Desde que se conoció la nominación del juez Ariel Lijo para que integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el rechazo se hizo oír incluso en amplios sectores vinculados al Poder Judicial. No ha habido prácticamente pronunciamientos a su favor.
La notoria insuficiencia de sus antecedentes académicos, el derrotero de sus decisiones judiciales, sus convenientes demoras, cuando no la indefinida postergación de las investigaciones, las fundadas sospechas de enriquecimiento patrimonial se mezclan con las actividades de su hermano “operador judicial”, confirmando que no se trata de un candidato lógico para la Corte.
Existen muchas y variadas facetas negativas en esta nominación, pero hay una que no se ha subrayado debidamente: se trata del impacto desfavorable que una eventual designación tendrá en la percepción y evaluación de riesgos que harán quienes analicen inversiones importantes en nuestro país. Se trata de una muy llamativa omisión, sobre todo si se considera la profesión de economista del presidente de la Nación.
Las certezas que ha de generar el sistema legal de un país van en directa relación con su capacidad para atraer inversiones. La falta de confianza en los jueces, como bien señalan la OCDE y todas las organizaciones económicas internacionales, atenta contra la actividad económica. Cuando los jueces que integran el Poder Judicial, mucho más aquellos que son miembros de la Corte Suprema de Justicia, responden a un gobierno y se vuelven influenciables, la garantía de amparo real de la ley se diluye, afectando a las personas y a sus patrimonios.
Toda inversión, sea en instrumentos financieros (títulos, bonos, acciones), en activos físicos (campos, inmuebles, maquinaria, vehículos) o en talentos (trabajo intelectual y conocimiento), será evaluada primariamente por el flujo de ingresos que se espera que genere en el tiempo. Dicho flujo no dejará de ser una estimación con márgenes de error e incertidumbre. Además de los riesgos propios del negocio que se esté evaluando, los factores de costo y los probables altibajos de la demanda, sumados a posibles reacciones de la competencia y estabilidad o inestabilidad del marco macroeconómico general, hay otros riesgos cuya importancia crecerá con la magnitud de la inversión.
Nos referimos particularmente a los riesgos legales, que no serán los mismos si se trata de la inversión en un negocio minorista que si involucra la inversión multimillonaria de un gran emprendimiento o de empresas multinacionales que harán negocios a escala global. En estos casos el riesgo surge también de la inestabilidad de los marcos regulatorios, de las leyes de defensa de la competencia y de los consumidores, así como de los regímenes de impuestos y aduaneros.
A la proverbial incertidumbre macroeconómica, generada por altas tasas de inflación y la consecuente distorsión y volatilidad de los precios relativos, se agrega la incertidumbre jurídica respecto de la protección del derecho de propiedad sobre las inversiones realizadas y las ganancias que se espera obtener de ellas.
En muchos casos la rentabilidad de una inversión dependerá de las sentencias de distintas instancias judiciales, e incluso hasta de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, quienes evalúen inversiones en nuestro país considerarán indudablemente también la idoneidad, la integridad y la honestidad de nuestros magistrados.
Lamentablemente la Argentina tiene una larga historia de licuaciones, defaults, confiscaciones, controles de precios y de cambios, alteraciones arbitrarias en el régimen tributario y aduanero, además de una multiplicidad de regulaciones que interfieren en los derechos de propiedad de los inversores. El Gobierno viene realizando un esfuerzo extraordinario en pos de eliminar una enorme maraña de regulaciones, pero ese empeño no alcanza para borrar nuestro frondoso prontuario, y el futuro debe proveer las mejores garantías.
Cada uno de estos antecedentes y la suma de todos ellos impactan en los posibles riesgos de las inversiones.
A más riesgo, mayor será la tasa de retorno exigida por los proyectos, con dos posibles resultados: o el inversor recurrirá al “lobby” para pedir privilegios y garantías que lo protejan de esos riesgos o desistirá del proyecto. En un mundo globalizado, cuando se trata de la radicación de megainversiones, nuestro país compite con casi 200 Estados soberanos.sin inversiones es imposible que la economía crezca y que sin seguridad jurídica nunca llegarán los tan ansiados como necesarios capitales.
