Un nuevo escándalo podría desatarse en el Servicio Penitenciario Federal si las sospechas del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena se concretan: el último viernes, el magistrado ordenó allanar las oficinas de Fernando Julián Martínez, el director del SPF, por un presunto vínculo entre el funcionario y la empresa que provee comida en el penal de Ezeiza.
La situación se puso demasiado tensa, contaron fuentes policiales a Infobae, cuando Martínez entregó su teléfono a la Justicia, pero notaron que no había puesto a disposición el de todos los días sino un aparato viejo y en desuso.
Al comprobar que no era el celular que buscaban, los oficiales de Justicia requirieron, por orden del juez, que entregue el que correspondía. Sin embargo, Martínez adujo, sorpresivamente, que lo había “extraviado” ese mismo día.
Villena sospechó de la actitud del funcionario y pidió que mapearan los últimos impactos del teléfono del director del Servicio en las antenas de telefonía celular.
El allanamiento en la oficina del director del SPF, que asumió su cargo en 2024, nombrado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se ejecutó a las 11.30 de la mañana del viernes y los resultados de la investigación sobre la trazabilidad del celular “perdido” sorprendieron todavía más al juez horas después, cuando le entregaron el informe: la última señal de conexión había sido ese mismo día, una hora antes del allanamiento.
La zona donde impactó fue cerca del estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas. El horario de la última conexión resultó inquietante para la Justicia.
“O fue mucha casualidad o alguien le avisó que iban a allanar”, ironizó una fuente con acceso a la investigación, e incluso fue más allá: “Villena podría haber detenido ahí mismo a Martínez, porque lo que hizo fue muy grave, pero evidentemente prefirió no generar un escándalo institucional, total tiene tiempo para seguir investigando”.
La razón por la que Villena decidió allanar el viernes no habría sido casual.
“Es que ese mismo día se resolvía la nueva licitación para la provisión de comida en la Unidad Penal de Ezeiza, donde se alojan cerca de 2.000 personas privadas de su libertad, y que volvió a obtener la empresa Bio Limp”, precisó el periodista Fernando Soriano en el portal Infobae.
