Dos ciudadanos extranjeros, que se fugaron de sus países de origen estaban prófugos en la Argentina por varios delitos, entre ellos abusos sexuales y tras su captura, recobraron la libertad mediante un planteo formal que apeló los plazos máximos de detención preventiva.
Se trata de un ciudadano brasileño con antecedentes por homicidio, robo y narcotráfico, y un paraguayo que estaba detenido por hechos similares.
Ambos habían sido capturados en la provincia de Corrientes tras figurar con alertas rojas de Interpol y aguardaban el envío a sus países de origen.
El brasileño, identificado como Sergio Adriani Brum Pereira y apodado “El Vicario”, llevaba prófugo más de un año tras las acusaciones de haber agredido sexualmente a dos menores, una de ellas, su propia hija, y fue detenido al cruzar ilegalmente la frontera en Paso de los Libres. Además, enfrenta causas por robo a camiones blindados, homicidio y tráfico de estupefacientes.
Por su parte, Ramón Luis Fernández, de 70 años, fue arrestado en diciembre de 2022 en la vivienda de un familiar en Corrientes. Sobre él pesa un requerimiento de la justicia paraguaya por presuntos abusos contra menores, causa que permanece tramitándose en Asunción desde 2022.
En ambos expedientes, los defensores interpusieron recursos técnicos ante la Corte Suprema de la Nación, lo que demoró la resolución definitiva de las extradiciones. Mientras tanto, los magistrados de la Cámara de Corrientes consideraron que se habían excedido los términos legales para mantenerlos privados de libertad sin sentencia firme y ordenaron su liberación, según un informe del diario Clarín.
El Juzgado Federal de Paso de los Libres dejó en libertad a Brum Pereira con la única obligación de fijar domicilio en el país, presentarse ante la justicia cuando se lo requiera y no salir del territorio nacional.
En el caso de Fernández, el tribunal federal de Corrientes había dictado una medida similar en noviembre de 2023, pero el fallo quedó en suspenso por la apelación fiscal.
El fiscal federal Carlos Schafer impugnó ambas decisiones y presentó recursos de casación, alegando que existe un alto riesgo de fuga y de entorpecimiento de las investigaciones. En sus escritos, destacó la capacidad económica de los acusados para financiar una vida en la clandestinidad y la amenaza que representan para las víctimas.
Hasta tanto la Corte Suprema se expida, los dos exreclusos permanecerán en libertad bajo caución, a la espera de que la causa de extradición avance o un nuevo dictamen revoque la excarcelación.