Sobreseyeron a una escribana juzgada por estafa y falsificación de documentos

La escribana Beatriz Hilda Amaro fue sobreseída en un juicio donde se la acusaba de estafa y falsificación de documento público y uso del documento público falso.

El debate se realizó en el Tribunal Oral Penal N2 de Corrientes.

La escribana, de Saladas, ya no ejerce como profesional ya que en el 2006 el Colegio de Escribanos de Corrientes le suspendió la matrícula y en el 2011 se la revocaron.

El primer caso por el que fue juzgada se produjo en el 2014 y la supuesta víctima fue Albino Cabral, un hombre de condiciones humildes y que incluso vivía en situación de calle.

De acuerdo con la pesquisa, Amaro decidió ayudarlo y hasta le permitió vivir en su casa en un acto de caridad. El hombre le había informado que tenía unos terrenos en la zona de la Eragia que podía vender para pagarle por la atención y otros trámites realizados y con el resto del dinero iba a realizar una inversión.

Fue así que concurrieron juntos a una escribanía de la localidad de Bella Vista donde se le otorgó un poder especial a Amaro con el fin de que pudiera comercializar esas propiedades.

La víctima contó que la operación de venta se realizó, pero que nunca le dieron su dinero. Además afirmó que tampoco firmó un poder especial, sino que él le había solicitado que le tramitara la jubilación ya que la acusada también es abogada.

En esa causa el Tribunal le dictó el sobreseimiento por falta de pruebas.

El otro hecho se produjo en diciembre de 2003 y la víctima fue José Antonio Godoy, quien denunció que se apropiaron de un terreno propiedad de su familia en la localidad de Saladas. 

Explicó que una persona de apellido Gatti había comercializado la propiedad con un poder especial otorgado por la escribana Amaro con la firma y su consentimiento, pero él aseguró que nunca firmó esa documentación.

En los peritajes realizados por los profesionales de la Justicia, se pudo determinar que no había falsificación de la firma.

Gatti en se declaración, afirmó que Godoy lo había contactado para otorgarle el poder especial para comercializar la propiedad.

Tiempo después, cuando se realiza la sucesión de todos los terrenos de la familia Godoy, se descubre que una de las propiedades ya había sido vendida por Gatti. El hecho desencadenó un escándalo familiar y José Godoy decició  recurrir a la Justicia.

En el debate, el fiscal Gustavo Schmitt solicitó una pena de tres años de prisión en suspenso.

El Tribunal deliberó y, finalmente, decidió dictar la absolución por insuficiencia probatoria.           

     (NG)