EL DATO
Según consta en las actuaciones judiciales, las resoluciones municipales 1363/06, del 11 de julio de 2006; 534, del 7 de marzo de 2007 y 066/06 del 1 de agosto de 2006, informan que la Caja Municipal de Préstamos cuenta con los servicios de Sernor.
Un juzgado de instrucción de esta capital ordenó el procesamiento y dictó la prisión preventiva para el interventor de la Caja Municipal de Préstamos, Enzo Abel Berardi, quien -junto a otras dos personas- se encuentra imputado en una causa por defraudación, pero que destapó otra maniobra sospechada por la Justicia y que toca de cerca a la Comuna. La medida fue emitida el 7 de agosto y aunque el funcionario no fue alojado en sede policial, cuatro días después consiguió la eximisión de prisión.
De acuerdo con los términos de la resolución judicial a la que tuvo acceso El Litoral, Berardi fue procesado por hallarse “prima facie” como responsable del delito de “defraudación por abuso de firma en blanco”, en calidad de coautor material junto a otros dos hombres, socios en la agencia de seguridad privada Sernor SRL, radicada en esta capital.
El caso, que surge de la presentación realizada por un ex empleado (en negro) de la compañía, comprende una maniobra fraudulenta, que incluye la firma de pagarés que serían ejecutados en caso de que, al momento de ser despedido, el agente de Sernor -y firmante del documento- decida iniciar un juicio laboral contra la empresa.
Lo cierto es que esa causa penal dejó al descubierto un presunto delito aun más grave, en perjuicio de las arcas municipales. Berardi también sería socio propietario de Sernor SRL que es la agencia de seguridad contratada ni más ni menos que por la Caja Municipal de Préstamos, entre otras reparticiones comunales.
Textualmente, en los considerandos de la medida, la jueza de Instrucción 1, Norma Agrasso de Caballero, sostuvo que el propio Ejecutivo Municipal informó que “la Caja cuenta con los servicios de seguridad, vigilancia y traslado de valores de la firma Sernor”.
Y a renglón seguido, aseguró que la relación societaria que une a Berardi con los otros dos imputados, propietarios de la compañía, está acreditada en un informe de la Afip, “donde consta que la empresa Sernor de seguridad privada tiene constituido su domicilio en la calle Bolívar 2420 (...) lugar donde se encuentra el estudio contable de Enzo Abel Berardi”.
Incluso la Policía de la Provincia emitió un acta de constatación donde surge que el funcionario es responsable del inmueble de Bolívar 2420. El Litoral logró determinar que en ese domicilio hay un chalet, que dista de aparentar una agencia de seguridad privada y que en esa dirección están registradas dos líneas telefónicas a nombre de Enzo Berardi.
Sugestiones
El procesamiento de Berardi, si bien no alcanza la presunta “auto-contratación” de su agencia de seguridad en la Comuna, muestra que el funcionario estaría incurriendo en negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previstas en el Artículo 265 del Código Penal.
Según señala ese apartado del Código, “será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo”.
Y si bien la presunta comisión del ilícito quedó marcada en la resolución judicial del procesamiento, las fuentes tribunalicias consultadas por El Litoral negaron que el fiscal interviniente en la instrucción de la causa haya abierto una investigación. Así tampoco trascendió que el funcionario haya dejado de ocupar el cargo de interventor en una de las principales ventanillas recaudadoras de la Municipalidad.
De acuerdo con lo trascendido de fuentes judiciales, los vigilantes de la empresa cuestionada también cumplen tareas en la Dirección General de Rentas, el palacio municipal y otras delegaciones.
Según consta en las actuaciones judiciales, las resoluciones municipales 1363/06, del 11 de julio de 2006; 534, del 7 de marzo de 2007 y 066/06 del 1 de agosto de 2006, informan que la Caja Municipal de Préstamos cuenta con los servicios de Sernor.
Un juzgado de instrucción de esta capital ordenó el procesamiento y dictó la prisión preventiva para el interventor de la Caja Municipal de Préstamos, Enzo Abel Berardi, quien -junto a otras dos personas- se encuentra imputado en una causa por defraudación, pero que destapó otra maniobra sospechada por la Justicia y que toca de cerca a la Comuna. La medida fue emitida el 7 de agosto y aunque el funcionario no fue alojado en sede policial, cuatro días después consiguió la eximisión de prisión.
De acuerdo con los términos de la resolución judicial a la que tuvo acceso El Litoral, Berardi fue procesado por hallarse “prima facie” como responsable del delito de “defraudación por abuso de firma en blanco”, en calidad de coautor material junto a otros dos hombres, socios en la agencia de seguridad privada Sernor SRL, radicada en esta capital.
El caso, que surge de la presentación realizada por un ex empleado (en negro) de la compañía, comprende una maniobra fraudulenta, que incluye la firma de pagarés que serían ejecutados en caso de que, al momento de ser despedido, el agente de Sernor -y firmante del documento- decida iniciar un juicio laboral contra la empresa.
Lo cierto es que esa causa penal dejó al descubierto un presunto delito aun más grave, en perjuicio de las arcas municipales. Berardi también sería socio propietario de Sernor SRL que es la agencia de seguridad contratada ni más ni menos que por la Caja Municipal de Préstamos, entre otras reparticiones comunales.
Textualmente, en los considerandos de la medida, la jueza de Instrucción 1, Norma Agrasso de Caballero, sostuvo que el propio Ejecutivo Municipal informó que “la Caja cuenta con los servicios de seguridad, vigilancia y traslado de valores de la firma Sernor”.
Y a renglón seguido, aseguró que la relación societaria que une a Berardi con los otros dos imputados, propietarios de la compañía, está acreditada en un informe de la Afip, “donde consta que la empresa Sernor de seguridad privada tiene constituido su domicilio en la calle Bolívar 2420 (...) lugar donde se encuentra el estudio contable de Enzo Abel Berardi”.
Incluso la Policía de la Provincia emitió un acta de constatación donde surge que el funcionario es responsable del inmueble de Bolívar 2420. El Litoral logró determinar que en ese domicilio hay un chalet, que dista de aparentar una agencia de seguridad privada y que en esa dirección están registradas dos líneas telefónicas a nombre de Enzo Berardi.
Sugestiones
El procesamiento de Berardi, si bien no alcanza la presunta “auto-contratación” de su agencia de seguridad en la Comuna, muestra que el funcionario estaría incurriendo en negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previstas en el Artículo 265 del Código Penal.
Según señala ese apartado del Código, “será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo”.
Y si bien la presunta comisión del ilícito quedó marcada en la resolución judicial del procesamiento, las fuentes tribunalicias consultadas por El Litoral negaron que el fiscal interviniente en la instrucción de la causa haya abierto una investigación. Así tampoco trascendió que el funcionario haya dejado de ocupar el cargo de interventor en una de las principales ventanillas recaudadoras de la Municipalidad.
De acuerdo con lo trascendido de fuentes judiciales, los vigilantes de la empresa cuestionada también cumplen tareas en la Dirección General de Rentas, el palacio municipal y otras delegaciones.
