de mercaderías tiene un accidente rutero: hasta los vecinos más honestos se llevan parte del botín, pues “donde hay una necesidad, hay un derecho”. No son malas personas y es posible que, con actitud solidaria, lo distribuyan entre otros necesitados. Son bellos ejemplos de argentinidad, cuando han aprendido que la “patria es el otro” y que los hoteles, bolsos y retornos deben compartirse, sin cobrar por ello. “La patria no se vende”, proclama Axel Kicillof –responsable por la sentencia contra el Estado Nacional por 16 mil millones de dólares correspondiente a la causa YPF– y tiene razón: se regala nomás.
En este caso, no se trata de una mesa rodeada de funcionarios que se fiscalizan entre sí, sino una tabla gigantesca donde 1.273.000 seres humanos sin trabajo y llenos de necesidades contemplan esas riquezas al portador en manos de personajes que se atribuyen el poder de otorgar o de negar. Pues el plan Potenciar Trabajo –reemplazado por el actual Gobierno por los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social– no era gestionado por funcionarios públicos, sino por dirigentes sociales ajenos a la estructura estatal y que se manejan con poco saber y mucho entender.
“Piensa mal y acertarás”, dice el antiguo refrán español y así actuó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al habilitar una línea telefónica para recibir denuncias respecto de posibles extorsiones en el reparto de esos planes sociales. Hubo miles de llamados que derivaron en una investigación judicial referida a intermediarios que, como parte de un plan extorsivo, se quedaban con dinero de los beneficiarios en función de su presencia o ausencia en las marchas piqueteras.
En los allanamientos se encontraron pruebas contundentes, como efectivo, recibos de pago, planillas de asistencia y decenas de celulares, que involucran a dirigentes del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de Barrios de Pie. Son los grupos que más protestas protagonizaron durante el gobierno anterior y el actual.
Luego llegaron las explicaciones, como herencias recibidas o intencionalidad política, aprendidas de Karina Eva Moyano, la hija del líder camionero, cuando en 2021 le encontraron medio millón de dólares al allanarse su casa en una causa por narcotráfico. Su padre salió al cruce minimizando la magnitud de la suma repitiendo advocaciones peronistas, siempre útiles para aglutinar lealtades y amedrentar fiscales. Karina Eva aprendió, a su vez, de Florencia Kirchner, cuando cuatro millones y medio de dólares, bien verdes, aparecieron en su caja de seguridad bancaria en 2016.
De todas formas, los dimes y diretes alrededor de los planes nunca tendrán fin. De lo que se trata es de evitar el derroche o desvío de fondos públicos sin descuidar la protección de los más vulnerables. La pobreza es un drama que erosiona los cimientos de la convivencia social al impedir la realización de las personas, destruir familias y condenar a sus hijos a la exclusión. En el programa “Hambre de Futuro”, emitido por LN+, se da testimonio de historias conmovedoras para tomar conciencia de esa dolorosa realidad que afecta a la mitad de los argentinos.
Cuando la pobreza alcanza al 50% de la población y al comienzo de la democracia era del 25%, se impone corregir las causas y no solo atender sus consecuencias. La derivación de fondos hacia operadores que no rinden cuentas, como en la metáfora de la mesa y el billón de pesos, fue ideada en los años 90 por el entonces gobernador Eduardo Duhalde y su esposa Hilda, cuando delegaron funciones estatales en “manzaneras” que distribuían alimentos en el conurbano bonaerense. Pero ningún cambio de fondo se hizo desde aquel momento, sino todo lo contrario. Solamente con apego a las instituciones y valores se obtendrán, a través del trabajo formal, los recursos necesarios para eliminar la pobreza, pero de verdad.
