El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger sigue sin dar explicaciones sobre los manejos espurios que habría realizado con fondos del Estado nacional y recibió más demandas judiciales. Este miércoles la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, presentó una denuncia penal ante la justicia Federal, no solo contra Sturzenegger, sino también contra su esposa Josefina Rouillet --titular de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa que contrató la Cancillería--, contra el canciller Pablo Quirno y contra otros funcionarios por “Defraudación contra la administración Pública y encubrimiento”.
Se conoció que el ministro desregulador gastó 720 millones de pesos en alquilar cuatro pisos de oficinas en el microcentro porteño para su cartera y 24 cocheras. A Ese monto millonario se sumó a otro que es el contrato por 114 millones que el Estado --mediante la Cancillería y sin hacer una licitación pública-- le pagó a su esposa para que el instituto que ella dirige le de clases de inglés a diplomáticos del servicio de relaciones exteriores del país.
El escándalo se suscitó durante la última semana, después de que Sturzenegger saliera por los medios de comunicación a militar el artículo 44 del proyecto de reforma laboral que dice que los empleadores podrán descontarle la mitad del sueldo a los trabajadores que se enfermen.
La denuncia que presentó la senadora Di Tullio puso el foco en una red de funcionarios y particulares presuntamente involucrados en la contratación irregular de los cursos de inglés por más de 114 millones de pesos.
La denuncia identificó con nombre y apellido a los principales responsables de la maniobra que habría beneficiado a la asociación dirigida por la esposa del ministro. Los denunciados son: Rouillet, denunciada como coautora del delito de defraudación a la administración pública por ser la Directora Ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) —entidad beneficiaria del contrato— y esposa de Sturzenegger.
También María Cristina Dellepiane, denunciada como coautora del delito de defraudación a la administración pública en su carácter de Subsecretaria de Coordinación y Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Fue ella quien adjudicó la contratación directa a través de la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE.
Otro de los denunciados es el Canciller Pablo Quirno al que se lo acusa por la presunta comisión del delito de encubrimiento por “omisión de denuncia”. Ya que, según explica la demandante, el canciller “optó por justificar públicamente la contratación a través de sus redes sociales en lugar de denunciar las irregularidades”.
Además, el texto incluye a Sturzenegger que fue denunciado por presunto tráfico de influencias. El escrito sostiene que “no se puede descartar su mediación ante las autoridades de Cancillería para obtener la adjudicación directa que benefició a la entidad dirigida por su cónyuge”.
En la denuncia, además, Di Tullio pidió que se investigue como “partícipes necesarios” a los titulares de las áreas técnicas que permitieron la viabilidad del contrato. Allí menciona al director de Desarrollo de Recursos Humanos de la Cancillería; al director de Compras y Contrataciones; director de Asuntos Jurídicos ambos de la misma cartera y por último, al director de Planificación de Políticas de Transparencia y el Director Nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción.
Durante el fin de semana largo, Aaci envió a sus trabajadores un comunicado en el que intentaban “explicar” por qué habían sido elegidos por la Cancillería sin siquiera presentarse a una licitación pública. Allí ponían como uno de los argumentos la cercanía de sus oficinas con la sede de la Cancillería, pero, además, especificaban que, si bien firmaron contratos con el Estado desde el 2018, en 2025 no habían prestado servicios.
Sin embargo, según reveló la agencia Noticias Argentinas --que fue la que primero publicó sobre el escándalo que envuelve al ministro--, en 2025 Aaci sí trabajó para el Estado, aunque asistieron a los cursos solo 10 agentes (distribuidos en Senior 3 y Senior 6), mientras que la propuesta en 2026 elevó el esquema a 132 cupos.
Desde la Casa Rosada dicen que el presidente Javier Milei “banca a full”, al ministro desregulador, al que él llama “el coloso”.
Además, hacen una enumeración para intentar justificar el contrato de la Cancillería con AACI y señalan: “1) El contrato es de 2018; 2) La esposa del ministro no es la dueña, es empleada; 3) La Cultural Inglesa es la casa de estudios de inglés más importante del país; 4) ¿De verdad se puede creer que un contrato por ese monto le mueve la aguja a La Asociación Argentina de la Cultura Inglesa? Es lo que factura un monotributista en un año y medio y 5) Es totalmente lógico que Cancillería tenga que contratar servicios de traductores públicos y no hay muchos que brinden ese servicio. La Cultural son los mejores y los más reconocidos".
Cerca del Presidente, sin embargo, no dicen nada sobre por qué no se abrió el proceso de licitación pública, ni tampoco tienen respuestas sobre el alquiler de los cuatro pisos de oficinas y las 24 cocheras que Sturzenegger hizo en el centro porteño. El ministro, además de las contradicciones discursivas, no respetó el programa de “alquiler cero”, que proclama el propio gobierno desde la Aabe.
Página 12
