Tractorazo, Capusotto y Kant

El viejo Zetor modelo 1952 bajó del tráiler que lo condujo desde el norte chaqueño y se encontró rodeado por la jungla de cemento. En plena Costanera Norte, el tractor que desde hace 70 años cumple labores de labranza en El Impenetrable acababa de ser “trasplantado” a un hábitat contra natura, en una síntesis de lo que el productor argentino tipo siente cada vez que un gobierno de raigambre popular (o populista, como se prefiera) aplica medidas a favor de los desclasados que, sin tierras, sin oportunidades y sin horizontes, recurren al mismo método de tomar calles o espacios públicos para demandar atención del mandatario de turno.

El nuevo impuesto a la renta inesperada, que no es otra cosa que un aggiornamiento de lo que en pandemia fue el impuesto a la riqueza, colmó la paciencia de los chacareros que se desloman en los surcos y potreros para generar la que quizás sea la única fuente de riqueza inagotable de un país que se construyó desde sus cimientos a través de la actividad primaria. Dice el Gobierno Nacional que ganaron mucho más de lo previsto y que corresponde una medida equiparadora por medio de la cual se transfieran recursos desde donde, supuestamente, sobran, hacia los sectores hundidos en la pobreza.

Tiene lógica si la Argentina fuera un país de equilibrios. Pero no lo es. Es un país de extremos, donde abundan las divisiones y perduran las grietas entre unitarios y federales, peronistas y antiperonistas, burgueses y peones. Por ende, las chapuzas impositivas ensayadas para contener a los devastados por el monstruo inflacionario se convierten instantáneamente en quimeras inoculadas por la infertilidad, burdos intentos de abrigar a los menos favorecidos con una frazada tan corta que el más mínimo movimiento desata un caos en cualquier otro ángulo de la geografía socioeconómica.

En este caso, crear un nuevo impuesto para sostener un plan de asistencia de coyuntura, bajo la forma de bonos de emergencia destinados a desocupados, pasivos y monotributistas de categoría mínima, no soluciona problemas de fondo sino todo lo contrario. El paliativo es momentáneo, aplica una curita a la hemorragia que disuelve el poder adquisitivo de los asalariados y al mismo tiempo sobrecarga con nuevas exigencias al motor productivo que genera alimentos, granos y bienes de exportación para un país quebrado.

Pero ese no es el problema más grave. Podríamos decir que frente al dilema económico de repartir lo escaso, falta algo esencial, indispensable para llevar adelante cualquier gestión de gobierno, de izquierda a derecha, de despotismo a ilustración, de viejas a nuevas ideas. El punto es que la Armada Brancaleone dirigida por el “albertofernandismo” (a estos extremos hay que separar aguas en la dupla gobernante Fernández-Fernández) no tiene legitimidad, pues ha perdido el consenso originario que la condujo al poder.

El actual gobierno cumple mandato constitucional sin avales fácticos, únicamente sostenido por la letra fría de la ley. En otras palabras, estamos ante una administración cuya pretensión es aplicar una redistribución coactiva de la riqueza sin la virtud inmanente a la autoridad entendida como la representación democrática elegida por la ciudadanía. ¿Cuál es ese atributo faltante? Se llama autoridad moral, aptitud ausente en la línea de conducta de un presidente condicionado por un embrollo interno que descuartizó el esquema de gestión teorizado en la campaña de 2019 para corregir un rumbo económico que en ese momento era visto como el acabóse.

Según la concepción amplia e histórica de la moral, se trata de un valor supremo, situado por encima de los réditos que cualquier persona puede esperar como resultado de su buen obrar. Es decir, lo que en el siglo XVIII fue definido por el pensador Immanuel Kant como un imperativo categórico cuya respuesta ulterior no se traduce en sentimientos de felicidad, satisfacción o deber realizado, sino como el simple cumplimiento de aquello que debe ser, por el solo hecho de ser lo correcto, sin importar los costos que deba afrontar quien actúa conforme principios íntimos, emancipado de dogmas, ataduras ideológicas y expectativas tanto materiales como inmateriales.

La utopía kantiana se mantiene vigente como una línea directriz de las conductas humanas más virtuosas. Y aunque inalcanzable en el plano de la naturaleza subjetiva de hombres y mujeres, representa un mojón orientador en la configuración de normas éticas que elevan la condición de los gobernantes a un plano lo más cercano posible al ideal de los principios inalienables de igualdad, equidad y unidad nacional.

Pero seamos francos. Partamos de la base de que todo político toma decisiones en pos de un rédito personal que resulta indivisible de la derivación general de sus acciones en el cargo para el que ha sido elegido. Por caso, el legislador que con denuedo impulsa (hasta lograr sanción definitiva) una ley que significará el bienestar de los jubilados (supongamos una nueva alícuota de cálculo salarial), persigue la doble finalidad de cumplir con su mandato de mejorar la calidad de vida de sus representados y afianzar su imagen pública a fin de ser votado en las próximas elecciones.

Sin caer en idealizaciones románticas, toleramos como parte de la normalidad el hecho de que un funcionario se haga merecedor de la consideración pública ante el acierto de sus decisiones, siempre que transite por los límites de la prudencia. Esto es: en la medida que alcanza objetivos personales para afianzarse en su carrera hacia determinado puesto electivo, respeta las normas morales que encuadran a los ciudadanos como sujetos destinatarios de sus actos de gobierno y no como objetos para escalar posiciones estamentarias en el gallinero de la burocracia carguista.

El problema es que Alberto Fernández ejerce el poder encomendado por sus mandantes en el extremo del utilitarismo. Ni siquiera se refugia en una doctrina determinada. A veces crítico, en otras ocasiones revolucionario, luego conservador, más tarde dialoguista y así, como una perinola de mil caras en la que siempre aplica la medida que le resulta más útil a objetivos de cortísimo plazo, porque reniega de los costos políticos que debería soportar en caso de tomar decisiones de fondo como podrían haber sido expropiar Vicentín, declarar el default, romper con Cristina o echar a los funcionarios de La Cámpora.

La eterna tibieza del presidente, a media agua entre el macho alfa que prepotea al surfer anticuarentena y el buenudo contemporizador de “Padre Progresista” (famoso sketch en el que Capusotto acepta la rebeldía del hijo hippie para luego darse un tiro en la entrepierna), funge como una desautorización automática. 

El tractorazo de ayer, en la Plaza de Mayo, puede que haya tenido muchos condimentos ideológicos y políticos, al punto de que el presidenciable Rodríguez Larreta se acercó a confraternizar con los productores, pero halla una justificación irrebatible en el amateurismo político del jefe de Estado, capaz de abrazarse tanto con Putin como con Zelensky, según resulte más oportuno a su necesidad imperiosa de alcanzar la aprobación pública instantánea.

Claro está que consigue todo lo contrario, pues lo que el elector valora al final del camino es la autenticidad de un gobernante que, aun con sus errores, persiste en sus convicciones más íntimas, asumiendo el rol histórico del tiempo en el que le tocó desempeñarse. Próceres como Rosas, Sarmiento y Roca pasaron a la posteridad siendo tan apreciados como odiados, pero no como figuras difusas, pendulares o diletantes. Alberto Fernández podría terminar, en cambio, como émulo Groucho cuando dijo “estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros”.