Una compañía eléctrica bonaerense fue sancionada con un embargo preventivo que asciende a 150 millones de pesos por presunta contaminación ambiental con PCB, aceite utilizado en transformadores de la red pública, mientras que tres funcionarios de la firma y dos de la Entidad Nacional Reguladora de Energía (Enre) fueron procesados por la misma causa. Edenor anticipó una pronta respuesta en tanto que los vecinos del barrio 17 de Agosto dividieron sus reacciones entre esperanzas y desilusiones debido a la lentitud del sistema judicial aunque aún no piensan en acciones legales sino que prefieren esperar los informes oficiales.
La situación en cuanto a las denuncias por la singular cantidad de patologías oncológicas registradas en pequeños sectores en un barrio ubicado al Este de la capital correntina es un reflejo bastante fiel de escenarios similares que se desarrollan en distintos puntos del país. La reciente medida judicial contra la Empresa Distribuidora de Energía Norte SA (Edenor) por una abultada suma de dinero ingresa así en la prominente lista de antecedentes que los vecinos del 17 de Agosto exponen impacientes detrás de cada petitorio, mientras esperan que diputados y funcionarios ligados al medio ambiente den una explicación oficial.
El juez federal de Zárate y Campana, Efraín Faggionatto Márquez, determinó el martes en la causa 2.512 -a la que tuvo acceso El Litoral- que la compañía eléctrica bonaerense fue embargada en forma preventiva por un total de 150 millones de pesos pertenecientes a sus activos, porque se entiende “prudente para cautelar la reparación del daño causado, el remedio ambiental y las costas causídicas”.
Del mismo modo, tres funcionarios técnicos de Edenor -Daniel Lello, Luciano Pironio y Adalberto Márquez- fueron procesados por ser considerados “penalmente responsables de delito de contaminación peligrosa para la salud”. Cada uno también recibió un embargo preventivo por 500 mil pesos.
En paralelo, el ex titular del Ente Nacional Regulador de Energía, Juan Antonio Legisa, y la encargada del área de Medio Ambiente de la empresa, María Cristina Massei, fueron procesados por incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos y sus bienes fueron trabados hasta cubrir una suma de un millón y 250 mil pesos, respectivamente.
Además, el fallo dictó la falta de mérito de tres imputados y sobreseyó a otros 20. Sin embargo, la firma anticipó a través de un comunicado de prensa que apelará a la medida ante la Cámara Federal de San Martín con el firme argumento de no ser el causante de las muertes por patologías oncológicas.
En este sentido, Mabel Bastías de Lorenzo -madre de Nahuel, quien falleciera el 25 de noviembre de 2001 a los 6 años en Del Viso, provincia de Buenos Aires- explicó a través de La Nación que “este fallo es algo histórico. Nunca pensé que la justicia del hombre pudiera hacer algo porque no creía en ella. Con esto, ahora estoy esperanzada”. En contraste, ayer se mostró preocupada en diálogo con este medio ante el anticipo de Edenor de contestar la acción legal que tuvo inicio en agosto de 2000 y que es patrocinada por un estudio jurídico que representa a unas 150 familias en casos similares.
La relevancia de la resolución en relación a las denuncias locales es que ambas presentan gran cantidad de similitudes en los reclamos y los escenarios reales, con la diferencia de que en Buenos Aires se realizaron vastos análisis sobre el impacto ambiental de los refrigerantes utilizados en transformadores eléctricos y que los resultados fueron poco favorables para la salud de quienes residían cerca de los aparatos.
A través de las investigaciones también se constató, según informó la familia de Nahuel a este medio, que el derrame del contenido líquido de dichos transformadores se desparramó sobre el suelo y percoló a la napa de agua. También explicaron que el incendio de transformadores con contenido de PCBs, por combustión del elemento químico, libera “dibenzoparadioxinas”, que potencian el carácter cancerígeno de la sustancia.
De esta manera, el fallo contra una compañía eléctrica, funcionarios de la firma y del Enre por denuncias similares a las planteadas desde el 17 de Agosto podría aumentar la presión social ante la postergada audiencia parlamentaria debido a la vorágine creada por la reforma en la que el Ministerio de Salud, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes y el Instituto del Agua y del Ambiente deberían dar cuenta sobre la situación local.
EDENOR
La empresa bonaerense atiende a 2,2 millones de clientes -unos 7 millones de usuarios en total- distribuidos en el Norte de la Capital Federal y en 20 partidos de la zona Norte y Noroeste del Gran Buenos Aires. Lleva casi 17 años en funcionamiento y dispone de 2.457 empleados, mientras que su deuda, en default, ronda los 1600 millones de pesos, según datos revelados por Clarín.
En tanto, según un relevamiento realizado por la Secretaría de Energía de la Nación el año pasado, la firma facturó durante ese período unos 1.107 millones con un resultado operativo estimado en 39,3 millones.
La situación en cuanto a las denuncias por la singular cantidad de patologías oncológicas registradas en pequeños sectores en un barrio ubicado al Este de la capital correntina es un reflejo bastante fiel de escenarios similares que se desarrollan en distintos puntos del país. La reciente medida judicial contra la Empresa Distribuidora de Energía Norte SA (Edenor) por una abultada suma de dinero ingresa así en la prominente lista de antecedentes que los vecinos del 17 de Agosto exponen impacientes detrás de cada petitorio, mientras esperan que diputados y funcionarios ligados al medio ambiente den una explicación oficial.
El juez federal de Zárate y Campana, Efraín Faggionatto Márquez, determinó el martes en la causa 2.512 -a la que tuvo acceso El Litoral- que la compañía eléctrica bonaerense fue embargada en forma preventiva por un total de 150 millones de pesos pertenecientes a sus activos, porque se entiende “prudente para cautelar la reparación del daño causado, el remedio ambiental y las costas causídicas”.
Del mismo modo, tres funcionarios técnicos de Edenor -Daniel Lello, Luciano Pironio y Adalberto Márquez- fueron procesados por ser considerados “penalmente responsables de delito de contaminación peligrosa para la salud”. Cada uno también recibió un embargo preventivo por 500 mil pesos.
En paralelo, el ex titular del Ente Nacional Regulador de Energía, Juan Antonio Legisa, y la encargada del área de Medio Ambiente de la empresa, María Cristina Massei, fueron procesados por incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos y sus bienes fueron trabados hasta cubrir una suma de un millón y 250 mil pesos, respectivamente.
Además, el fallo dictó la falta de mérito de tres imputados y sobreseyó a otros 20. Sin embargo, la firma anticipó a través de un comunicado de prensa que apelará a la medida ante la Cámara Federal de San Martín con el firme argumento de no ser el causante de las muertes por patologías oncológicas.
En este sentido, Mabel Bastías de Lorenzo -madre de Nahuel, quien falleciera el 25 de noviembre de 2001 a los 6 años en Del Viso, provincia de Buenos Aires- explicó a través de La Nación que “este fallo es algo histórico. Nunca pensé que la justicia del hombre pudiera hacer algo porque no creía en ella. Con esto, ahora estoy esperanzada”. En contraste, ayer se mostró preocupada en diálogo con este medio ante el anticipo de Edenor de contestar la acción legal que tuvo inicio en agosto de 2000 y que es patrocinada por un estudio jurídico que representa a unas 150 familias en casos similares.
La relevancia de la resolución en relación a las denuncias locales es que ambas presentan gran cantidad de similitudes en los reclamos y los escenarios reales, con la diferencia de que en Buenos Aires se realizaron vastos análisis sobre el impacto ambiental de los refrigerantes utilizados en transformadores eléctricos y que los resultados fueron poco favorables para la salud de quienes residían cerca de los aparatos.
A través de las investigaciones también se constató, según informó la familia de Nahuel a este medio, que el derrame del contenido líquido de dichos transformadores se desparramó sobre el suelo y percoló a la napa de agua. También explicaron que el incendio de transformadores con contenido de PCBs, por combustión del elemento químico, libera “dibenzoparadioxinas”, que potencian el carácter cancerígeno de la sustancia.
De esta manera, el fallo contra una compañía eléctrica, funcionarios de la firma y del Enre por denuncias similares a las planteadas desde el 17 de Agosto podría aumentar la presión social ante la postergada audiencia parlamentaria debido a la vorágine creada por la reforma en la que el Ministerio de Salud, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes y el Instituto del Agua y del Ambiente deberían dar cuenta sobre la situación local.
EDENOR
La empresa bonaerense atiende a 2,2 millones de clientes -unos 7 millones de usuarios en total- distribuidos en el Norte de la Capital Federal y en 20 partidos de la zona Norte y Noroeste del Gran Buenos Aires. Lleva casi 17 años en funcionamiento y dispone de 2.457 empleados, mientras que su deuda, en default, ronda los 1600 millones de pesos, según datos revelados por Clarín.
En tanto, según un relevamiento realizado por la Secretaría de Energía de la Nación el año pasado, la firma facturó durante ese período unos 1.107 millones con un resultado operativo estimado en 39,3 millones.
