El Concejo Deliberante de Corrientes define este jueves el aumento del boleto del transporte urbano en la ciudad. Así lo confirmaron este miércoles fuentes oficiales a El Litoral. Tras semanas de debate entre el Ejecutivo Municipal, el sector empresario y los representantes de los vecinos, se definirá el precio que los correntinos pasarán a pagar dentro de poco tiempo.
Precio del pasaje en disputa
El Ejecutivo propone un incremento del 45%, lo que llevaría la tarifa a $1.895 desde los valores actuales. Por su parte, los empresarios del transporte plantean un ajuste mayor, del 73%, que elevaría el pasaje a $2.370, lo que posicionaría a Corrientes como la segunda ciudad del país con la tarifa más alta.
“El precio propuesto por el poder ejecutivo en la comisión es de $1.890, si se aprueba ese es el precio que queda, yo me opongo al aumento”, adelantó a El Litoral, Mercedes Franco Laprovitta, Concejal del partido Frente de Todos.
Los números reflejan la tensión que existe entre garantizar la sustentabilidad económica del servicio y mantener la accesibilidad para los usuarios, sobre todo para quienes dependen del transporte público a diario para ir a trabajar o estudiar.
Solo 7 inscriptos en la audiencia pública por el aumento de boleto
En paralelo, la semana pasada se llevó adelante la audiencia pública en la que se anotaron solo 7 y 6 de ellos participaron. Entre las inquietudes más mencionadas se encuentran la frecuencia de los colectivos, la no contemplación a las personas con discapacidad y la cobertura de los recorridos en zonas más alejadas.
Desde el sector empresario, señalan que los costos operativos crecieron en los últimos meses debido al aumento del combustible y el mantenimiento de las unidades, mientras que el Ejecutivo busca moderar la suba para evitar un impacto fuerte en los usuarios.
La votación de mañana será determinante y se espera que genere un intenso debate en el Concejo, ya que de ella dependerá el monto final del boleto del transporte urbano en Corrientes. Para los vecinos, cualquier aumento representa un desafío en la economía doméstica, por lo que muchas familias esperan que la votación tome en cuenta la capacidad real de pago de la población y mejore al mismo tiempo la calidad del servicio.
