Una resolución judicial que volvió todo el proceso a foja cero alivió la situación de la mujer acusada de vender a su hija de 16 años y del hombre que habría pagado por ella en la provincia de Corrientes, según informaron en las últimas horas fuentes oficiales.
Fiscales de Corrientes y de una procuraduría especializada a nivel nacional se movilizan ante la Cámara Federal de Apelaciones para lograr que sea revisada por jueces de Buenos Aires la resolución que anuló todo lo actuado en la investigación del caso conocido en octubre de 2024 y que tiene a una menor de edad como víctima.
El 9 de diciembre pasado la Cámara, integrada por los jueces Ramón Luis González y Mirtha Sotelo de Andreau, dictó una resolución en la que le dio la razón a la defensa oficial de Silvina Teresita Diaz, la mujer de Entre Ríos acusada de vender a su hija y que pretendía anular el procedimiento.
Así, recibió el mismo beneficio Walter Daniel Cherei, el comerciante correntino de 57 años de edad señalado como responsable de acoger a la adolescente en un almacén de la ciudad de Mercedes y explotarla laboralmente.
Según se sostuvo en la causa, un audio de Whatsapp había sido clave para desentrañar que la chica fue entregada a cambio de dinero para una casilla donde habitarían Díaz y otros hijos suyos.
El caso fue denunciado en forma anónima por una mujer en Entre Ríos, a través de una llamada al número 101, por lo cual intervino la policía de esa provincia, que tomó contacto con la madre de la chica, entre otras medidas.
Ese acto policial inicial fue discutido, indicando que se realizó a partir de una “denuncia inicial extremadamente vaga” porque no individualizaba al hombre que supuestamente compró la menor.
Y, además, de que la policía de Entre Ríos citó a la imputada para que hable en una comisaría, pero en los marcos de otra causa, por supuestas lesiones, en las que figuraba como víctima junto con su hija, pero que sin embargo no concurrió al llamado que estaba fijado en la misma fecha y hora. Ya estaba en Mercedes.
De acuerdo con información proporcionada por fuentes del proceso, al día siguiente de que se haya dictado la resolución de la Cámara de Corrientes, el juez de origen, Gustavo Fresneda –titular del Federal de Paso de los Libres- dictó los sobreseimientos definitivos de Diaz y Cherei.
Esto es, sin que se los declare inocentes, por el momento no deben ser investigados con las pruebas obtenidas hasta la actualidad. Sin embargo, quedan sujetos a una eventual reapertura del caso.
Prácticamente impune
Para revertir este giro que dio la causa, los fiscales de Corrientes Carlos Schaefer, Tamara Pourcel y Nancy Verónica Vargas García, articularon acciones con la Protex, la procuraduría nacional especializada en casos de trata, con los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mangano, y movilizaron en las últimas horas una acción ante la Cámara de Apelaciones.
En ella reclaman que el fallo que alivió la situación de la madre de la adolescente y del comerciante sea revisado en la Cámara Federal de Casación Penal en los tribunales de Comodoro Py y retornen las actuaciones al punto en el que se encontraban. Todo, en forma “muy urgente”, indicaron.
Expresaron que no se verifican elementos que afecten la defensa de los imputados y que se trata de una medida “arbitraria” e injusta de la Cámara correntina, que no tuvo en consideración a la víctima y deja “prácticamente impune un delito gravísimo”.
En ese sentido, subrayaron que caería en la impunidad “uno de los delitos más aberrantes, como es la compra y venta de niños”.
Destacaron también que se anularon “las dos cámaras Gesell que se le hicieron a la menor de edad, las que fueron particularmente traumáticas desde el punto de vista emocional de la víctima (angustiada llorando en las dos oportunidades), y que, de realizarse una tercera, podría realmente revictimizar a la menor de edad”.
El origen del caso
Técnicamente este es un caso de trata de persona con fines de explotación agravado por la relación entre la imputada y la víctima, su condición de menor de edad y la consumación de la explotación. Esta última, por parte de quien pagó para hacerse de la niña.
El origen de este entramado se remonta a septiembre de 2024 y tiene como escenario la ciudad entrerriana de Concordia, de donde es Silvina Diaz y donde vivía con sus hijos. Según se desprende de la denuncia, se había puesto en pareja con un hombre que vino desde Entre Ríos a trabajar a la provincia de Corrientes.
En ese momento se marchó con su pareja al menos por tres meses, sin sus hijos. Pero regresó a Concordia luego de tomar contacto con Cherei y establecer el acuerdo que está puesto bajo la lupa de la Justicia Federal.
Allí, en su ciudad de origen, Diaz habitaba transitoriamente con sus hijos en la vivienda de su madre, oportunidad en que comenta a la mujer que finalmente denunció el caso, que le entregó “la guaina” (sic) al dueño de la Despensa Cherei, ubicada en la esquina de calles Águila y Gabancho del barrio Mercedita de la ciudad de Mercedes.
"Se juntó con un viejo"
“La tiene como una reina”, dijo la madre de la nena. Sin embargo, los vecinos del comercio la identificaban como la pareja del sospechoso y algo de eso también deslizó la progenitora al revelar que “se juntó con un viejo”, entre otros pormenores revelados a la persona que alertó del hecho a las autoridades.
Al momento de ser allanada su propiedad, donde además del comercio se encuentra su vivienda, Cherei les dijo a los gendarmes que la adolescente solo trabajaba en la despensa. Pero al registrar el lugar descubrieron, entre otras cosas, prendas de vestir y un cepillo de dientes de ella en el baño.
Los fiscales intentan ahora descartar la aplicación de la doctrina del “fruto del árbol envenenado” y sostener en Comodoro Py que existía una línea investigativa “autónoma, previa e independiente”.
Especialmente, porque la denunciante, luego de formular la acusación por vía telefónica de modo anónimo, se presentó personalmente a ratificar sus dichos en sede policial.
Pero al mismo tiempo, remarcan que si el expediente vuelve al inicio, se podría generar un "daño irreparable", vulnerando aún más a la adolescente.
Es por eso que, entre otras medidas, la acción que se encamina a Comodoro Py busca que a la niña víctima se le asigne un defensor, para que opine en el proceso y represente sus intereses.
