Desde que España decidió conceder asilo político al ex candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, el gobierno de Pedro Sánchez enfrenta una tensión con el régimen de Nicolás Maduro que este viernes alcanzó su pico más álgido: Venezuela citó al embajador español en Caracas y llamó a consultas a su representante en Madrid.
La presencia en España de González Urrutia, quien habría ganado las elecciones venezolanas del 28 de julio, según la coalición opositora al chavismo que lidera María Corina Machado, agrava la crisis interna española y vuelve cada vez más áspero su vínculo con el régimen de Maduro.
El miércoles, después de que el Congreso de los Diputados aprobara el reconocimiento del opositor como ganador de las elecciones venezolanas, el presidente del Parlamento -que en Venezuela llaman Asamblea Nacional- pidió el cese inmediato de relaciones con España.
“Que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales”, exigía Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta de Maduro y al frente de la Asamblea Nacional.
España es el tercer cliente de Venezuela en la compra de petróleo, la principal riqueza del país latinoamericano. Para España, Venezuela es el noveno proveedor de crudo.
En uno y otro continente, las relaciones se iban caldeando pero los gestos antagónicos no desbordaban el plano doméstico. Ni el gobierno de Maduro ni el de Sánchez, únicos responsables de marcar la política exterior de sus países, movían ficha. Hasta este viernes.
El episodio que desató el enojo de régimen venezolano fueron las últimas declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que lo definió como una “dictadura”.
Fue el jueves, durante la presentación de un libro en el Ateneo de Madrid. Convocada sobre el escenario para reflexionar sobre la novela “El niño que perdió la guerra” que presentaba junto a la escritora Julia Navarro
