La memoria en los papeles a 43 años del golpe
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La memoria en los papeles a 43 años del golpe

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Por Juan Manuel Laprovitta
De la Redacción

Desde 2004, un año después de las anulaciones de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la Justicia Federal en Corrientes dio los primeros pasos visibles para investigar los crímenes del terrorismo de Estado y en la provincia se concretaron nueve juicios por delitos de lesa humanidad. Se trata de un fardo jurídico que no siempre fue reparador para las víctimas, pero del cual se desprenden resultados.
A partir de la primera investigación, que concluyó en un juicio con sentencia en agosto de 2008, diversos fiscales y jueces lograron sentar en el banquillo de los acusados a 29 hombres. Todos formaron parte de la estructura del terror montada por las fuerzas conjuntas e incluyó a ex agentes civiles.
De ese grupo, 22 terminaron con condenas y 7 fueron absueltos, uno de los cuales, para ser traído ante la Justicia, fue atrapado en Venezuela en 2012, Fernando Jorge Carril.
Un repaso por las causas que tuvieron debates indica que por el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Regimiento de Infantería 9 de esta capital fueron condenados 5 represores; en la “Causa Goya”, seis; en los juicios denominados “Pata Acosta” 1 y 2 tuvieron sentencias a prisión cuatro hombres.
Por los delitos cometidos en el caso “Lossada”, de Paso de los Libres, fueron condenados tres represores; por “Ligas Agrarias” otros tres y por la desaparición de Vicente “Cacho” Ayala en esta capital fue sentenciado a prisión el ex policía Diego Ulibarrie.
El juicio más reciente se concretó en 2018 por las detenciones ilegales, torturas y la desaparición de trabajadores sindicalizados de la yerba mate y el té en la localidad de Gobernador Virasoro. Terminó impune, luego de que fuera absuelto el único procesado en llegar a debate, Héctor Torres Queirel, militar ex intendente de facto de la ciudad y dueño del campo donde fue secuestrado el cosechero Marcelo Peralta.
En la actualidad, una causa está a la espera de una fecha para la instancia de juicio oral, la denominada “Séptima Brigada”, que tiene como imputados a quienes ejercieron las máximas autoridades de la planificación represiva de Corrientes, incluido el ex gobernador de facto Ciris Dalmis Marcelo Feu.
En la provincia se estima que unos 29 sitios fueron ocupados por las fuerzas como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de personas que sufrieron las privaciones ilegítimas de su libertad.
En la Capital son 9; en Goya, 6; en Paso de los Libres, 6; en Santo Tomé, 2 y uno en Virasoro, Bella Vista, Perugorría, Santa Lucía, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros.  
Se calcula que solamente por el ex RI9 pasaron alrededor de cien personas y tras su calvario en ese centro es que surgió la primera denuncia por crímenes cometidos en Corrientes en los años de plomo, radicada en la Justicia por el ex estudiante de Arquitectura de la Unne, Carlos Achar Carlomagno.
El militante denunció su secuestro y torturas en 1987 al regresar de su exilio en Canadá.
Un estudio elaborado por los ex presos políticos Arturo Helman, Dalia Canteloro, Alberto Gómez y Rolando García, aproxima una cifra de 227 personas que sufrieron el encierro clandestino en la provincia, o bien que son correntinos y fueron secuestrados por la dictadura en otras ciudades de la Argentina -los cuales en su mayoría permanecen desaparecidos- o bien fueron asesinados por la represión o fallecieron en democracia luego de sobrevivir.
En ese número, presentado el año pasado en el libro “El Golpe de Estado en la Provincia de Corrientes” (Ediciones Al Filo), se encuentran también los casos de personas que por algún vínculo tienen descanso definitivo en este punto del país.
Del total de desaparecidos, fueron identificados los restos de 11, por exhumaciones y trabajos de cruzamiento genético desarrollados por el Equipo Argentino de Antropología Forense: Rómulo Artieda, Isabel “Lila” Soto, Julio “Bocha” Pereira, Juan Carlos Aguirre, Carlos Meza, Justo “Choni” Ibarguren, Orestes Caballero, Pantaleón Romero, Carlos Tereszecuk, Rafaela Filipazzi y Ernesto “Chango” Traverso, rosarino cuyos restos descansarán en Bella Vista por decisión de su esposa, Amelia “Meli” González.
El caso de Filipazzi es similar. Una hija suya que vive en Corrientes, Beatriz García, logró en 2016 la individualización de su madre en un sitio de detenciones clandestinas durante la dictadura en Asunción del Paraguay.
La mujer había sido víctima del Plan Cóndor al igual que su pareja, José Agustín Potenza, a quien hallaron junto a Rafaela luego de ser secuestrados en Montevideo, Uruguay, desde donde los trasladaron a la capital paraguaya.
Los juicios de lesa humanidad concretados en Corrientes tuvieron etapa instructoria en los juzgados federales 1 de la Capital, durante el paso  de Carlos Soto Dávila por ese estrado, así como el de la ciudad de Paso de los Libres, con las intervenciones de los magistrados Juan Angel Oliva, Mabel Borda y Cristina Pozzer Penzo.
El estrado ante el cual se sustanciaron los juicios fue el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta capital, a cargo de Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni, y que tuvieron como conjueces a Osiris Jantus y Carlos Navarro en el primer caso.  
En la causa por la que fue juzgado Fernando Carril, el tribunal estuvo constituido por los magistrados Eduardo Ariel Belforte, Juan Carlos Vallejos y Rubén David Oscar Quiñones, y en el conocido como “Pata Acosta 2”, los jueces del Chaco, Juan Manuel Iglesias, Ana Victoria Order y María Delfina Denogens. Es así dado que los imputados anteriormente habían sido juzgados por los titulares naturales de ese estrado.
A cargo de las investigaciones estuvieron los fiscales Germán Wiens Pinto y Flavio Ferrini, con el trabajo de la unidad de Derechos Humanos donde desarrollan su labor el fiscal Juan Martín García y la doctora Marisa Sanauria, Gabriela López Breard, Juan Marcelo Burella. Y por el ministerio público en Paso de los Libres, el ex fiscal Benito Antonio Pont.
Asimismo, en esta parte del país intervino en algunos debates el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.
Como querellantes se desempeñaron los abogados de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, Ramón Leguizamón, Diego Vigay y Hermindo González, así como por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Daniel Domínguez Henaín, Mario Bosch y Manuel Brest Enjuanes, y por la Asociación Civil Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (Medehs) de Goya, Juan Felipe Rajoy.
Un soporte estratégico en este trabajo fue la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, durante la gestión de Pablo Vassel, luego ocupada por Manuel Cuevas.
Entre otros, defendieron a los imputados los abogados Jorge Buompadre, Eduardo Sanemeterio, Carlos Meira, Víctor Ross, Hernán Vidal, Gerardo Ibáñez, así como de la Defensoría Oficial los profesionales Mirtha Pellegrini, Gonzalo Molina, Martín Gesino, Carlos Schaefer (actualmente fiscal federal), Alejandro Castelli, Enzo Di Tella y Javier Carnevali.
El trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos, de los sobrevivientes y de los familiares de quienes aún sufren las consecuencias de la dictadura en la provincia, fue clave para el desarrollo del proceso de justicia, que generó en Corrientes una nueva etapa no solo de la vida institucional, sino de la construcción colectiva de memorias. En plural, porque no hay una sola.
Esa construcción permanente es la que determina que todos los resultados sean parciales y que el único sello indeleble para los expedientes sea asumir que aún queda mucho por hacer.

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La memoria en los papeles a 43 años del golpe

Por Juan Manuel Laprovitta
De la Redacción

Desde 2004, un año después de las anulaciones de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la Justicia Federal en Corrientes dio los primeros pasos visibles para investigar los crímenes del terrorismo de Estado y en la provincia se concretaron nueve juicios por delitos de lesa humanidad. Se trata de un fardo jurídico que no siempre fue reparador para las víctimas, pero del cual se desprenden resultados.
A partir de la primera investigación, que concluyó en un juicio con sentencia en agosto de 2008, diversos fiscales y jueces lograron sentar en el banquillo de los acusados a 29 hombres. Todos formaron parte de la estructura del terror montada por las fuerzas conjuntas e incluyó a ex agentes civiles.
De ese grupo, 22 terminaron con condenas y 7 fueron absueltos, uno de los cuales, para ser traído ante la Justicia, fue atrapado en Venezuela en 2012, Fernando Jorge Carril.
Un repaso por las causas que tuvieron debates indica que por el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Regimiento de Infantería 9 de esta capital fueron condenados 5 represores; en la “Causa Goya”, seis; en los juicios denominados “Pata Acosta” 1 y 2 tuvieron sentencias a prisión cuatro hombres.
Por los delitos cometidos en el caso “Lossada”, de Paso de los Libres, fueron condenados tres represores; por “Ligas Agrarias” otros tres y por la desaparición de Vicente “Cacho” Ayala en esta capital fue sentenciado a prisión el ex policía Diego Ulibarrie.
El juicio más reciente se concretó en 2018 por las detenciones ilegales, torturas y la desaparición de trabajadores sindicalizados de la yerba mate y el té en la localidad de Gobernador Virasoro. Terminó impune, luego de que fuera absuelto el único procesado en llegar a debate, Héctor Torres Queirel, militar ex intendente de facto de la ciudad y dueño del campo donde fue secuestrado el cosechero Marcelo Peralta.
En la actualidad, una causa está a la espera de una fecha para la instancia de juicio oral, la denominada “Séptima Brigada”, que tiene como imputados a quienes ejercieron las máximas autoridades de la planificación represiva de Corrientes, incluido el ex gobernador de facto Ciris Dalmis Marcelo Feu.
En la provincia se estima que unos 29 sitios fueron ocupados por las fuerzas como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de personas que sufrieron las privaciones ilegítimas de su libertad.
En la Capital son 9; en Goya, 6; en Paso de los Libres, 6; en Santo Tomé, 2 y uno en Virasoro, Bella Vista, Perugorría, Santa Lucía, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros.  
Se calcula que solamente por el ex RI9 pasaron alrededor de cien personas y tras su calvario en ese centro es que surgió la primera denuncia por crímenes cometidos en Corrientes en los años de plomo, radicada en la Justicia por el ex estudiante de Arquitectura de la Unne, Carlos Achar Carlomagno.
El militante denunció su secuestro y torturas en 1987 al regresar de su exilio en Canadá.
Un estudio elaborado por los ex presos políticos Arturo Helman, Dalia Canteloro, Alberto Gómez y Rolando García, aproxima una cifra de 227 personas que sufrieron el encierro clandestino en la provincia, o bien que son correntinos y fueron secuestrados por la dictadura en otras ciudades de la Argentina -los cuales en su mayoría permanecen desaparecidos- o bien fueron asesinados por la represión o fallecieron en democracia luego de sobrevivir.
En ese número, presentado el año pasado en el libro “El Golpe de Estado en la Provincia de Corrientes” (Ediciones Al Filo), se encuentran también los casos de personas que por algún vínculo tienen descanso definitivo en este punto del país.
Del total de desaparecidos, fueron identificados los restos de 11, por exhumaciones y trabajos de cruzamiento genético desarrollados por el Equipo Argentino de Antropología Forense: Rómulo Artieda, Isabel “Lila” Soto, Julio “Bocha” Pereira, Juan Carlos Aguirre, Carlos Meza, Justo “Choni” Ibarguren, Orestes Caballero, Pantaleón Romero, Carlos Tereszecuk, Rafaela Filipazzi y Ernesto “Chango” Traverso, rosarino cuyos restos descansarán en Bella Vista por decisión de su esposa, Amelia “Meli” González.
El caso de Filipazzi es similar. Una hija suya que vive en Corrientes, Beatriz García, logró en 2016 la individualización de su madre en un sitio de detenciones clandestinas durante la dictadura en Asunción del Paraguay.
La mujer había sido víctima del Plan Cóndor al igual que su pareja, José Agustín Potenza, a quien hallaron junto a Rafaela luego de ser secuestrados en Montevideo, Uruguay, desde donde los trasladaron a la capital paraguaya.
Los juicios de lesa humanidad concretados en Corrientes tuvieron etapa instructoria en los juzgados federales 1 de la Capital, durante el paso  de Carlos Soto Dávila por ese estrado, así como el de la ciudad de Paso de los Libres, con las intervenciones de los magistrados Juan Angel Oliva, Mabel Borda y Cristina Pozzer Penzo.
El estrado ante el cual se sustanciaron los juicios fue el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta capital, a cargo de Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni, y que tuvieron como conjueces a Osiris Jantus y Carlos Navarro en el primer caso.  
En la causa por la que fue juzgado Fernando Carril, el tribunal estuvo constituido por los magistrados Eduardo Ariel Belforte, Juan Carlos Vallejos y Rubén David Oscar Quiñones, y en el conocido como “Pata Acosta 2”, los jueces del Chaco, Juan Manuel Iglesias, Ana Victoria Order y María Delfina Denogens. Es así dado que los imputados anteriormente habían sido juzgados por los titulares naturales de ese estrado.
A cargo de las investigaciones estuvieron los fiscales Germán Wiens Pinto y Flavio Ferrini, con el trabajo de la unidad de Derechos Humanos donde desarrollan su labor el fiscal Juan Martín García y la doctora Marisa Sanauria, Gabriela López Breard, Juan Marcelo Burella. Y por el ministerio público en Paso de los Libres, el ex fiscal Benito Antonio Pont.
Asimismo, en esta parte del país intervino en algunos debates el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.
Como querellantes se desempeñaron los abogados de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, Ramón Leguizamón, Diego Vigay y Hermindo González, así como por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Daniel Domínguez Henaín, Mario Bosch y Manuel Brest Enjuanes, y por la Asociación Civil Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (Medehs) de Goya, Juan Felipe Rajoy.
Un soporte estratégico en este trabajo fue la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, durante la gestión de Pablo Vassel, luego ocupada por Manuel Cuevas.
Entre otros, defendieron a los imputados los abogados Jorge Buompadre, Eduardo Sanemeterio, Carlos Meira, Víctor Ross, Hernán Vidal, Gerardo Ibáñez, así como de la Defensoría Oficial los profesionales Mirtha Pellegrini, Gonzalo Molina, Martín Gesino, Carlos Schaefer (actualmente fiscal federal), Alejandro Castelli, Enzo Di Tella y Javier Carnevali.
El trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos, de los sobrevivientes y de los familiares de quienes aún sufren las consecuencias de la dictadura en la provincia, fue clave para el desarrollo del proceso de justicia, que generó en Corrientes una nueva etapa no solo de la vida institucional, sino de la construcción colectiva de memorias. En plural, porque no hay una sola.
Esa construcción permanente es la que determina que todos los resultados sean parciales y que el único sello indeleble para los expedientes sea asumir que aún queda mucho por hacer.