Con Horacio Rosatti como nuevo presidente, la Corte Suprema de Justicia tiene pendientes de resolución un listado de expedientes de alto voltaje político. Uno de ellos tiene que ver con el cuestionamiento de Cristina Kirchner al juicio en el que se la acusa de favorecer con obra pública al empresario santracruceño Lázaro Báez, la pulseada por los fondos de la coparticipación que mantiene la Casa Rosada con la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta, y el conflicto por la conformación del Consejo de la Magistratura.
También adeuda una definición sobre importantes causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, como Circuito Camps, Plan Cóndor y Campo de Mayo.
La causa de la vicepresidenta y la obra pública es tal vez la más caliente que tiene la Corte en sus manos y que es probable que la trate antes de fin de año. Se trata del juicio conocido como Vialidad Nacional, en el que es acusada de favorecer al empresario santacruceño Lázaro Báez con contratos de obra pública.
Más allá de su defensa en el juicio, Cristina Kirchner planteó nueve recursos ante la Corte en los que cuestiona distintos aspectos del proceso. Pidió, por ejemplo, desde una ampliación de los peritajes a todas las obras públicas y no solo a una muestra de ellas, para analizar sobreprecios. También planteó que ya fue sobreseída por esta acusación o reclamó que no puede ser juzgada al mismo tiempo por integrar varias asociaciones ilícitas. La Corte podría analizar estos planteos para dar certidumbre sobre el futuro del juicio, ya sea para declararlo nulo o para rechazar los cuestionamientos de la vicepresidenta.
(HM)
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