En esta última nota del año quiero hacer un balance de lo que fue el 2025, no solo en materia previsional, sino en otro ámbito que golpea con fuerza a las familias argentinas: la transmisión de los bienes y los procesos sucesorios.
No hablo desde los códigos procesales ni desde las tasas de justicia, sino desde las personas.
Porque el derecho sucesorio no debería medirse en fojas, oficios o regulaciones; se mide en tiempo, en valor y en paz mental. Se mide en los meses que una casa permanece cerrada deteriorándose, en los ahorros que pierden valor frente a la inflación mientras se espera una firma, y en el desgaste emocional de herederos que no pueden cerrar el duelo porque el expediente no avanza.
El 2025 fue el año en que la "demora judicial" dejó de ser una frase hecha para convertirse en una trampa visible. Fue un año donde el sistema judicial mostró, una vez más, que sus tiempos no son los tiempos de la gente.
El colapso de los juzgados y la burocracia excesiva enfrentaron a miles de familias a una verdad incómoda: "tener bienes no garantiza tranquilidad si no se puede disponer de ellos".
El sistema judicial, que debería garantizar la transmisión ordenada del legado familiar, se ha convertido muchas veces en una maquinaria lenta y fría. Solo reconoce formalismos y plazos procesales que rara vez se cumplen. Todo lo que urge a la familia —vender para pagar deudas, disponer de dinero para una urgencia médica, dividir para evitar conflictos— para el expediente es irrelevante.
A esa lentitud se suma una realidad económica que no perdona. Un expediente sucesorio paralizado durante meses o años no es gratis. Es pagar impuestos sobre bienes que no generan renta, es ver cómo el esfuerzo de los padres se licúa por la devaluación y es la angustia de sentir que el patrimonio familiar está secuestrado por la ineficiencia.
La pregunta que se repite en el estudio es dolorosa: “¿Por qué tarda tanto si somos todos mayores y estamos de acuerdo?”. Y esa pregunta no tiene una respuesta lógica para el ciudadano común, porque el sistema actual no prioriza la resolución, prioriza el formalismo mientras administra la espera.
La pregunta que se repite en el estudio es dolorosa: “¿Por qué tarda tanto si somos todos mayores y estamos de acuerdo?”. Y esa pregunta no tiene una respuesta lógica para el ciudadano común, porque el sistema actual no prioriza la resolución, prioriza el formalismo mientras administra la espera.
Para quienes ejercemos en este ámbito del derecho, el 2025 fue profundamente desgastante. Porque no se litiga solo contra una contraparte, se litiga contra la ineficiencia de los sistemas, las urgencias formales, la indiferencia hacia las reales necesidades de la gente. Se acompaña a clientes que necesitan respuestas hoy, no el año que viene.
Defender el patrimonio en este contexto exige una mirada estratégica que muchas veces falta. El sistema judicial no ve historias de esfuerzo detrás de una casa o un auto; ve bienes registrables. No ve conflictos familiares latentes; ve declaratorias de herederos.
Aquí es donde el balance del año nos deja una lección fundamental: la planificación patrimonial ya no es un lujo, es una necesidad imperiosa.
Muchas de las demoras y angustias que vimos este año podrían haberse evitado. La creencia de que "la sucesión se arregla cuando yo no esté" es un error que pagan caros los hijos.
El 2025 dejó un mensaje claro para quienes hoy tienen patrimonio, sea mucho o poco: el futuro de los bienes no se improvisa. Pensar en la planificación de la sucesión en vida es un acto de responsabilidad y de amor.
Existen herramientas legales: donaciones con reserva de usufructo, testamentos, fideicomisos, previsiones de indivisión forzosa para proteger a la empresa familiar. Herramientas que permiten saltar la trampa de la burocracia y garantizar que el esfuerzo de toda una vida llegue a sus destinatarios sin diluirse en pasillos de tribunales.
La planificación no anticipa la muerte, organiza la vida de quienes quedan.
La ausencia de una cultura de planificación patrimonial, sumada a un servicio de justicia lento, implica trasladar problemas, gastos y conflictos a la próxima generación. Implica, en definitiva, poner en riesgo el legado familiar.
Mirando al 2026, los desafíos son claros. Necesitamos una justicia que entienda que detrás de cada expediente sucesorio hay una familia esperando cerrar una etapa. Una justicia eficiente, digital y ágil, que no convierta un trámite en una pesadilla de años.
Pero mientras esperamos que el sistema cambie, la responsabilidad está en nosotros. Informarse, planificar y utilizar los instrumentos legales para facilitar el camino a nuestros hijos es la única forma de proteger lo construido.
Finalmente, cerrar el 2025 es agradecer a las familias que confiaron en nosotros para ordenar sus papeles y proteger su futuro.
Defender el patrimonio familiar es defender el futuro. Que el 2026 nos encuentre con más previsión, menos trámites eternos y con la certeza de que cuidar lo nuestro también es evitarle problemas a quienes amamos.
Por Silvia Zarza
Abogada Unne
Especialista en derecho previsional
Planificación patrimonial y sucesoria
Especial para El Litoral
