La Casa Rosada evalúa los pasos por seguir luego de que la oposición del Senado rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en Discapacidad y dejó firme la norma.
En principio, la estrategia de la Casa Rosada es ganar tiempo, no apurar la reglamentación de la ley ni presentarse en la Justicia.
El Gobierno se inclina, por ahora, a esperar que actúe la oposición en los tribunales. En ese sentido, en la gestión de Milei prevén como un escenario posible que, ante la falta de implementación de la ley, la oposición se vea obligada a presentarse ante la Justicia para intimar al Gobierno. Recién entonces, la Casa Rosada respondería judicialmente.
La concreción de esa estrategia serviría a la administración libertaria para ganar tiempo de cara a una nueva composición del Congreso a partir de diciembre próximo, con los números que arrojen los comicios legislativos de octubre.
Ese escenario es el que más forma tomó en las últimas horas, según precisó Cecilia Devanna en La Nación este jueves. Otra posibilidad era llevar el tema directamente a la justicia, tal como adelantó el Gobierno luego de que se rechazara en Diputados el veto del presidente Milei. Pero las últimas reuniones en la Casa Rosada inclinaban la estrategia hacia la opción de la demora en la respuesta.
La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.
63 a 7
En una muestra de contundencia, la oposición en el Senado sostuvo la ley de emergencia en discapacidad y el Poder Ejecutivo deberá aplicarla, pese a que Javier Milei decidió vetarla. La insistencia fue acompañada por casi todo el arco opositor y desnudó como nunca la fragilidad parlamentaria del oficialismo. Logró 63 apoyos, siete rechazos y ninguna abstención. Es el primer veto que el Congreso le voltea a Milei.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el impacto fiscal de la normaimplicaría un 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026.
