El Gobierno definió que no impulsará cambios sobre el dictamen de la reforma laboral y traslada la tensión con gobernadores al recinto del Senado. El Ejecutivo asegura que no tiene margen para imponerse en una reunión de comisión y apuesta a tratar el debate por eventuales modificaciones durante la votación en la Cámara Alta.
La decisión implica llevar al recinto la principal disputa con los mandatarios dialoguistas, que reclaman cambios en el esquema de reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades. Hay diferencias en el Ejecutivo sobre el apoyo de los senadores de La Libertad Avanza a las modificaciones que buscan imponer sectores aliados.
Varios integrantes del gabinete mantienen la postura de que no promoverán alteraciones sobre ese apartado y que las provincias deberán reunir los votos necesarios para cambiarlo durante el tratamiento en particular si definen avanzar por esa vía. “Se va a definir todo en esas horas de sesión”, expresan.
En otros despachos de la Casa Rosada relativizan el endurecimiento en las negociaciones y advierten que “el dictamen así como está no sale” y que será inevitable realizar concesiones para garantizar su media sanción. “Si no nos queda opción, vamos a tener que ceder”, agregan.
La estrategia del Gobierno responde también a una lectura política del poroteo en la Cámara alta. En Nación creen que reabrir la discusión en comisión no solo debilitaría la posición del oficialismo, sino que además daría una señal de fragilidad frente a los gobernadores que presionan por cambios tributarios.
Es por eso que la definición es sostener el dictamen y administrar las concesiones en el tramo final del debate. Lo mismo aplica para el capítulo sindical: mientras que diversos actores de la mesa política aseguran que no habrá cambios, otros lo ponen en duda e insisten en que el desplazamiento de artículos “no afecta la creación de empleo”.
La disputa central sigue siendo el impacto fiscal de la reforma, especialmente por la baja de alícuotas de Ganancias que afecta recursos coparticipables. Los gobernadores vienen planteando la necesidad de escalonar la reducción o establecer mecanismos de compensación, un planteo que el Ejecutivo rechaza incorporar por afuera del texto legislativo.
El ala más dura del oficialismo sostiene que la reforma debe aprobarse sin alterar su “espíritu” y que aceptar cambios significativos en materia tributaria desnaturalizaría uno de los ejes del proyecto. Descartan además un esquema de compensaciones paralelo para mandatarios aliados, como obras públicas o fondos extraordinarios.
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