La Constitución Nacional no contempla una diferenciación entre las cuestiones de seguridad interior y la defensa nacional ni presenta limitaciones, reparos ni divisiones con respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas. En ello coinciden destacados constitucionalistas. Sin embargo, hay opiniones encontradas.
En marzo pasado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no dudaba en denunciar el agravamiento de la ola de crímenes y violentos ataques narco en Rosario como “actos de terrorismo”. Las muertes de dos taxistas y un playero de estación de servicio habían conmocionado y paralizado la ciudad. El ministro de Defensa, Luis Petri, anunciaba entonces su intención de modificar la ley de seguridad interior, de 1991, para habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en favor de acciones de seguridad ciudadana, contra lo que son, por ejemplo, los actos de terrorismo, despertando las críticas. Para el Código Penal, son terroristas las acciones y delitos destinadas a aterrorizar a la población.
Desde 1991, los militares solo apoyaban logísticamente a la policía en el combate al narco, tal como ocurrió en los operativos Fortín I y Fortín II, Escudo Norte y Bandera, en zonas fronterizas, entre otros. Distinto es lo que ahora se propone respecto de que intervengan en zonas urbanas, una tarea que realizan las llamadas fuerzas intermedias, como la Gendarmería Nacional, reduciendo peligrosamente su presencia en zonas limítrofes.
La reforma apuntaría también a legitimar la actuación militar ante una agresión de organizaciones terroristas extranjeras. De plantearse aquí una situación similar a la del ataque de Hamas a Israel en la Franja de Gaza, las Fuerzas Armadas no podrían actuar. Se trata, por tanto, de ampliar la capacidad de respuesta por parte del Estado frente a amenazas a su población.
Prevé también el funcionario anular la reforma a la reglamentación de la ley de defensa de 2006, gestionada por la exministra Nilda Garré, que prohíbe la actuación militar contra cualquier otra fuerza que no fuera un Estado.
Recientemente, el gobierno de Javier Milei acercó a diputados de La Libertad Avanza, la UCR y Pro un borrador mejorado de proyecto que modifica la ley de seguridad interior, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem, con el fin de someterlo a debate parlamentario. Propone la designación de un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior de la Nación que coordinará, con un comité de crisis, el apoyo a las operaciones de seguridad interior. Ese comité, por crearse en una provincia en riesgo, sería el encargado de evaluar si las acciones terroristas tienen por fin atemorizar a la población y ponen en peligro la vida, la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad o la autodeterminación.
El comité de crisis podrá ordenar a las Fuerzas Armadas “patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de puestos de control en puntos fijos o móviles” por tiempo limitado, además de proporcionar seguridad a instalaciones en zonas especialmente determinadas, todo esto con la autorización del gobernador o los gobernadores involucrados. Ante una agresión del terrorismo, se propicia que “las Fuerzas Armadas podrán actuar en flagrancias y comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal competente”, tal como ocurre con la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina o la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El equipamiento se ajustará a las necesidades operativas. Si bien quedarían expresamente habilitados para la realización de operaciones de seguridad interior, en cuanto al uso de la fuerza, aplicarán los mismos términos y condiciones vigentes para el resto de las fuerzas de seguridad nacionales.
Es intención del Gobierno anticiparse a eventos que potencialmente ameriten la participación militar, por fuera del estado de sitio que establece la ley, fijando para ello un marco legal y de condiciones adecuado y previsible ante una potencial emergencia.
Hoy la apremiante amenaza del crimen transnacional toma nuevas formas, compromete a más actores e impone renovadas miradas. Se trata de un cuadro complejo con multiplicidad de aristas que obligan al Congreso de la Nación a un serio debate sobre un rediseño del sistema de defensa en su conjunto.
Es hora de aplicar una agenda de seguridad pública acorde con los tiempos.
