El Gobierno nacional aseguró que presentará la auditoría Andis ante la Justicia antes de que finalice el año. El informe revisa las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad y será remitido al juzgado de Sebastián Casanello, que investiga presuntas irregularidades en compras de medicamentos.
Según fuentes oficiales, ya hubo intercambios preliminares de documentación con los investigadores y el trabajo técnico “está avanzado”. Los equipos que responden al interventor Alberto Vilches revisan desde hace meses expedientes administrativos ligados a la adquisición de fármacos, incluidos comprobantes que no figuraban en portales públicos ni tenían trazabilidad dentro del Ministerio de Salud. En despachos nacionales admiten indicios de sobreprecios y contrataciones irregulares.
En la Casa Rosada remarcan que no existe preocupación por las menciones indirectas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dentro de la causa. También descartan tensiones por las citaciones a declarar del exdirector de la Andis Diego Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini.
El Ejecutivo rechaza que las anotaciones “KM, SC, ML, Pami y CZ”, halladas en cuadernos secuestrados en el allanamiento al departamento de Miguel Ángel Calvete, correspondan a un esquema de corrupción. Afirman que se vinculan a cambios internos en el sistema de compras.
Una vez concluida la auditoría, el Gobierno prevé reformar el mecanismo de contratación de la Andis. El objetivo es que las compras de medicamentos se realicen de manera directa con los laboratorios, sin intermediación de droguerías. Admiten, sin embargo, que el proceso será “largo” por la carga administrativa, financiera y legal que implica. También anticipan la derogación de contratos con proveedores bajo investigación.
Datos oficiales del Ministerio de Economía indican que la Andis destina $3,1 billones a seguridad social, $556.054,96 millones a salud y $5300 millones a promoción y asistencia. La próxima citada a declarar es Lorena Di Giorno, convocada para el 28 de noviembre.
La causa judicial investiga presuntos direccionamientos de contratos millonarios y pedidos de coimas. Al menos cuatro droguerías (Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta) figuran con indicios de haber sido beneficiadas de manera sistemática. La documentación de esos procesos forma parte de la auditoría que el Gobierno se comprometió a entregar a la Justicia.
Con información de TN.
