Un plan para la inseguridad

Las advertencias sobre un aumento de los delitos que hicieron actores centrales del oficialismo, como Sergio Berni y María Laura Garrigós de Rébori, obligan a exigir que se expliciten políticas para evitar un desmadre aún mayor de violencia en el conurbano bonaerense, que naturalmente se extenderá a la Ciudad de Buenos Aires.

No son voces opositoras al Gobierno las que alertan sobre un brote de criminalidad mayor del que ya asistimos y que podría agravarse una vez que la extensa cuarentena termine. Algo así ya ocurre en ciudades como Rosario, donde se retomaron algunas rutinas con un agravamiento del delito común, al que se suma el del narcotráfico. Esos mensajes alarmistas provienen del propio riñón kirchnerista o, más específicamente, cristinista. Los encarnan un impulsivo y efectista ministro de Seguridad bonaerense y la fundadora de la agrupación Justicia Legítima, actualmente interventora nada menos que en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

A ello se suma la irresponsable contribución a la inseguridad que implicó la liberación de convictos realizada so pretexto de la pandemia. Con el aval del propio Presidente de la Nación, presos por delitos comunes, violadores y asesinos se vieron beneficiados por una decisión tan arbitraria como peligrosa para la sociedad en su conjunto.

Más allá de esas advertencias lanzadas mediáticamente, quienes nos gobiernan deberían delinear un plan de seguridad de implementación inmediata que permita también ir previendo con alguna efectividad el tiempo difícil de la poscuarentena.

Un rápido repaso es útil para tomar dimensión del escenario inquietante que prevén estos funcionarios en materia de seguridad. Cuando fue oficializada como interventora en el SPF, la ex camarista Garrigós de Rébori brindó una entrevista radial en la que anticipó: “El día que salgamos de la cuarentena, es posible que tengamos un pico de delitos contra la propiedad por la situación económica. Todas las crisis a lo largo de la historia produjeron esto”, dijo la ex presidenta de Justicia Legítima, la activa agrupación judicial kirchnerista que respaldó el fracasado proyecto de “democratización de la Justicia”.

Berni también aportó lo suyo. “Se espera un aumento de los delitos a la propiedad privada por la pandemia. Negar eso es no entender la realidad”, afirmó. Y el miércoles pasado, tras su show en Puente La Noria, en el primer día del regreso a la cuarentena estricta, hizo declaraciones televisivas en las que ya no se refirió a delitos futuros, sino que marcó el actual recrudecimiento al que, con lógica preocupación, asistimos. “Por primera vez estamos deteniendo a gente que tenía su historial limpio, que comete delitos de supervivencia”, señaló públicamente. Y recalcó que esta etapa de la cuarentena no es “el último esfuerzo. Se trata -dijo- del primero de todos los esfuerzos que tenemos que hacer, porque después de la pandemia vamos a tener que poner un país de pie”.

En el conurbano, territorio que debe controlar el locuaz ministro con la Policía bonaerense, la situación es muy grave. En los primeros 21 días de junio ya se habían registrado 40 homicidios en la provincia de Buenos Aires, 26 de los cuales tuvieron lugar en distritos del conurbano, con Merlo y Moreno como escenarios principales, según dimos cuenta desde nuestras páginas.

La sobreabundancia de armas en manos de particulares es, precisamente, uno de los mayores problemas. La toma de terrenos, delito frecuente en algunos puntos del conurbano, también resulta particularmente sensible para los jefes comunales. En La Matanza y en José C. Paz se registraron intentos de usurpación el mes pasado.

Los funcionarios tienen la obligación de preparar anticipadamente un plan para enfrentar el violento futuro que en materia de seguridad ellos mismos vislumbran.

 Cuando no van acompañados de un plan concreto de acción, los discursos tremendistas solo suman preocupación a una población angustiada, cansada y deseosa de poder volver a salir a la calle sin arriesgar su vida. 

Es así que urge establecer frenos y acciones para contener ya mismo el agravamiento del delito. 

La planificación en este terreno es impostergable y la ciudadanía aguarda de sus gobernantes que actúen con la responsabilidad y seriedad que la situación demanda.

No hay espacio ni tiempo para especulaciones políticas, ya que cualquier desmadre en este delicado terreno abrirá un camino de difícil retorno.