Con 103 homicidios vinculados al narcotráfico en lo que va del año, sicarios, amenazas y una grave situación que desborda la respuesta del Estado, Rosario es la sede de un encuentro histórico que ayer reunió al Poder Judicial. Después de las palabras de los organizadores, integrantes de la Asociación de Jueces Federal (Ajufe), se escuchó en el auditorio de la Universidad local a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y titular del Consejo de la Magistratura.
Reclamó “decisión política” para combatir al narcotráfico y que se cubran los cargos vacantes de la justicia federal “eso es vocación política también”.
En medio de la tensión del Gobierno con el Poder Judicial, la fotografía inaugural mostró a todos los ministros de la Corte Suprema junto a 122 jueces federales, y al Procurador General, Eduardo Casal. Bajo el lema “El juzgamiento del narcotráfico”, todos se reunieron en Rosario, una ciudad asediada por crimen organizado, para reclamar políticas de Estado para combatir al narco.
Después de las palabras inaugurales de los representantes de Ajufe, entre ellos el juez Ariel Lijo, el presidente de la Corte habló ante más de cien magistrados y funcionarios judiciales de todo el país, que coincidieron en plantear que el de este jueves es un evento sin precedente y un mensaje de unidad de todo el Poder Judicial ante una crítica constante por parte del Gobierno.
El discurso de Rosatti duró cerca de veinte minutos, con un fuerte eje en la unidad de la Justicia y un reclamo hacia del Poder Ejecutivo: “Para enfrentar al narcotráfico con eficacia hay que hablar de la necesaria decisión política para enfrentarlo, de la existencia de un Estado cohesionado con recursos inteligentemente utilizados y una sociedad comprometida”, remarcó.
Luego, agregó: “Reclamamos también la cobertura de las vacantes existentes con los magistrados más idóneos y comprometidos con los valores democráticos y con la defensa de la sociedad frente a las distintas manifestaciones del crimen organizado. No se puede proclamar que se quiere combatir la delincuencia y demorar la designación de jueces”.
El destinatario del mensaje, era claro. Entre el Gobierno nacional que conduce Alberto Fernández y el Senado que maneja Cristina Kirchner, bloquean el nombramiento de casi cien jueces ya seleccionados. Aquí se incluyen vacantes clave en zonas copadas por el narcotráfico.
Rosario y Santa Fe cuentan con un 36% de sus cargos federales sin cubrir. La mitad de esos concursos concluyeron y se encuentran a disposición del Poder Ejecutivo nacional a la espera de que remita los pliegos al Senado. “Eso también es vocación política. Nos piden que luchemos contra el narcotráfico, pero no avanzan en la cobertura de los cargos”, señaló Rosatti. No obstante, el magistrado también hizo planteos con los que intentó correrse de la lectura política del encuentro.
(JML)
