La Administración de Donald Trump quiere acelerar y endurecer la aplicación de la pena de muerte en la limitada medida en la que puede hacerlo: con aquellos condenados por cometer delitos federales. El Departamento de Justicia anunció este viernes que el Gobierno introducirá “maneras adicionales de ejecución”, entre ellas el pelotón de fusilamiento y la readopción del protocolo de inyección letal.
La administración de la pena capital corresponde en el ordenamiento jurídico estadounidense a los Estados. Esta es legal en 27 de los 50 territorios.
En 2025, fueron 11 los que la aplicaron, frente a los nueve del año anterior y los cinco de 2023. Las autoridades federales tienen la potestad de ejecutar a aquellos condenados por delitos federales, porque trasciendan el ámbito estatal, porque traspasan fronteras o por su propia naturaleza, como, por ejemplo, el asesinato de un agente del FBI.
El método del pelotón de fusilamiento está disfrutando de un resurgir. Ya se emplea en Idaho, Utah, Carolina del Norte, Oklahoma y Mississippi, lugares en los que se resucitó esa práctica por los problemas que da la inyección letal en ejecuciones que a menudo acaban siendo fallidas. Las empresas farmacéuticas se niegan desde hace años por una cuestión de imagen corporativa a vender a los Estados esos fármacos, cuyas existencias ya han caducado. Además, en 2011, la Unión Europea prohibió la exportación de esas drogas a Estados Unidos.
Trece presos ejecutados
En su primer mandato, entre 2017 a 2021, el presidente Trump ya había reanudado la aplicación de las ejecuciones federales tras una pausa de casi 20 años. Trece presos murieron ajusticiados.
De vuelta al cargo, Trump ordenó en su primer día en el Despacho Oval al Departamento de Justicia que priorizase la aplicación de la pena capital “en casos apropiados”, según recuerda el comunicado de este viernes e instaba al Departamento a “ejecutar rápidamente las sentencias”.
