Tras una campaña opaca, Uruguay elige este domingo al sucesor de Luis Lacalle Pou entre dos propuestas de centro que encarnan tres candidatos. El Frente Amplio (FA) tiene una gran ventaja, aunque según todas las encuestas no llega a ganar en primera vuelta. Por eso el foco electoral estará en un balotaje de fines de noviembre que asoma parejo por la unión de los partidos que se oponen al FA.
Sin embargo, el protagonismo de este domingo pasa por el plebiscito para una reforma constitucional que busca estatizar las jubilaciones. Es impulsado por la central obrera y cuestionado por los tres principales candidatos, incluido el FA, y el ex presidente José Pepe Mujica, porque entienden que profundizaría el déficit fiscal.
El líder de las encuestas con una intención del 45% es el historiador e intendente de Canelones durante los últimos diez años, Yamandú Orsi (57), candidato del Frente Amplio. Para ganar en primera vuelta debe sumar un sufragio más del 50%, algo que hoy descartan hasta en el propio FA. Solo Tabaré Vázquez lo logró en 2004, después de una gran crisis política.
"Progresista pragmático", según se autodefine, Orsi es un político promercado. De hecho, ya anunció que si es proclamado presidente su ministro de Economía será Gabriel Oddone, un reconocido economista que los últimos 20 años trabajó en CPA Ferrere, una de las consultoras más importantes de Uruguay. Una inequívoca señal a los mercados.
Aunque el Frente Amplio dio libertad de acción a sus votantes sobre el plebiscito para estatizar y aumentar las jubilaciones, Orsi lo cuestionó y Oddone fue uno de los 111 economistas del FA que se opuso a la consulta popular impulsada por el PIT-CNT, la central obrera, y el Partido Comunista, ambos del FA.
Los críticos de la reforma constitucional por las jubilaciones -hay un segundo plebiscito para autorizar los allanamientos judiciales nocturnos-, aseguran que tendrá un costo de 1.037 millones de dólares.
Busca bajar la edad para el retiro de 65 años a 60, como estaba hasta la reforma de Lacalle Pou del año pasado, igualar la jubilación mínima al salario mínimo y estatizar las jubilaciones privadas.
