“Con la reforma laboral se estima una merma promedio del 0,57% de la masa coparticipable, afectando directamente a los ingresos de las jurisdicciones locales y debilitando el federalismo fiscal”
Raúl Sánchez, Identidad Correntina
En el último mes, la agenda internacional monopolizó los espacios periodísticos, especialmente por la irrupción del presidente norteamericano con su operación militar en Venezuela, su pretensión de apoderarse de Groenlandia, la amenaza arancelaria a Canadá y a países europeos que no apoyen su postura, el debate con la OTAN, las muertes en Minneápolis. Se asoma un nuevo orden mundial, manejado por la fuerza de los poderosos.
Mientras tanto, en nuestro país, entre los temas más importantes, larvado por la parafernalia de Trump, se encuentra la reforma laboral remitida por el Poder Ejecutivo al Senado, y cuyo tratamiento se producirá a fines de la primera quincena de febrero.
De más está destacar la importancia de la temática, una cuestión tan sensible como estructural: el modo en que la Argentina regula el vínculo entre capital y trabajo.
La necesidad de regularizar la situación del 42% de los 18 millones de trabajadores que se encuentran en negro, con bajos salarios y sin ninguna cobertura social, es suficiente motivo para modernizar la legislación.
Los sindicatos que se oponen, en general representan a los empleados formales. Al momento, tanto la CGT como individualmente las entidades gremiales, parecen carecer de capacidad de fuego para realizar protestas que obstruyan el andar legislativo del proyecto.
“La reforma laboral importará la disminución de Ganancias para las sociedades en orden al 3%. Ello impactará directamente en recursos de coparticipación federal, que tendrán una merma importante”
El peronismo tampoco está en condiciones de obstaculizar el proyecto. Habiendo perdido las elecciones nacionales, disminuyó sus votos legislativos. Además, una dura puja en la Provincia de Buenos Aires entre el kicillofismo y el kirchnerismo de paladar negro, seguramente dejará heridos que tendrán peso negativo en la una unificación absoluta de posturas. La carencia de un liderazgo claro, corre en contra.
Una reforma es necesaria, lo dicen los más de 7 millones de informales. Pero, para que ella sea justa y, especialmente, sirva a la regularización laboral, debe no sólo ser equilibrada sino operativa para lograr el objetivo para la cual fue concebida.
Y es allí donde se vuelven a separar las aguas. Difícilmente las Pymes, dónde está concentrado el grueso de trabajadores irregulares, encuentren incentivos suficientes para dejar la comodidad de la cobertura negra e ingresar al blanqueo mediante una registración en forma.
Si hacemos un comparativo, tal lo hecho en un artículo de mi autoría de diciembre pasado, son las grandes empresas las beneficiadas con un cambio en la legislación, porque apenas registran poco más de medio millón. El resto, 7,2 millones, están en las Pymes.
De igual modo, creemos que los vientos reformistas soplan más fuerte que los conservadores, y que los cambios se terminarán produciendo, aún a costa de negociaciones en el texto y modificación de algunos institutos.
El oficialismo no tiene los votos suficientes. La oposición dialoguista constituirá un activo muy importante al respecto. Pero dentro del espacio no oficialista, conviven intereses de muy diverso pelaje.
Uno de ellos, estimo que el más importante, es el de los gobernadores, porque la reforma, según los analistas expertos en la temática, terminará afectando la masa coparticipable, que se reducirá en poco más de medio punto porcentual del PBI.
Las jurisdicciones en su conjunto perderían alrededor de 3,2 billones de pesos, debido a cambios en diversos tributos, afectando su estabilidad financiera. Sólo en materia de Impuesto a las Ganancias de sociedades, la disminución sería de 1.729 billones en 2026.
“La reforma laboral es un hecho. La cuestión que se encuentre un equilibrio entre los intereses y derechos en juego, y que la sábana corta no destape a los sectores sociales e institucionales más débiles”
El diputado correntino Diógenes González, advirtió sobre el impacto fiscal en nuestra provincia: “Ganancias es el impuesto coparticipable por excelencia. Sería una caída de 5.000 millones de pesos, que no es un número menor”.
Seguramente, los anticuerpos provinciales comenzaron a actuar para negociar la merma, aunque el gobierno advierte que la reforma fomentará el empleo y compensará la disminución. Está por verse.
Por lo pronto, se estima que en estos días el gobernador Juan Pablo Valdés se reunirá con el Ministro del Interior, Diego Santilli, encargado de “juntar” los votos. Seguramente el tema estará en la agenda.
También hay que destacar que en informes académicos, se indica que la creación del Fondo de Asistencia Laboral desfinanciará el sistema de seguridad social.
Como puede verse, con la sábana corta del conjunto financiero de la economía, se tendrá que elegir la parte del cuerpo social e institucional que deberá destaparse.
Entonces, a desperezarse de las vacaciones, ponerse en tema y comenzar a batallar en defensa del federalismo fiscal.
Por lo pronto, el propio Jefe de Gabinete convocó a una reunión para tratar el tema y la unificación de las negociaciones. Lo propio sucede con UP.
Es una temática clave para la sociedad en su conjunto, pero especialmente para el andamiaje laboral y económico de una Argentina que debe buscar la punta del ovillo para desandar el duro camino del esfuerzo sin contraprestación.
