n Luego de los 21 allanamientos y la desarticulación de la megabanda interprovincial que cometía estafas a través de la modalidad de ciberdelincuencia, se conoció el modo en que operaba la organización criminal integrada por presos y sus propios familiares, con epicentro en la provincia de Jujuy. Ofrecían tobillera electrónica y libertad condicional a personas alojadas en comisarías o cárceles, haciéndose pasar por jueces o miembros del Poder Judicial, a cambio de un depósito a una cuenta bancaria con cifras que oscilaban entre los $100.000 y los $200.000, indicaron fuentes judiciales.
La investigación nació en Monte Caseros, donde se formalizó una denuncia e intervino la Fiscalía de Gustavo Robineau de Corrientes, Capital, lo que disparó la causa hacia la capital jujeña donde se concretaron más de 20 allanamientos en las unidades carcelarias de Gorriti y Alto Comedero; también en San Pedro de Jujuy, Libertador General San Martín y en siete barrios de San Salvador de Jujuy; así como Cafayate, Cachi y Metán de la provincia de Salta.
En el marco de la investigación no descartan más involucrados y víctimas en otras jurisdicciones, ya que sigue en marcha la investigación conjunta entre las fiscalías de Jujuy, Salta y Corrientes. Los operativos arrojaron un total de 15 personas demoradas, entre ellos 9 mujeres y 6 hombres, y el secuestro de celulares, tickets de transferencias de cuentas bancarias, computadoras, tablets, pendrives y memorias extraíbles.
Al respecto, la fiscal especialista en ciberdelito de Salta, Sofía Cornejo, explicó que “hubo víctimas, vimos que era la misma modalidad delictiva, las mismas personas acusadas y por eso decidimos actuar en conjunto”, entre las fiscalías de las tres provincias.
En cuanto al modus operandi de los delincuentes, explicó que los reclusos desde la cárcel llamaban a familiares de otras personas detenidas en Salta, Jujuy y Corrientes y se hacían pasar por funcionarios judiciales.
“Les decían que el juez de Garantías le estaba por dar la prisión domiciliaria y, por eso, debían depositar $150.000 en cierta cuenta para comprar la tobillera electrónica. En Salta hubo seis denuncias y una persona llegó a depositar $50.000, pero el resto pudo darse cuenta del engaño”, detalló. En otros casos fueron de $100.000 y hasta mencionaron episodios de $200.000.
La fiscal comentó que algunos allanamientos se llevaron a cabo en dependencias policiales “porque eran los presos los que organizaban, ellos eran parte de esta empresa”, dado que pueden disponer de dispositivos electrónicos como celulares aun privados de su libertad.
“Desde la cárcel hacían el engaño y sus familiares también eran parte”, señaló. Asimismo, no descartó que puedan haber más víctimas y personas involucradas en otras provincias.
(WA)
