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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Enfocar el esfuerzo hacia el bien común de los correntinos

Por Luis Mario Zvedeñiuk

Exfiscal de Estado, ministro 

secretario general de la 

Gobernación, y presidente del Banco de Corrientes SA.

Nuestra querida provincia se halla sumida en una profunda crisis económica, como correlato natural del calamitoso estado de las cosas a nivel nacional y mundial, provocado por las acciones adoptadas para enfrentar la pandemia por todos conocida.

Es indudable que este evento dañoso no tiene parangón con ningún otro anterior que hayamos sufrido, y así como se han adoptado medidas extraordinarias para mitigar sus alcances en el presente, nos obliga a reformular a futuro muchas de las acciones que antes preveíamos para el natural desarrollo de nuestra existencia.

El verdadero desastre causado a nuestra economía ha provocado una fenomenal caída de la actividad productiva, industrial, comercial y de servicios, destruyendo la cadena de generación de recursos genuinos y aniquilando miles de puestos de trabajo, insostenibles por la falta de ingresos activos.

El Gobierno nacional y sus correlativos provinciales han adoptado medidas extraordinarias en defensas sanitarias como de apoyo a nuestros conciudadanos, para tratar de sostener un mínimo ingreso que les permita subsistir. Se han suspendido asimismo garantías constitucionales inalienables como la libertad de tránsito y reunión y muchas otras, con el consenso tácito de los ciudadanos, y aun con focos de resistencia, ante las naturales pérdidas provocadas por la falta de actividad productiva.

En este contexto se han suspendido también todas las tareas no esenciales del sector público, limitándose la ejecución de programas y proyectos, y postergándose la ejecución de tareas tan importantes como el Censo Nacional de Población, evento de trascendencia para la planificación de un país que requiere para realizar cosas consistentes en el tiempo, de radiografías precisas de la realidad, tanto humanas como económicas y que en la actualidad se carecen, prueba de ello es que en cada relevamiento y actividad sanitaria producto de la pandemia, los funcionarios y dirigentes se sorprenden con los cambios que se evidencian en el tejido social, tornando ineficaces los planes previstos.

Ante estas circunstancias y la realidad que este estado de cosas se prolongara en el tiempo, y especialmente que llevará más de un año la progresiva normalización de la vida cotidiana, con recuperaciones más o menos inminentes según la actividad que se trate, y muchas de ellas que no volverán al estado anterior, se vislumbra un ruinoso porvenir de todo el sector económico privado, único motor genuino del desarrollo de un país.

Tampoco es dable esperar por la magnitud de la pandemia, que se vuelquen en lo inmediato inversiones extranjeras, o que los propios nacionales y comprovincianos puedan disponer de excedentes para ampliar sus capacidades, ante lo erosivo del fenómeno que enfrentamos.

Todos tenemos en claro que la actividad administrativa, el dictado de leyes o resoluciones y ordenanzas, no generan riqueza genuina. Es por ello que esta debe limitarse a mantener los mínimos recursos que permitan una ordenada y austera administración de los escasos bienes, como sabiamente reza en la Constitución Provincial.

Estas evidencias de la realidad social inocultable exige generar pensamientos que concluyan en propuestas conducentes al uso racional y óptimo de las capacidades que disponemos, evitando dilapidar recursos valiosos e insustituibles, así como distraer el tiempo en actividades inútiles para la reparación del profundo daño consumado.

Debido a la falta de coincidencia de los procesos electorales nacionales y de nuestra provincia, en los próximos meses, en un estado normal de cosas, deberíamos ingresar a un proceso institucional de renovación de autoridades.

Anticipándose a este devenir, la ciudadanía debe irrenunciablemente propiciar, independientemente de los intereses de la clase política que conforman los partidos, que teniéndose presente la calamidad pública en que estamos sumergidos se pospongan todos los procesos electorales provinciales y municipales, hasta su coincidencia temporal con los llamados nacionales, ya que este es el tiempo razonable que requerirá un mínimo ordenamiento y reorganización de las actividades humanas, y la vida misma.

No resulta razonable dar inicio al proceso formal preelectoral, que conlleva un ingente esfuerzo operativo y logístico y, sobre todo, económico, en este profundo estado de conmoción social.

Hay que valorar anticipada y genuinamente, como dice hacerlo la conducción política, que primero es la ciudadanía y la realización de las necesidades humanas.

Es por ello que, teniendo presente las previsiones de la Constitución Provincial, taxativamente considerado en su Artículo 81° - Estado de conmoción y calamidad pública, y 118°, incisos 22 y 29, así como las disposiciones de los artículos 3°, 28°, 31° y concordantes, propongo a los ciudadanos y autoridades en ejercicio se concreten las acciones pertinentes para no realizar las próximas elecciones provinciales, disponiendo la prórroga de los mandatos vigentes hasta la concurrencia con las elecciones nacionales.

Esta propuesta seguramente necesitará del más amplio consenso público y es urgente que nos manifestemos en tal sentido para evitar la pérdida de ingresos, así como la distracción de recursos y actividades valiosísimos para afrontar la reconstrucción de nuestra vida cotidiana.

Esto debe ser acompañado con medidas de cumplimiento irrestricto en lo que hace a la inmovilización de cargos públicos en todas las esferas de gobierno, especialmente en las plantas de personal no esencial, y la eliminación de gastos superfluos durante este período de prórroga, elaborándose un presupuesto en base a recursos garantizados que permitirá la asignación más eficaz de los fondos públicos, propiciando la restauración de la actividad productiva y cotidiana en todas sus formas.

Es tiempo de pensar en la recuperación de la vida y de nuestro acervo provincial.

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