Pese a que la preocupación recorre el arco político y a que más de 20 organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre un plan de vigilancia masiva, el Ministerio Público Fiscal no considera que los cuestionamientos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941 —con el que Javier Milei reformó el sistema de inteligencia— deban ser atendidos durante el receso de los tribunales.
El fiscal Fabián Canda rechazó habilitar la feria en la acción de amparo colectivo que interpuso el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) contra el DNU, que empodera a la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) al habilitarla a aprehender personas o a convocar a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de inteligencia y seguridad interior.
Según Canda, la habilitación de la feria debe tener un carácter restrictivo. “Debe existir la posibilidad efectiva de que el retardo frustre un derecho o una necesidad impostergable, o produzca un daño irreparable”, sostuvo el representante del Ministerio Público en el dictamen al que tuvo acceso Página/12.
Por el contrario, el Cels había advertido que “se trata de un asunto que no admite demoras, en el que se procura concretar respuestas judiciales urgentes frente a un actuar ilegal e inconstitucional del Poder Ejecutivo Nacional, además de incompatible con los compromisos internacionales asumidos y, en particular, con relación a derechos como la autonomía, la privacidad, la autodeterminación informativa y la libertad de todos los habitantes de la Argentina, sobre los que existe un interés especial del Estado para su protección”.
Según el fiscal, abrir la feria conllevaría una serie de dificultades. En primer lugar, decidir sobre el proceso colectivo presentado por el Cels —que viene de conseguir que la Justicia federal declare nulo el protocolo antipiquetes con el que Patricia Bullrich controló durante dos años las calles y reprimió la protesta social— y definir si otros planteos que también fueron radicados deben ser subsumidos dentro de este amparo. Canda sostiene que esto debería ser resuelto por su juez natural.
El tema es delicado, ya que el Cels pidió una medida cautelar que frene los efectos del DNU 941 hasta que se dicte una sentencia definitiva. Cualquier juez puede resolver ese pedido.
Ante el fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad de Buenos Aires tramitan, al menos, cinco amparos contra el DNU 941: el del CELS; el de los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón (Coalición Cívica y Partido Socialista); el de la Fundación Apolo (ligada a Republicanos Unidos, de Ricardo López Murphy); el de un grupo de referentes históricos del radicalismo; y el del Llamamiento Judío.
El juez que atiende los asuntos de feria, Walter Lara Correa, le había corrido vista a la fiscalía para que se pronuncie en cada uno de estos expedientes. Según surge del sistema, en todos los casos el Ministerio Público Fiscal ya se habría expedido.
Resta que se pronuncie el juez. Hay antecedentes, como en el caso del megaDNU 70/2023, en el que el fiscal entendió que no correspondía tratar el tema durante la feria y el juez Enrique Lavié Pico hizo lo contrario. La justicia laboral, por su parte, también abrió un proceso colectivo contra el DNU 70 en pleno receso de los tribunales.
El Gobierno no eligió al azar la fecha para firmar el DNU 941. Lo hizo el 31 de diciembre, cuando acababan de terminar las sesiones extraordinarias en el Congreso y se iniciaba la feria en los tribunales. Ambos recesos le dan al Poder Ejecutivo tiempo para que el decreto entre en vigencia y se introduzcan cambios en el sistema de inteligencia.
Desde que llegó al gobierno, Javier Milei impulsó una serie de modificaciones importantes en el sistema de inteligencia, entre las que se destaca la eliminación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la resurrección de la Side, como se llamó el organismo entre 1976 y 2001. Ninguno de los cambios en el sistema de inteligencia fue tratado en el Congreso, sino que se concretaron a golpe de DNU.
En la Cámara de Diputados y en el Senado se busca reunir las voluntades para voltear el DNU 941, como se hizo con el 656/2024 —que le otorgaba 100 mil millones de pesos a la Side para ser utilizados como fondos reservados—. En ese caso, por primera vez en la historia, el Congreso logró dejar sin efecto un DNU.
El Gobierno, a través de dos comunicados de la Side, buscó defender el DNU y anunció que estaba trabajando en una reforma más profunda que sí sería enviada al Congreso.
Más de 20 organizaciones de la sociedad civil —entre ellas el Cels, Amnistía Internacional, Fundación Vía Libre, Andhes, Greenpeace y la Fundación Huésped— sostuvieron públicamente que el DNU es manifiestamente inconstitucional y le reclamaron al Congreso que lo rechace.
Las principales críticas que hacen los expertos al DNU son las siguientes:
- obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE, lo que favorecería una vigilancia masiva;
- no prevé control ciudadano sobre la SIDE;
- todas las actividades tienen carácter “encubierto”, lo que podría frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado;
- por primera vez en democracia, los agentes de la SIDE tienen la facultad de detener personas, lo que implicaría que este organismo podría llegar a convertirse en una “policía secreta”;
- la SIDE puede convocar a las Fuerzas Armadas e involucrarlas en tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales”, lo que implicaría su participación en acciones de seguridad interior;
- con la ampliación de la noción de contrainteligencia, se rehabilita la noción de enemigo interno.
La estrategia de las organizaciones es múltiple: activaron la vía judicial —como hizo el CELS—, dialogan con el sistema político y enviarán notas a los presidentes de cada bloque para que se conformen las comisiones que deben analizar el DNU. En particular, les preocupa que no esté en funcionamiento la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI).
En paralelo, tal como anticipó este diario, llevarán el reclamo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), ante lo que entienden sería un plan de vigilancia masiva que debilita la protección de derechos básicos.
Hay antecedentes de intervención de organismos internacionales en materia de inteligencia. En 2019, el relator de la ONU para temas de privacidad expresó su preocupación por el festival de escuchas que se filtraban en los medios. En esa oportunidad, el experto sostuvo que no alcanzaba con el control de la CBI y sugirió la conformación de un organismo independiente —integrado por jueces de alto rango, expertos en tecnología y otras personalidades— para controlar la actividad de los servicios.
A partir de esa recomendación, la Corte Suprema firmó la acordada 17/2019, en la que desalentaba, por ejemplo, la participación de agentes de inteligencia en investigaciones judiciales. Esa sugerencia se convirtió en una prohibición durante el gobierno del Frente de Todos (FdT), pero quedó en el olvido con el primer DNU de Milei en materia de inteligencia, el 614/2024.
Por el momento, los supremos dejan correr la bola. “No hay movimientos en la Corte”, dijo una fuente al ser consultada por este diario.
Página 12
