Si hay algo de lo que como argentinos no podemos dejar de avergonzarnos es del descontrolado gasto público sin un correlato de prestaciones. La obscenidad se advierte en recursos que se esfuman en pasillos de dependencias públicas o en bolsillos de corruptos funcionarios, que imponen desbocadamente nuevos gravámenes para seguir alimentando la burocracia estatal y haciendo que el equilibrio fiscal continúe siendo una utopía.
Con índices de pobreza e indigencia por las nubes, una inflación galopante y sin freno en el horizonte, y un gobierno que se desmorona por su propia incapacidad, entre otros apocalípticos ingredientes, los argentinos que por distintos motivos no cruzamos aún las fronteras sentimos que estamos a instantes de correr hacia los botes.
Sin embargo, mientras la presión impositiva no da respiro a los contribuyentes, la sociedad tomó conocimiento de que la mayoría de las legislaturas provinciales tendrán este año presupuestos que estarán por encima de la estimación más pesimista de inflación anual.
En nada menos que 15 provincias, ese gasto experimentará un aumento superior al 100% respecto del año último. Hay casos extremos, como el de Chubut, cuya legislatura se aprobó un presupuesto 203% más alto que el del año anterior. El poder legislativo tucumano también tendrá un incremento presupuestario descomunal, un 152% superior al de 2022, una situación que contrasta con la complicada situación social del distrito.
El ranking de aumentos presupuestarios lo completan las legislaturas de Jujuy (138%), la ciudad de Buenos Aires (135%), Corrientes (132%), la provincia de Buenos Aires (123%), La Pampa (126%), Neuquén (124%), Santiago del Estero (122%), Entre Ríos (120%), Santa Fe (120%), Río Negro (118%), Salta (117%), Córdoba (109%) y Mendoza (105%).
Cabe consignar que semejantes gastos son mayoritariamente consagrados al pago de salarios de legisladores y empleados, y que no sorprende entre observadores políticos que estos desproporcionados incrementos presupuestarios tengan lugar en un año electoral.
Es cierto que esta desmesura en el presupuesto de las legislaturas es solo un indicador del festival de gasto público en otros ámbitos, tanto en el orden provincial, como en los niveles municipal y nacional. Pero no deja de resultar indignante que los poderes legislativos, donde habitan precisamente los representantes del pueblo, no estén en condiciones de brindar una señal de austeridad en momentos tan dramáticos para la economía argentina.
Meses atrás, nos ocupamos del pomposo anuncio del Gobierno nacional acerca de su descabellado Plan Integral de Regularización del Empleo Público, que dispuso la incorporación por concurso de 29 mil contratados a la planta permanente. Precisamente, ante la inminencia del agravamiento del cataclismo económico, la consabida incapacidad gobernante para interpretar adecuadamente la realidad apuesta a continuar sumando adeptos repartiendo beneficios.
El Boletín Oficial es la prueba elocuente del permanente agigantamiento del sector público. Durante el año último, el Ministerio de Desarrollo Social llamó a concurso para aumentar en un 41% el personal que maneja los fracasados planes sociales. Antes de la partida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, hubo un concurso interno que habilitaba a cubrir 381 empleos de planta permanente para sumarlos a los 2800 contratados, un despropósito para un país quebrado.
En turismo, derroche del Previaje mediante, se llamó a cubrir 173 nuevos cargos sobre los 266 efectivos a fines de 2021 y en el Ministerio de Trabajo se llevó a cabo una convocatoria tendiente a sumar unos 500 cargos a la planta permanente.
La consigna pasaba por “regularizar el empleo en el sector público”. Desde el gobierno se esgrime que no se aumenta el costo fiscal pues la mayoría de esos empleados ya perciben salarios y que solo se les suma el preciado bien de la estabilidad, codiciado beneficio con el que se salva a amigos y cómplices que eventualmente podrán convertirse en ñoquis a costa de seguir engordando un Estado elefantiásico.
Resulta imperioso redimensionar y modernizar la estructura estatal, de modo que sea coordinada con una visión de largo plazo que permita alcanzar no solo el deseado desarrollo sostenible sino también una consistente salud de las cuentas públicas.
