Un informe oficial que reveló que 250.000 planes sociales iban a personas que no los necesitaban constituye ni más ni menos que la confirmación de una tan vieja como lamentable sospecha: la corrupción en el manejo, distribución y destino del dinero de los contribuyentes. Este caso apenas representa la punta de un gigantesco ovillo.
Ponerlo en cifras, sin dudas, permite dimensionar la proporción del escándalo. Del análisis de 1.383.270 beneficiarios de planes sociales se verificó que un cuarto de millón presentaba gruesas incompatibilidades. Se detectó, por ejemplo, que, mientras recibían la asignación estatal, cobraban ingresos superiores a dos veces el importe del salario mínimo, vital y móvil; realizaban consumos o gastos con tarjetas de crédito o débito también por encima de esos valores o adquirían divisa extranjera; que habían presentado declaraciones juradas de Bienes Personales; eran propietarios de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave; dueños de establecimientos comerciales o de explotaciones agrícolas; jubilados o pensionados. Como si no fuera sumamente grave la estafa al Estado, también se demostró que un porcentaje de los beneficiarios que percibían el subsidio eran personas que ya habían fallecido.
Si se tiene en cuenta que, según datos del año último, el 55 % de los habitantes del país estuvo alcanzado por alguna cobertura de programas sociales de transferencia de ingresos y asistencia alimentaria y que la falta de transparencia general de esa operatoria ha sido siempre un grito a voces, no es difícil imaginar que el daño económico a las arcas públicas es todavía muchísimo mayor.
Resulta indignante el resultado del abuso ejercido por ese cuarto de millón de personas detectado ahora por un relevamiento realizado por la Afip a pedido del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ayer, la titular de la cartera anunció que los darán de baja. Pero no deberíamos olvidarnos de otros estudios previos que ya venían dando señales claras y contundentes de semejante estafa consentida entre oferentes y receptores de la ayuda y perdonada por el grueso de la dirigencia política a lo largo de las décadas durante las que se hizo la vista gorda.
Sin ir más lejos, en 2021, una investigación periodística daba cuenta de que el 83 % de la población de nivel socioeconómico muy bajo tenía asistencia alimentaria al igual que el 68,3 % del nivel bajo, dos estratos sociales en caída libre con necesidades indiscutibles. Lo vergonzoso era que el 11,8 % de la población de nivel socioeconómico medio alto también recibía alimentos o dinero para comprarlos.
Aquel informe se completaba con una detallada superposición de beneficios a la que terminaban accediendo muchísimas personas. La mayoría de los 22 millones de habitantes del país que recibía un programa alimentario, ejemplificaba aquel artículo, percibía otros montos como la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese hogar podría haber, además, un Plan Potenciar Trabajo y sumar un Plan Progresar.
Si la familia beneficiaria contaba con hijos menores de seis años también podía acceder a la Tarjeta Alimentar y estar anotada en el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y eso, sin contar el resto de los planes de asistencia nacionales, provinciales y municipales de distinto nombre, pero con objetivos similares que terminan yuxtapuestos.
Hay demasiadas aristas que atender e infinidad de nudos que desatar en esta vil trama que combina de manera nefasta las necesidades vitales de una parte importante de la población con los intereses mezquinos de muchos de quienes se presentan como solución, pero terminan agravando los problemas.
El sistema de dádivas empobrece tanto a las personas que las reciben como la propia miseria. Les resta dignidad y les coarta la posibilidad de salir del pozo en el que el propio Estado las ha arrojado a fuerza de políticas erradas. No será tarea fácil, pero es hora ya de empezar a revertir tantos años de clientelismo, corrupción y decadencia.
