El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, condenó a un gendarme a seis años de prisión acusado de formar parte de una banda de narcotraficantes y encargarse de alertar sobre los controles de la fuerza.
Se trata de Lucas Llopiz quien fue encontrado culpable del delito de confabulación en calidad de autor.
Junto con él fue condenado Aldo Neris a la pena de cinco años de prisión.
En el caso de Llopiz, se verificó que, mientras prestaba funciones en la Sección Antidrogas “Ituzaingó” de la Gendarmería Nacional, llevó adelante tratativas con José Alberto Laurencio, uno de los principales responsables de la organización investigada, para llevar a cabo maniobras de narcotráfico, como, por ejemplo, brindar información relacionada con los vehículos utilizados para efectuar las investigaciones, entre otras colaboraciones.
En marzo y en mayo de este año el tribunal había condenado a seis años de prisión a Laurencio y a Nicolás Riveros, Franco Androjowich y Mauricio Riveros, miembros de la misma organización, a través del mecanismo de juicio abreviado. A todos ellos los consideró coautores penalmente responsables del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización y almacenamiento, agravada por la intervención de tres o más personas. Les impuso además el pago de una multa equivalente a 30 mil pesos cada uno y dispuso el decomiso de automotores, embarcaciones, motovehículos y de otros elementos secuestrados en la investigación.
A través del debate se pudo establecer que la organización operó con permanencia en el tiempo, al menos desde marzo de 2017 y hasta el 23 de marzo de 2021, y que se dedicó a ingresar material estupefaciente que provenía de la República del Paraguay para transportarlo a diferentes localidades de las provincias de Misiones, Santa Fe y Entre Ríos, y en la ciudad de Buenos Aires.do.
El caso
La investigación permitió develar que la droga era ingresada a nuestro país desde la República del Paraguay a través de zonas ribereñas del río Paraná ubicadas a la altura de la localidad de Cerro Corá, provincia de Misiones, y que luego era transportada a diferentes depósitos ubicados en la ciudad de Posadas.
Seguidamente, la droga era cargada en distintos vehículos y movilizada por vía terrestre hacia su destino final: Roldán, provincia de Santa Fe; Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros. En estos destinos era entregada a otras personas vinculadas a las mismas actividades ilícitas y continuaba un derrotero comercial.
También se verificó que el grupo criminal adoptaba diferentes medidas en orden a asegurar o facilitar el transporte de la droga, ya sea el uso de vehículos que oficiaban de “punteros”, con la utilización de móviles sanitarios (ambulancias) o bien con la ocultación del estupefaciente en cargamentos de mercadería lícita, para disimular su traslado.
La investigación del caso comenzó en marzo de 2017, cuando una persona de identidad reservada brindó información acerca de un procedimiento que había tenido lugar unos días antes por parte del personal de la Sección “Núcleo” del Escuadrón 57 “Santo Tomé” de la Gendarmería Nacional, en el control fijo “Paraje Cuay Grande”, ubicado sobre el Kilómetro 669 de la Ruta Nacional N° 14, en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Corrientes. En esa oportunidad se interceptó a un camión Scania, semirremolque AST PRA, en el que se secuestraron 4631 paquetes de marihuana, con un peso total de 3985,355 kilos.
Aquella persona declaró bajo reserva que se había encargado de contratar al chofer del camión interceptado para realizar viajes desde la provincia de Corrientes hasta Buenos Aires. Agregó que el camión en cuestión fue llevado hasta un lugar en la localidad de Virasoro, provincia de Corrientes, que queda por la colectora en el ingreso por la Ruta Nacional n° 14, puesto que debían arreglarle las tapas y la cámara de frío, y que allí el camión fue entregado a una persona apodada “Gordo Posadas”, quien se movilizaba en un vehículo Chevrolet Cruze de color gris.Añadió que, luego de una semana o diez días, aquél sujeto llamó al chofer para que fuera a buscar el camión al mismo lugar en Virasoro donde lo había dejado. Explicó que el 20 de marzo de 2017 el chofer se encontró allí con la persona apodada “Gordo Posadas”, quien le entregó el camión con el supuesto arreglo realizado y le dio 30 mil pesos para gastos del viaje. El camión fue luego interceptado y se procedió al secuestro de la droga.
Una vez que la causa fue delegada al MPF, con la intervención de la PROCUNAR se encomendaron diversas tareas que derivaron en una extensa investigación que logró develar el alcance, la integración y las maniobras ilícitas desplegadas por la organización criminal. (NG).
