El Gobierno no inició los trámites para transformar las empresas públicas en sociedades anónimas y demora las privatizaciones. La mesa técnica todavía no hizo ninguna presentación ante la Inspección General de Justicia (IGJ), que preside Daniel Vítolo, para dar inicio al proceso de cambio de tipo jurídico.
“Hay balances de años pasados que no están y nos siguen faltando papeles. Está atrasado el proceso y puede demorar. La más avanzada es Banco Nación”, expresó un funcionario.
El Ejecutivo sostiene que no hay un modelo único de transformación y asegura que cada empresa estatal debe presentar un balance de cambio actual, que debe contar con los detalles de la contabilidad interna de los años previos.
El encargado del proceso de privatización es el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, que está dentro de la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo. El exinterventor de la agencia Télam tiene la atribución de efectuar despidos, designar interventores y reducir, cerrar y vender compañías del Estado.
transformación hacia una sociedad anónima. Esto depende del tipo jurídico previo que utilizó Nación para realizar la actividad comercial: hay sociedades de economía mixta, haciendas productivas, sociedades del Estado, entre otros.
La Casa Rosada sostiene que primero deberá transformar las empresas a sociedades anónimas para luego realizar la tasación. Mantienen además que cotizarán algunas en bolsa, de forma que se haga una valuación de las estructuras en el mercado.
El Ejecutivo incluyó en la Ley Bases la privatización de Energía Argentina, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y Corredores Viales.
Quieren además avanzar sobre la venta de activos de las empresas que no estén dentro de la lista que pasó por el Congreso. “La idea es privatizar todas las empresas que se puedan. Hay algunas que lo permiten directamente por el estatuto, como el Correo”, expresó a un funcionario.
La Casa Rosada comenzará el proceso de privatización de las empresas públicas una vez que se publique un decreto que dará inicio al tratamiento de cada organismo en la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.
La Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) deberán informar a la comisión sobre el estado legal y financiero de las empresas a los 15 días de publicada la norma.
La privatización podrá ejecutarse por venta de activos, de acciones y establecimientos o haciendas productivas y por la administración con o sin opción a comprar por un plazo determinado, estableciéndose previamente el valor del precio de su venta. Lo mismo aplica para la concesión, licencia o permiso.
El Ejecutivo busca desprenderse de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Corredores Viales, Correo Argentino, Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (Impsa), Tandanor y Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) previo a 2025, pero reconoce que no lleva el proceso avanzado. Apunta además a insistir con la privatización de Aerolíneas Argentinas y Banco Nación en el corto plazo. La mesa chica de Balcarce 50 planea impulsar proyectos de ley separados en el Congreso para habilitarlo.
