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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Tiempo de descuento

“No hay ninguna razón técnica ni política que pueda sustentar este proyecto desopilante que busca poner la Corte Suprema de Justicia en manos de los gobernadores peronistas”.

Martín Lousteau

En su locura asesina, Sabag Montiel no imaginó que su intento de magnicidio contra Cristina Kirchner pondría en marcha un conjunto de estrategias políticas e institucionales como parte de un master plan que paulatinamente se iba deshojando de fracaso en fracaso.

Lejos quedaba el operativo “puf” con que se intentó confundir y amedrentar a fiscales, periodistas y políticos opositores, a través de un proceso judicial llevado adelante por el juez kirchnerista Ramos Padilla.

La mentada teoría del “lawfare”, creación libre de la usina cristinista, que la exhibía como perseguida judicial por razones políticas, a pesar de que consiguió apoyos importantes como el de Jorge Bergoglio, fue perdiendo fuerza entre los pliegues de la retórica.

El mecanismo del Consejo de la Magistratura, órgano de elección de jueces, que se había modificado con la “ley Cristina” de 2006 y permitiera preeminencia del ala política en su composición, terminó por ser desarmado a través de su declaración de inconstitucionalidad.

Con la elección de 2021, la pérdida para el oficialismo de las cómodas mayorías legislativas, especialmente en Diputados, trastocó los planes iniciales y obligó al recálculo de las estrategias para alcanzar el objetivo principal del gobierno a partir de 2019: lograr la impunidad para Cristina.

A pesar de que consiguió sobreseimientos en algunas causas sin ir a juicio oral, las mismas se encuentran en instancia de revisión y tendrán como destino final los estrados de la Corte Suprema, un ámbito que el oficialismo considera inamistoso.

Los discursos incendiarios, las movilizaciones, las amenazas contra los fiscales a cargo de las causas, las misas partidarias por la paz parecen no mover un pelo a los jueces que llevan adelante el juicio oral en la causa “Vialidad”.

El indulto presidencial fue descartado por ahora, porque significaría reconocer la eventual condena. Pero, además, difícilmente los tiempos alcancen, porque para que haya el perdón de Alberto debe existir sentencia firme, lo que no se alcanzaría en el año y tres meses que le restan de mandato, salvo que se deje pasar el tiempo sin apelar.

Sin embargo, un suceso dramático e impensado, vino a poner blanco sobre negro la situación del oficialismo y obligó a los estrategas a apurar caminos hasta ahora relegados.

Antes del intento de asesinato contra la vicepresidenta todavía se soñaba con una recuperación electoral para 2023 con Cristina como candidata. El operativo clamor estaba en marcha y ella, con tino calculador, todavía no se pronunciaba sobre su candidatura.

Una especie de “rebelión camporista” se estableció en la esquina de Juncal y Uruguay, sirviéndole a la habitante del inmueble para rechazar la protección de la policía de la ciudad y sentirse aclamada diariamente por los suyos y protegida por la policía federal.

Un ignoto y torpe Sabag Montiel, una logística mínima para cometer el magnicidio, puso patas para arriba la lógica gubernamental, demostrando la irresponsabilidad en el manejo de la seguridad de una alta autoridad de la nación y la improcedencia de la guardia pretoriana de sus acólitos.

Pero, además de las consecuencias policiales y penales del lamentable suceso, disipadas la tormenta que generó el atentado, el insólito feriado decretado por el Gobierno nacional, la movilización en parque Lezama y la misa en Luján, el escenario se iluminó con la fuerza del neón dejando traslucir la indigencia política en que se encuentra el oficialismo para 2023.

En efecto, con la secreta esperanza de que el conmocionante suceso se tradujera en una avalancha de simpatía hacia la víctima, resultó una prueba contundente que en la Argentina la suerte electoral está echada, salvo que medie una torpeza muy grande de la oposición.

En efecto, una semana después del ataque de Sabag Montiel, no se produjo la cadena de simpatía hacia la figura vicepresidencial que esperaban, la opinión negativa se mantuvo por encima de un 70 %, como antes del mismo. Es decir que el repudiable hecho obró como una impensada demostración que en nuestro país los dados están tirados, o casi.

De tal modo, resultó necesario recalcular la prioridad de los caminos elegidos para alcanzar el objetivo del salvataje judicial de Cristina, y, como podía presumirse, se volvió al campo legislativo con los proyectos de aumentar los miembros de la Corte, de modo tal de diluir la posición de los actuales cortesanos.

El Gobierno tiene un gran “poder de convencimiento” para negociar. No le fue difícil, entonces, cambiar el sentido de los votos del puntano Adolfo Rodríguez Saá, el rionegrino Alberto Weretilneck, la exopositora riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana. Se pasó de 25 miembros propuestos por los gobernadores, a uno de 15 miembros. Listo el pollo, suficiente para el operativo “dilución”. Media sanción.

Pero Cristina no ignora que el camino elegido, aun cuando por ahora es el único posible, está lleno de acechanzas. En Diputados no la tendrá fácil, y aun cuando supere ese obstáculo, todavía le queda un largo tránsito hacia sus objetivos.

Aunque se lograra la sanción de la ley, lo que se consigue con mayoría simple como cualquier ley, las designación para llenar las vacantes en el alto tribunal, conforme la Constitución nacional, suponen el acuerdo senatorial por el dos tercios de sus miembros, número por ahora imposible de alcanzar para el oficialismo.

Si entrara en vigor la ley de una Corte de 15 miembros, a partir de su vigencia las mayorías cambian, por lo que, si no se designan los nuevos miembros, debería integrarse el tribunal con conjueces. La lista de conjueces es constituida por decreto del Poder Ejecutivo, de manera tal que es Alberto quién tendrá la lapicera para decidir el nombre de estos.

Sin embargo, un antecedente debe tenerse en cuenta. En la causa “Aparicio Ana Beatriz y otros c/EN-Csjn-Consejo de la Magistratura”, la Corte declaró la nulidad de la lista de conjueces designados por el Ejecutivo para integrar el máximo tribunal (decreto 856/14), por no tener el acuerdo de los dos tercios del Senado. Es decir que la mayoría calificada en la cámara alta debería fungir como valladar a pretensiones “non sanctas”, habría que analizar la lista de conjueces vigente.

El número de integrantes de la Corte Suprema, en realidad, muchas veces fue usado como variable de ajuste de los problemas políticos, pero sería la primera vez que se intente una modificación con el descarado y nunca disimulado objetivo de salvar a Cristina de las eventuales condenas por corrupción.

Para Cristina, el impacto del atentado no solo hizo mella en su ánimo, como lo haría en el de cualquier mortal, sino que le indicó el comienzo del final en el intrincado camino de limpiar sus causas judiciales.

Si bien al gobierno actual le queda todavía casi catorce meses de mandato, los avatares institucionales, judiciales y políticos le indican que se ha iniciado el tiempo de descuento.

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