Por Carlos Lezcano
El ministro de Justicia de Corrientes, Juan José López Desimoni, aseguró a Hoja de Ruta el jueves pasado que “el Poder Judicial pidió una audiencia y el gobernador los va a recibir. Eso es saludable”, y también señaló la importancia del diálogo institucional para evitar una escalada de la tensión.
Por su parte, desde la página del Superior Tribunal se informó del encuentro el jueves a mediodía en otros términos: “Los doctores Guillermo Horacio Semhan y César Pedro Sotelo mantendrán un encuentro el próximo lunes 4 de mayo con el gobernador Juan Pablo Valdés. Abordarán temas de interés en común en un marco de diálogo institucional”.
La sutileza del lenguaje marca una diferencia: no es lo mismo pedir una reunión que mantener una reunión.
En respuesta a una consulta periodística, el gobernador Valdés dijo: “Ellos son un poder independiente, pero claro, caja hay una sola y presupuesto hay uno solo”. Y aclaró: “Si creen que más adelante nos van a pedir más dinero y lo vamos a tener, les digo que hoy las finanzas vienen muy justas. No existe más dinero y se lo venimos diciendo; no es mala fe, es lo que hay”.
A su vez, confirmó que “en mayo se anunciará una nueva mejora en los haberes” del resto de la administración pública y explicitó la estrategia de otorgar incrementos en plazos breves para ajustar los montos al “panorama” económico sin comprometer las arcas provinciales, tal como lo publicó este diario.
Recordemos que hubo, por lo menos, tres notas formales desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas al Poder Judicial, tras una visita del ministro Héctor Grachot con su equipo técnico de la Dirección de Legales de la cartera. En esas comunicaciones, Hacienda informó sobre los recursos de la provincia, ingresos por coparticipación y otros datos y sus imposibilidades reales de afrontar y sostener esos egresos.
El 15 de abril, el presidente del Superior Tribunal, Guillermo Semhan, afirmó en el programa Hoja de Ruta: “En todo este proceso inflacionario, desde la pandemia, hubo una pérdida cercana al 40 % del poder adquisitivo. Si nos comparamos con otras provincias, estamos por debajo de la media, y frente a la Justicia Federal la diferencia también ronda el 40 %”.
La expectativa pública de la reunión de este lunes giró en torno a dos posibilidades respecto de las decisiones o sobre lo que hay que hacer. O “se hace lo que se debe hacer”, lo que implica un mandato moral o legal, o “se hace lo que corresponde hacer”, que descansa sobre datos concretos del presupuesto. Entonces, se hace lo que se pide o “se hace dadas las circunstancias”.
El sistema republicano divide el poder en tres que actúan bajo normas y responsabilidades institucionales. Algunas decisiones son inherentes al manejo de su propio funcionamiento y otras, como en el caso que analizamos, implican una responsabilidad compartida que debería ser de coordinación.
El comunicado oficial nos invita a pensar que hubo acuerdo, aunque no fue explicitado por los actores. El comunicado no dice que hayan conversado sobre aumento de sueldos. Sin embargo, estamos ante una tensión que todavía no es conflicto, y mucho menos una crisis, debido a que las cabezas de estos poderes guardaron una prudente moderación, aun en sus firmes posturas.
Quienes tienen a cargo las decisiones en la cúspide del poder oscilan constantemente entre estas posibilidades del hacer a la hora de gobernar, y Valdés y Semhan no son la excepción: se enfrentan todos los días a la mirada política y a la coyuntura económica.
Por otra parte, las decisiones pueden ser de urgencia, como ante una catástrofe natural o una emergencia, en cuyo caso no pueden esperar y se toman a caballo del problema. Otras veces, las demandas son cuestiones que pueden aguardar un momento más oportuno, teniendo en cuenta no solo el problema sino también el contexto y las posibilidades de que el tema escale o se torne incontrolable.
El poder se ejerce a veces con prisa y las soluciones llegan de manera inmediata. Las decisiones políticas, por lo tanto, requieren tiempos rápidos en las urgencias y permiten cierta parsimonia en los casos que no plantean conflictos inmediatos. Ese pulso de los acontecimientos suele estar en los profesionales de la política, que lo ponen en práctica a cada momento.
La parsimonia en la historia de nuestros Estados ha sido muchas veces causada por ineficiencia y negligencia, pero no es esa la morosidad de la que aquí se trata, sino una medida en función de sus posibles consecuencias negativas.
Otras veces, el poder es más parsimonioso, lo que no significa ineficacia, sino un ajuste a los hechos de contexto.
El texto del gobernador en X es elocuente: “Recibí al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan, y al fiscal general, César Sotelo, para dialogar sobre políticas públicas de Estado y el funcionamiento de ambos poderes. Trabajamos para garantizar la seguridad jurídica, el respeto por las instituciones y la democracia en la provincia”.
No hubo ni hay problemas graves de seguridad jurídica ni ataques a la institucionalidad de la provincia; por lo tanto, se interpreta que se trató de una visita formal, de buena relación en la articulación de dos de los tres poderes del Estado, y que no se abordó el tema salarial.
Consultada sobre la reunión la secretaria general del gremio de judiciales Liliana Caamaño nos dijo “mañana seguramente cuando se reúnan en Acuerdo tendrán que tratar el tema. Para nosotros hoy la pregunta es cuando y como liquidarán el 6%”.
