La elevadísima presión impositiva que soportan los contribuyentes en la Argentina es, desde hace muchos años, el reflejo de una voracidad fiscal al servicio de cubrir el descontrol del gasto y las apetencias centralistas. Ahora es el momento de dejar de consentir auténticas violaciones al derecho de propiedad y ponerles límites a los abusos del poder político nacional.
No por nada, nuestro país puede ser calificado como el más gravoso del mundo, en función de diferentes estimaciones avaladas por importantes organismos internacionales que dan cuenta de tres distintos aspectos.
El primero de ellos es el peso de los impuestos. El Banco Mundial fue el primero que alertó que teníamos los impuestos más altos del mundo entre 190 países. La Unión Industrial Argentina (UIA) aportó otros datos que permiten arribar a la misma conclusión: vía un análisis técnico de cada impuesto en los treinta países más relevantes, concluyó que, de los siete tributos principales, en seis tenemos los más gravosos, además de la presión fiscal formal más alta, que alcanza al 50,7%. Esto genera una pérdida de competitividad de las empresas formales ante las del exterior y las informales locales. También, que los consumidores soporten en una altísima carga tributaria en los precios finales. Esta puede llegar aproximadamente al 42% en ciertos alimentos, al 48% en determinadas bebidas o en pasajes aéreos, al 50,3% en vestimenta y al 54% en automóviles. De esta voracidad son testigos los productores agropecuarios; en tal sentido, un cálculo elaborado por Néstor Roulet a partir de la campaña 2025/26 indica que el Estado se queda en promedio con el 82,6% de la renta que genera una hectárea de soja en un campo alquilado de la región núcleo.
Un segundo aspecto que define a la Argentina como el país más gravoso es la cantidad de impuestos: según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el país tiene actualmente 155 tributos, de los cuales una pyme paga al menos 18 nacionales, en tanto que un ciudadano abona entre 21 y 49, según su condición, durante el año. Apenas diez de esos impuestos recaudan más del 90% del total, demostrando la ineficiencia del sistema tributario.
La híper regulación es un tercer aspecto. Por caso, las pymes, solo para cuestiones tributarias, están sujetas a treinta regímenes de retención, percepción e información, lo cual implica otra carga injustificada al contribuyente, al que se le exige cumplir funciones que le son ajenas.
Somos entonces el país más gravoso del mundo por una cuestión de peso, cantidad y destrato. Algo que genera entre un 45 y un 50% de informalidad, convirtiendo al sistema fiscal en tan pesado como injusto.
Cabe reflexionar por qué nuestro país tiene los impuestos más altos y, en especial, cuánta responsabilidad les caben a los poderes políticos (legislativos y ejecutivos de los tres niveles) y cuánta al Poder Judicial por este último lugar fiscal mundial y, en general, por el fracaso económico del país. Lo natural es responder que la principal recae en la voracidad fiscal de la Nación.
Sin embargo, como lo han puesto de manifiesto los merecedores del premio Nobel de Economía 2024 Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, el éxito o el fracaso de un país no depende tanto del nivel de sabiduría o liderazgo de sus políticos, sino del buen o mal funcionamiento de las instituciones, lo cual incluye el respeto a la propiedad privada y la independencia de los jueces para poner límites a los abusos de los otros poderes.
Camino al último puesto fiscal, el país cruzó límites constitucionales como el de no confiscatoriedad o el de razonabilidad, que, salvo excepciones, los magistrados resolvieron no aplicar.
