El Congreso de la Nación, con sus numerosos bloques y vertientes políticas, es consciente de que el país necesita una reforma electoral que garantice el derecho de cada ciudadano a elegir y a ser elegido libremente, mejorando la calidad y equidad de la democracia. Resulta auspicioso ese avance luego de que en el Pacto de Mayo, suscripto en julio entre el Presidente y 18 mandatarios, se sacó del texto original el punto que determinaba la necesidad de una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes con los de los representados.
Es cierto que aspirar a una reforma integral con innumerables cambios podría llevar años, posibilidad que lamentablemente intensificaría los graves problemas que venimos arrastrando con el uso de la tan vetusta como controvertida lista sábana, el robo de boletas, la compra de voluntades y las presiones políticas que, entre otras arteras maniobras, tienden a manipular la voluntad popular. Pero hoy son tres los temas que hay que resolver con urgencia: la sanción de las leyes de boleta única de papel y de ficha limpia, y decidir qué es finalmente lo que se quiere hacer con las PASO: si continuar con esa costosa virtual encuesta electoral o eliminarla.
Estamos a cuatro meses de concluir 2024 y poco se ha avanzado en esta materia. La experiencia indica que siempre es mejor encarar una reforma electoral en años en los que no se registran comicios. Este año hubo que definir en el Congreso temas preponderantes que conciernen al arranque de un nuevo gobierno. El debate de la Ley Bases –y sus reglamentaciones– ha insumido la mayor parte del tiempo de los casi nueve meses de la actual gestión. Se han judicializado decisiones presidenciales y muchas leyes troncales de la economía y de otras áreas igualmente importantes esperan tratamiento. Pero todo ello no debe hacernos perder de vista lo electoral.
Hace ya 17 años que la Cámara Nacional Electoral (CNE) viene reclamando la adopción de la boleta única de papel, un proyecto que cuenta con sanción de Diputados desde 2022 y que, de no ser convertido en ley antes de marzo próximo, perderá su estado parlamentario, lo que obligará a arrancar la discusión nuevamente de cero.
Muchas son las ventajas de la utilización del sistema de boleta única. Entre ellas, una mayor transparencia, por cuanto permitiría erradicar nefastas prácticas clientelistas, como el llamado “voto cadena”, además del robo o la destrucción de papeletas en el cuarto oscuro. Otro beneficio que presenta es la universalidad de la oferta electoral, dado que se garantiza que todos los partidos y candidatos estén presentes y disponibles en el lugar de votación, en tanto que la existencia de boletas ya no depende de la capacidad económica de cada fuerza política para su impresión. Se genera, además, una mayor sostenibilidad ambiental debido a la reducción del uso de papel, tinta y transporte.
Desde estas columnas hace ya mucho tiempo que venimos insistiendo en la necesidad de avanzar con ese método de votación. La media sanción de Diputados se encuentra actualmente en debate en el Senado, con algunos tropiezos, ya que nuevos cambios podrían determinar que se modifique la aprobación de la Cámara baja y deba ser devuelta a ella en revisión para su sanción definitiva.
Las diferencias en este punto no son tanto de fondo, sino de forma. Mientras algunos legisladores pugnan por adoptar el sistema cordobés, que contempla una sola boleta para todas las ofertas electorales de las diferentes fuerzas y alianzas políticas que compiten en cada distrito en cada una de las categorías en juego, otros se inclinan por el modelo santafesino, consistente en una boleta diferente por cada una de las categorías de cargos electivos, debiendo el votante depositar un sobre en cada una de las distintas urnas: la que contendrá las listas a presidente y vicepresidente; en la que irán los diputados, y en la que se reserva para legisladores, en caso de corresponder esa elección.
Con parciales diferencias, además de Córdoba y Santa Fe, la boleta única de papel ya se usa en Mendoza, en Salta y en comicios municipales como los de San Luis. También la utilizan quienes están privados de su libertad y votan en cárceles, y los argentinos que sufragan en el exterior.
Otro de los inconvenientes que plantea el sistema actual es el desdoblamiento de comicios.
La oposición dialoguista tiene por estas horas una misión fundamental. Es tiempo de avanzar sin más demoras.
