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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Socavar la Justicia

Una decisión unilateral de los miembros kirchneristas de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal para poner en práctica algunas normas podría beneficiar a personas investigadas por corrupción; la Anses comenzó a presionar a jueces para que se jubilen y un consejero alineado con el oficialismo quedó al frente del Consejo de la Magistratura.

Numerosos especialistas, medios de prensa independientes locales e incluso del exterior del país, al igual que diversas instituciones, elevaron sus voces de condena, pero es necesario ahondar en la dimensión penal de tales acciones. Es importante insistir en ello no sólo para determinar la entidad de los delitos y las faltas que implican, sino para discernir si no estamos frente a un golpe de Estado cívico, de los que hoy están de moda, con el antecedente del intento de asalto al Capitolio.

Hay quienes ven como natural y hasta comprensible lo que está haciendo la vicepresidenta; otros colaboran más activamente con su propósito, sin advertir que pueden ser cómplices de un delito. Algunos ni siquiera reparan en que, por su condición de abogados, si estuviéramos en un país más serio, podrían ser sancionados gravemente por más que aleguen ignorancia sobre las más elementales reglas de conducta profesional, lo que quizás sea cierto.

También hay quienes, por obsecuencia, insultan aún más fuerte que su jefa. Y otros que ignoran graves problemas éticos derivados de su posición: son los jueces “militantes”, que ponen sus cargos al servicio de la causa sin advertir cómo degradan las magistraturas que los invisten. Un juez que milita deja de ser juez. Como sucede con el caso de Eugenio Zaffaroni, exministro de la Corte Suprema y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay barbijo que filtre sus demasías, considerándose más allá del bien y del mal, pese a haber sido suspendido en una oportunidad por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Un párrafo especial merece la actitud del Instituto Patria, que obra como usina de pensamiento, estrategia, diagramación y concreción de aquellas acciones, creado por la vicepresidenta de la Nación con recursos opacos, imposibles de financiar con cuotas sociales.

Cabe recordar que, en 2019, fue detenido un empleado de ese instituto por haber robado cerca de 100.000 dólares que estaban ocultos en la referida entidad.

En tanto, una investigación promovida por la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Juntos por el Cambio respecto de la financiación del Instituto Patria fue desistida por el actual titular del organismo, Ricardo Nissen, apoderado de los hijos de Cristina Kirchner, en Hotesur SA. Al no interesarle ya a la IGJ seguir adelante con esa causa, la Corte se vio obligada a cerrarla.

Desde estas columnas hemos criticado que Cristina Kirchner insista en denunciar una supuesta “mesa judicial” durante la gestión de Macri para coordinar una persecución en contra de ella y sus exfuncionarios, al tiempo que la vicepresidenta promueve y sostiene aquella estructura “Patria” que, sin ser un bufete legal, colabora con todos los medios a su alcance para salvar a los corruptos.

Queda claro que, si al comienzo de la actual gestión, Cristina Kirchner intentó disimular su interés por cooptar a la Justicia, en los últimos meses ya lo expresa en forma desembozada y hasta alardea de sus intervenciones. A la fecha, no quedan dudas respecto de quién es la cabeza máxima que dirige tales operaciones.

Llama la atención que no oponga resistencia, por ejemplo, el sector de Roberto Lavagna, en el que ahora milita Graciela Camaño, una dirigente que solía ser muy criteriosa, pero que facilitó con su voto en el Consejo de la Magistratura la revisión de los traslados de varios jueces, decisiones que habían sido tomadas por el gobierno anterior. Y qué puede decirse de otros sectores como el sindical de Hugo Moyano, actuando siempre en complicidad con el poder. Todo ello frente al silencio de muchos gobernadores al que ese mismo poder cobija y sostiene por intereses mutuos.

Abundan reproches éticos, faltas administrativas, delitos del Código Penal y contra la Constitución. 

Socavar la Justicia como se está haciendo colisiona directamente con el llamado de nuestros constituyentes a afianzarla. 

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