La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), declarada organización terrorista mediante una resolución firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, difundió un video sobre la autoría de los incendios en la Patagonia. “Reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista de las transnacionales, de los terratenientes”, sostuvo su líder, Facundo Jones Huala, antes de rectificarse negando que sus seguidores estuvieran prendiendo fuego los bosques donde vive “su gente”.
Hace décadas la RAM utiliza la metodología del estrago mediante incendios como herramienta política.
Los antecedentes de este lonko weichafe (guerrero) en la materia son frondosos, con participación en ataques incendiarios en Chile, en 2013, que le valieron una condena a 9 años de prisión. El gobierno de Gabriel Boric lo expulsó luego de que la Corte Suprema local indicara que estaba detenido “ilegalmente”, por un tiempo superior al que se le obligó, y nuestro generoso país volvió a abrirle las puertas en agosto pasado a quien se presenta diciendo: “Soy revolucionario, anticapitalista, antisistema”, y reivindicando la lucha armada.
Quedó probado en el juicio que se llevó contra este siniestro personaje en Chile, tras ser extraditado en 2018, que recibió instrucción de Cuba y financiamiento europeo. Durante la gestión kirchnerista, los seudomapuches recibieron también protección y financiamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), tal como revelaron dos recientes auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El dinero del Estado no se destinó a realizar obras, sino a pagar honorarios a abogados luego de la ocupación violenta de terrenos.
El actual gobierno ha señalado nuevamente a ese grupo seudomapuche como autor de los incendios que arrasan miles y miles de hectáreas en el sur del país.
“La RAM representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”, expresa la resolución firmada por Bullrich, que deberá ser refrendada por la Cancillería conforme los pasos legales necesarios para incorporar a una agrupación en la lista de actividades terroristas.
El Código Penal dispone penas de entre 5 y 20 años de prisión para quienes integren una organización terrorista.
Años de avales políticos de todo tipo solo contribuyeron a que principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía provincial quedaran pisoteados bajo el accionar de estos grupos violentos que atentaron gravemente contra la soberanía nacional. En 2021, el propio embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, fue severamente criticado por haber defendido a Jones Huala en una audiencia, según se intentó justificar, “para garantizar la regularidad del proceso”.
El mes pasado, la Policía de Río Negro había detenido a Jones Huala en El Bolsón cuando intentaba robar unos vehículos a las 4 de la mañana, para liberarlo luego sin imputarlo. A raíz de sus dichos reivindicatorios de los atentados ya fue denunciado penalmente por los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien atribuyó los focos ígneos a grupos mapuches, calificó de “imbécil” a Jones Huala por envalentonar a jóvenes en pos de una falsa lucha ideológica, poniendo vidas en juego. No fue el primero en insistir en que debería estar preso.
El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, responsabilizó a los seudomapuches por los grandes incendios que afectan a Chubut, Río Negro y Neuquén y relacionó esos ataques como respuesta a las medidas implementadas por el Ministerio de Seguridad Nacional relativas a la recuperación de terrenos usurpados por falsas comunidades e incluso con el corte de los subsidios que recibían.
Con las leyes de reiterancia y reincidencia, ya aprobadas por Diputados y que esperan ser debatidas la semana próxima en la Cámara alta, los delitos federales cometidos por el líder de la RAM lo pondrían a la sombra.
El Gobierno ha dado un paso importante en la lucha contra estos delincuentes que atentan contra la naturaleza, las personas y la seguridad pública, apropiándose y destruyendo bienes que no les pertenecen.
