La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) lleva adelante un proceso de rectificación de los legajos de estudiantes y docentes que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Tiene como objetivo reconocer oficialmente las interrupciones de sus carreras y ejercer actos de reparación histórica.
El pasado viernes se reunió de manera virtual la comisión especializada, constituida por resolución del Rectorado, que coordinará el relevamiento y la entrega de los legajos en actos públicos. Participaron representantes de las unidades de Derechos Humanos de la Unne, de las fiscalías federales de Corrientes y Chaco, y de la Cátedra de Derechos Humanos de la universidad.
Según informó el secretario Legal y Técnico de la Unne, Fabrizio Sartori, todas las facultades designaron responsables para la búsqueda de los legajos en sus archivos. Se prevé una próxima reunión para organizar el plan de trabajo de 2026, en el marco de los 50 años del golpe de Estado.
La entrega de legajos podría realizarse en fechas emblemáticas como el 24 de marzo y el 10 de diciembre.
El listado actual de víctimas incluye más de 170 personas, entre estudiantes, docentes y personal no docente, cuyos casos fueron documentados en los tribunales federales de la región entre 2004 y 2024.
Los juicios de lesa humanidad confirmaron que docentes y estudiantes de la Unne fueron detenidos ilegalmente, asesinados o permanecen desaparecidos. Muchos estuvieron secuestrados en centros clandestinos de detención en Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
La Resolución 1448/2025 del Rectorado establece que los legajos rectificados incluirán la inscripción: “debieron interrumpir sus carreras universitarias o el ejercicio de la docencia y la enseñanza por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado”.
La medida se enmarca en políticas de reconocimiento y reparación que la Unne impulsa desde hace años, a través de actividades académicas, audiovisuales y de archivo vinculadas a la memoria histórica.
El Rectorado subraya que esta iniciativa busca visibilizar los derechos vulnerados durante la dictadura y restituir la identidad de quienes fueron perseguidos por motivos políticos.
La acción se realizó en coordinación con las fiscalías federales de Corrientes, Chaco y Formosa, que habían recomendado la rectificación de los legajos como medida de reparación a las víctimas.
