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Préstamo gota a gota: cónsul de Colombia visitó a los detenidos

El funcionario se interiorizó sobre las garantías constitucionales como ser estado de salud, trato digno y comunicación. Además brindó asesoramiento jurídico tanto a los detenidos en la causa llamada “operación El Patrón” como a sus familiares. 
 

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En un marco de la causa llamada “operación El Patrón”, donde detuvieron a una numerosa banda criminal colombiana acusada de  otorgar préstamos de dinero en efectivo con el sistema “gota a gota”, se informó que el consulado colombiano se movilizó en Corrientes.
El propio cónsul de ese país en la Argentina Jorge Villamizar Trujillo, visitó la Unidad Panal 6 de San Cayetano, donde se entrevistó con detenidos y familiares de los implicados en esta organización.
La comisión estuvo compuesta además por la asesora jurídica Valeria Baudi y la licenciada en Psicología Sonia López.
Se realizaron las entrevistas con los familiares de los detenidos y sus apoderados, para interiorizarse de cuestiones relativas al ámbito procesal y del efectivo cumplimiento de las garantías constitucionales por las que fueran convocadas estas autoridades, como ser estado de salud, derecho a comunicación, trato digno e igualdad de condiciones.
La comisión consular además de ocuparse de lo citado anteriormente, también brindó asesoramiento jurídico a los familiares de los detenidos, información muy importante para esta etapa del proceso, en la que a más de un mes de las detenciones, aún está sin resolver la cuestión de incompetencia planteada por la defensora oficial y algunos defensores particulares.

Trato degradante
A través de la reunión con los familiares se tuvo conocimiento de la vulneración de los derechos fundamentales de algunas personas detenidas, a quienes hasta la fecha, y a más de un mes de detención, se les tiene vedado el derecho de comunicación.
Consideran esta situación como violación de tratados internacionales, ya que la jurisprudencia, ante la negativa del derecho de comunicación, en distintos fallos, entiende que está violando la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, de jerarquía constitucional (art. 75, Inc. 22 CNA).
En tal sentido, las autoridades del Consulado se comprometieron y acordaron trabajar junto con los representantes legales de los detenidos.
Los defensores Mónica Méndez, Fernando Ranaletti y Ramiro Pereira, quienes fueron los principales promotores en gestionar esta visita, desde TNGoya, confirmaron que tanto el cónsul general Jorge Villamizar Trujillo, como los directivos del penal, al cual visitaron, se comprometieron a velar para que los detenidos, durante su privación de libertad y mientras estén a la espera de una pronta respuesta de la situación procesal de cada uno, sean tratados dignamente y se mantenga el respeto a los Derechos Humanos.

Caso
Semanas atrás, la Policía Federal llevó a cabo allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, aunque el epicentro de las acciones estuvo en Curuzú Cuatiá.
De esa manera se desarticuló una banda criminal colombiana que otorgaba préstamos de dinero en efectivo con el sistema “gota a gota” en una operación denominada “El Patrón”. 
Según fuentes de la investigación, ingresaban el dinero desde Brasil y tenían vinculaciones con el narcotráfico. Fueron detenidas 69 personas en más de 50 allanamientos en Entre Ríos, Corrientes y Bahía Blanca y, según la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la banda operaba con “un sistema de microlavado de activos proveniente del narcotráfico” en el que “a través de la modalidad ‘gota a gota’ blanqueaba el dinero”.
“Esta es una modalidad que se encuadra como asociación ilícita y extorsión. En algunos casos, si las víctimas no pagaban intentaban sumarlas a la banda extorsionándolas. Las personas involucradas serán expulsadas y no podrán volver a ingresar nunca más a nuestro país”, afirmó Bullrich en su momento.
Según las fuentes, el monto del flujo de dinero, en el período que duró la investigación, se calcula en 10 millones de pesos, que fueron encajados en préstamos informales, con tasa de usura del 900%, lo que quintuplica los intereses de entidades financieras o tarjetas de crédito.

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Préstamo gota a gota: cónsul de Colombia visitó a los detenidos

El funcionario se interiorizó sobre las garantías constitucionales como ser estado de salud, trato digno y comunicación. Además brindó asesoramiento jurídico tanto a los detenidos en la causa llamada “operación El Patrón” como a sus familiares. 
 

En un marco de la causa llamada “operación El Patrón”, donde detuvieron a una numerosa banda criminal colombiana acusada de  otorgar préstamos de dinero en efectivo con el sistema “gota a gota”, se informó que el consulado colombiano se movilizó en Corrientes.
El propio cónsul de ese país en la Argentina Jorge Villamizar Trujillo, visitó la Unidad Panal 6 de San Cayetano, donde se entrevistó con detenidos y familiares de los implicados en esta organización.
La comisión estuvo compuesta además por la asesora jurídica Valeria Baudi y la licenciada en Psicología Sonia López.
Se realizaron las entrevistas con los familiares de los detenidos y sus apoderados, para interiorizarse de cuestiones relativas al ámbito procesal y del efectivo cumplimiento de las garantías constitucionales por las que fueran convocadas estas autoridades, como ser estado de salud, derecho a comunicación, trato digno e igualdad de condiciones.
La comisión consular además de ocuparse de lo citado anteriormente, también brindó asesoramiento jurídico a los familiares de los detenidos, información muy importante para esta etapa del proceso, en la que a más de un mes de las detenciones, aún está sin resolver la cuestión de incompetencia planteada por la defensora oficial y algunos defensores particulares.

Trato degradante
A través de la reunión con los familiares se tuvo conocimiento de la vulneración de los derechos fundamentales de algunas personas detenidas, a quienes hasta la fecha, y a más de un mes de detención, se les tiene vedado el derecho de comunicación.
Consideran esta situación como violación de tratados internacionales, ya que la jurisprudencia, ante la negativa del derecho de comunicación, en distintos fallos, entiende que está violando la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, de jerarquía constitucional (art. 75, Inc. 22 CNA).
En tal sentido, las autoridades del Consulado se comprometieron y acordaron trabajar junto con los representantes legales de los detenidos.
Los defensores Mónica Méndez, Fernando Ranaletti y Ramiro Pereira, quienes fueron los principales promotores en gestionar esta visita, desde TNGoya, confirmaron que tanto el cónsul general Jorge Villamizar Trujillo, como los directivos del penal, al cual visitaron, se comprometieron a velar para que los detenidos, durante su privación de libertad y mientras estén a la espera de una pronta respuesta de la situación procesal de cada uno, sean tratados dignamente y se mantenga el respeto a los Derechos Humanos.

Caso
Semanas atrás, la Policía Federal llevó a cabo allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, aunque el epicentro de las acciones estuvo en Curuzú Cuatiá.
De esa manera se desarticuló una banda criminal colombiana que otorgaba préstamos de dinero en efectivo con el sistema “gota a gota” en una operación denominada “El Patrón”. 
Según fuentes de la investigación, ingresaban el dinero desde Brasil y tenían vinculaciones con el narcotráfico. Fueron detenidas 69 personas en más de 50 allanamientos en Entre Ríos, Corrientes y Bahía Blanca y, según la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la banda operaba con “un sistema de microlavado de activos proveniente del narcotráfico” en el que “a través de la modalidad ‘gota a gota’ blanqueaba el dinero”.
“Esta es una modalidad que se encuadra como asociación ilícita y extorsión. En algunos casos, si las víctimas no pagaban intentaban sumarlas a la banda extorsionándolas. Las personas involucradas serán expulsadas y no podrán volver a ingresar nunca más a nuestro país”, afirmó Bullrich en su momento.
Según las fuentes, el monto del flujo de dinero, en el período que duró la investigación, se calcula en 10 millones de pesos, que fueron encajados en préstamos informales, con tasa de usura del 900%, lo que quintuplica los intereses de entidades financieras o tarjetas de crédito.