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/Ellitoral.com.ar/ Ciudad

Qué pidieron los defensores de los imputados por la fiesta clandestina

Si bien los tres acusados de organizar el evento se negaron a declarar, uno de ellos (el propietario del terreno) asegura que no tuvo “nada que ver con la fiesta”. Todavía falta localizar a 73 personas para que se presenten a indagatorias. 

El Poder Judicial de Corrientes informó acerca de la continuidad de la causa del evento masivo que se desarrolló a principios de mes en un terreno cercano a la Laguna Soto. A la par de las declaraciones indagatorias los abogados defensores solicitaron al menos tres alternativas para la conclusión del proceso judicial.  

Hasta el jueves pasado se presentaron a declarar, mediante videollamadas, 230 personas de las 303 que fueron imputadas. Restan aún 73 declaraciones de asistentes a la fiesta ilegal: se trata de personas que estaban citadas y no se presentaron, o no pudieron ser localizadas porque proporcionaron datos incorrectos.

Del total que ya prestó declaración indagatoria, un grupo solicitó la aplicación de una salida alternativa al conflicto social, por aplicación del artículo 59 del Código Penal Argentino, que en su inciso 6 establece que la acción judicial se extinguirá si los acusados realizan una reparación integral del perjuicio. Esta oferta se realizó bajo el asesoramiento de la Defensa Oficial Nº 3.  En este sentido, algunos imputados comentaron a El Litoral que se trataría del pago del equivalente a dos hisopados, valuados actualmente en $5.390 cada uno.

Otro grupo de imputados, con defensa particular, peticiona la suspensión de juicio a prueba prevista en el artículo 76 bis del Código Penal. En este caso el juzgado determinará, por ejemplo, tareas comunitarias para los involucrados de la causa y suspenderá la realización del juicio hasta que se produzca la reparación del daño en la medida de lo posible.

Un tercer grupo presentó planteos de nulidad e inconstitucionalidad. Tal como adelantó El Litoral en su edición del sábado pasado, este estudio jurídico planteó que la acusación a sus defendidos es inválida.

Organizadores

La titular del Juzgado Correccional N° 2, María Cristina Sánchez, informó que los tres supuestos organizadores hicieron uso de su derecho de abstenerse de declarar. Mientras, aguardan la pericia informática de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) que está analizando las computadoras utilizadas por los supuestos organizadores, de modo de establecer las identidades restantes. Estos dispositivos fueron secuestrados de un edificio de la calle Guido Spano, en el barrio Bañado Norte.

Se trata del domicilio de Esteban Valsecia, acusado como el propietario del terreno donde se desarrolló el evento. “Está en la misma situación que los demás imputados, por ahora”, explicó su abogado a El Litoral, y agregó que “fue la única persona a la que allanaron el domicilio y les sacaron computadoras y celulares, y no encontraron nada con respecto a la fiesta, porque él no tuvo nada que ver con la organización”. 

El defensor también detalló que las pruebas que la Fiscalía tiene en contra de Valsecia son tres declaraciones. 

(IB)

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