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Aborto: detuvieron a un hombre que violó y embarazó a menor discapacitada

Las pericias genéticas realizadas determinaron que uno de los 6 sospechosos por el abuso sexual de una nena con retraso madurativo es el autor del delito. La madre de la víctima había solicitado la interrupción del embarazo, que se concretó.
 

El Juzgado de Instrucción de Santo Tomé confirmó que, de 6 sospechosos, uno fue detenido por coincidir la muestra genética tomada del cuerpo de la niña de 13 años. La madre de la nena había solicitado la interrupción del embarazo de 17 semanas y el aborto se concretó. 
El hecho ocurrió en febrero pasado y la causa la inició la mamá de la niña, quien acudió al hospital cuando sospechó que su hija estaba embarazada producto de un abuso sexual. Cuando esto se confirmó, la mujer pidió la interrupción del embarazo, lo que finalmente se hizo.
El aborto solicitado por la madre de la menor incapaz se hallaba contemplado en los supuestos establecidos en el artículo 86 del Código Penal. Este prescribe la exención de punición para el procedimiento interruptivo realizado sobre una mujer “demente” cuando el estado de gravidez resulte fruto de “violación o atentado al pudor”.
La investigación penal continuó, y se citó a prestar declaración como testigos sospechosos a 6 personas del entorno de la niña. Todos prestaron conformidad para la prueba de ADN, que se realizó luego de las audiencias.
Finalmente, en septiembre, la magistrada estuvo en condiciones de afirmar que uno de ellos resultó ser el autor del abuso sexual. Dispuso que se cambiara su condición de sospechoso a imputado y el violador se encuentra detenido.
En respuesta a un pedido de la progenitora de la niña, la titular del Juzgado de Instrucción y Correccional de Santo Tomé, doctora Sara Durand, autorizó el aborto (interrupción legal del embarazo) de una niña de 13 años con retraso mental madurativo.
La madre había ido a consultar al hospital por cambios corporales que presentaba la nena y se dio intervención al Juzgado al presumir que se trataba de una gestación producto de un abuso sexual.
El Ministerio Público Fiscal expresó no tener objeciones con que se practicara a la mayor brevedad posible el aborto solicitado por la madre de la menor incapaz, ya que se daban los supuestos establecidos en el artículo 86 del Código Penal (que prescribe la exención de punición para el procedimiento interruptivo realizado sobre una mujer “demente” cuando el estado de gravidez resulte fruto de “violación o atentado al pudor”).
En tanto, la doctora Durand, “resolviendo la expresa solicitud de la progenitora de la niña, dado que la misma recurre a la Justicia, atento a la supuesta negativa de la galena del hospital local, encontrándonos ante un aborto no punible contenido en el artículo 86, inciso 2 del CP, y conforme a la jurisprudencia de la Csjn, entiendo que corresponde hacer lugar a lo peticionado disponiendo el aborto (interrupción legal de embarazo) de la menor gestante”.
En este punto los médicos aplicaron el protocolo, que indicaba un tratamiento medicamentoso, mas luego de 6 días de espera sin que la niña respondiera al mismo, se debió optar por otra alternativa.
Tras una nueva junta médica, se planteó entonces una cesárea y la posibilidad de una ligadura de trompas ya que “hay razones terapéuticas por las cuales es aconsejable evitar futuros embarazos y para evitarlos se dispone en la actualidad de muchos métodos anticonceptivos, siendo la ligadura de trompas uno de ellos en casos de pacientes insanas en las que sea conveniente evitar embarazos”.
En ese punto tomó intervención el Juzgado Civil y Comercial con competencia en Menores y Familia, en virtud de un llamado telefónico anónimo en el que se daba cuenta de la situación de vulnerabilidad de la niña y su madre.
El planteo de la autorización de ligadura de trompas fue derivado por los médicos al juzgado a cargo de la doctora María Dionisia Zovak, quien finalmente autorizó la esterilización quirúrgica, consistente en la realización de una cesárea con ligadura de trompas.

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Aborto: detuvieron a un hombre que violó y embarazó a menor discapacitada

Las pericias genéticas realizadas determinaron que uno de los 6 sospechosos por el abuso sexual de una nena con retraso madurativo es el autor del delito. La madre de la víctima había solicitado la interrupción del embarazo, que se concretó.
 

El Juzgado de Instrucción de Santo Tomé confirmó que, de 6 sospechosos, uno fue detenido por coincidir la muestra genética tomada del cuerpo de la niña de 13 años. La madre de la nena había solicitado la interrupción del embarazo de 17 semanas y el aborto se concretó. 
El hecho ocurrió en febrero pasado y la causa la inició la mamá de la niña, quien acudió al hospital cuando sospechó que su hija estaba embarazada producto de un abuso sexual. Cuando esto se confirmó, la mujer pidió la interrupción del embarazo, lo que finalmente se hizo.
El aborto solicitado por la madre de la menor incapaz se hallaba contemplado en los supuestos establecidos en el artículo 86 del Código Penal. Este prescribe la exención de punición para el procedimiento interruptivo realizado sobre una mujer “demente” cuando el estado de gravidez resulte fruto de “violación o atentado al pudor”.
La investigación penal continuó, y se citó a prestar declaración como testigos sospechosos a 6 personas del entorno de la niña. Todos prestaron conformidad para la prueba de ADN, que se realizó luego de las audiencias.
Finalmente, en septiembre, la magistrada estuvo en condiciones de afirmar que uno de ellos resultó ser el autor del abuso sexual. Dispuso que se cambiara su condición de sospechoso a imputado y el violador se encuentra detenido.
En respuesta a un pedido de la progenitora de la niña, la titular del Juzgado de Instrucción y Correccional de Santo Tomé, doctora Sara Durand, autorizó el aborto (interrupción legal del embarazo) de una niña de 13 años con retraso mental madurativo.
La madre había ido a consultar al hospital por cambios corporales que presentaba la nena y se dio intervención al Juzgado al presumir que se trataba de una gestación producto de un abuso sexual.
El Ministerio Público Fiscal expresó no tener objeciones con que se practicara a la mayor brevedad posible el aborto solicitado por la madre de la menor incapaz, ya que se daban los supuestos establecidos en el artículo 86 del Código Penal (que prescribe la exención de punición para el procedimiento interruptivo realizado sobre una mujer “demente” cuando el estado de gravidez resulte fruto de “violación o atentado al pudor”).
En tanto, la doctora Durand, “resolviendo la expresa solicitud de la progenitora de la niña, dado que la misma recurre a la Justicia, atento a la supuesta negativa de la galena del hospital local, encontrándonos ante un aborto no punible contenido en el artículo 86, inciso 2 del CP, y conforme a la jurisprudencia de la Csjn, entiendo que corresponde hacer lugar a lo peticionado disponiendo el aborto (interrupción legal de embarazo) de la menor gestante”.
En este punto los médicos aplicaron el protocolo, que indicaba un tratamiento medicamentoso, mas luego de 6 días de espera sin que la niña respondiera al mismo, se debió optar por otra alternativa.
Tras una nueva junta médica, se planteó entonces una cesárea y la posibilidad de una ligadura de trompas ya que “hay razones terapéuticas por las cuales es aconsejable evitar futuros embarazos y para evitarlos se dispone en la actualidad de muchos métodos anticonceptivos, siendo la ligadura de trompas uno de ellos en casos de pacientes insanas en las que sea conveniente evitar embarazos”.
En ese punto tomó intervención el Juzgado Civil y Comercial con competencia en Menores y Familia, en virtud de un llamado telefónico anónimo en el que se daba cuenta de la situación de vulnerabilidad de la niña y su madre.
El planteo de la autorización de ligadura de trompas fue derivado por los médicos al juzgado a cargo de la doctora María Dionisia Zovak, quien finalmente autorizó la esterilización quirúrgica, consistente en la realización de una cesárea con ligadura de trompas.