Huelga de hambre en la Unidad Penal Nº 1: piden domiciliaria para presos en riesgo

Al menos cinco pabellones de la Unidad Penal N° 1 de Corrientes que representan a 150 internos comenzaron una huelga de hambre de manera pacífica. Exigen soluciones a sus reclamos de prisiones domiciliarias para los presos que están en grupos de riesgo en el contexto de la pandemia de coronavirus. Piden celeridad en las decisiones judiciales en torno a la alta transmisibilidad y vulnerabilidad que existe en las cárceles.

El jefe del Servicio Penitenciario de Corrientes, Rubén Romero, explicó que están atendiendo caso por caso y buscando los medios para poder colaborar. Existen pedidos en varias unidades penales pero la situación es de tranquilidad.

“En toda la provincia tenemos entre 50 y 60 personas que consideramos que forman parte de los grupos de riesgo”, detalló el funcionario. “Los pedidos mayormente son asuntos que tiene que resolver la Justicia”, agregó.

Por otra parte, los familiares también denunciaron las condiciones de hacinamiento, superpoblación y falta de higiene que existen en las cárceles.

Según recomendaciones de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la propia Cámara de Casación Penal Federal se recomienda analizar la prisión domiciliaria para detenidos de grupos de riesgo, evaluando de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”, lo que pidió al resto de la Justicia.

Esta son medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del covid-19”.

La Unidad Penal Nº 1 tiene en este momento unas 670 personas alojadas, con una sobrepoblación cercana al 40% ya que su capacidad real es de 440 personas.

Los condenados piden que el Superior Tribunal de Justicia se haga presente o encuentre mecanismos para dar respuesta a los pedidos de prisión domiciliaria y libertad anticipada que están presentando en este momento muchas de las personas afectadas.

Los familiares se han ocupado de aclarar que la medida es pacífica y apunta a generar mejores condiciones de distanciamiento social y prevención ante la pandemia, tanto para los presos como para quienes prestan servicio en las unidades penales.

La preocupación se disparó luego de saberse que un penitenciario de esa unidad penal dio positivo al test de coronavirus.

Ayer a la mañana el Comité Contra la Tortura Corrientes realizó ayer una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia. Allí expresan que “Habiendo realizado el Servicio Penitenciario un censo de los casos de mayor riesgo y en condiciones de obtener beneficios como libertad asistida, condicionales, plazo razonable, y demás medidas para descomprimir la superpoblación en las unidades penales de esta ha dado inicio a más de 50 solicitudes de las que al día de la fecha no han sido resueltas por el Juzgado de Instrucción en turno habiéndose presentado las mismas al inicio de la feria judicial. Consideramos oportuno, para ese grupo de riesgo, el análisis, caso por caso, pero de manera urgente, de las personas que están en condiciones de libertades anticipadas, privilegiando a quienes son más vulnerables al virus, a quienes están cerca del agotamiento de su pena o de la libertad condicional, priorizando a quienes responden por delitos que no impliquen afectación de la vida o de la integridad física o sexual”. (NG)