Manuel Adorni anunció que el Poder Ejecutivo de la Nación planea enviar a las cámaras legislativas una una iniciativa para renovar la ley de tierras, oficialmente conocida, desde comienzos de 2012. como ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
Después de su triunfo de fines de 2011 la expresidenta Cristina Kirchner, logró que el Congreso sancionara la ley 26.737, que restringió el acceso a la propiedad de tierras a los extranjeros y violentó de tal manera los artículos 16 y 20 de la Constitución nacional. Ambos ítems establecen la igualdad del trato entre estos y los argentinos.
La descabellada idea de que la soberanía nacional se juega en discriminaciones compulsivas e inconstitucionales de la naturaleza consagrada en aquella ley de 2012 está aún presente en declaraciones del siguiente tenor: “Se trata de uno de los últimos instrumentos que le quedan al Estado para decidir quién es dueño de su suelo, su agua y su alimento”. Un disparate.
Está todo demasiado a la vista como para que sea indispensable a esta altura elaborar argumentos racionales frente a quienes aparentan desconocer que la propiedad de cualquier bien registrable, como el caso del dominio sobre tierras, se halla sometido a disposiciones legales que no dejan abordar ninguna cuestión legislable en la materia: catastrales, fiscales, de derecho civil y comercial, y cuantas otras que alcancen también a los ciudadanos argentinos. La soberanía nacional está garantizada, pues, de los más diversos modos y los charlatanes no hacen sino mezclar la propiedad de las tierras con un principio al que el Estado, bajo el imperio de ningún gobierno, podría renunciar.
La ley sancionada en mejores tiempos para Cristina Kirchner tenía por objetivo declarado “proteger un recurso estratégico no renovable, como es la tierra”. Lo hacía como si la nacionalidad argentina del propietario fuera determinante para asegurar la defensa de la soberanía.
La Argentina desespera por inversiones fijas en el país, pero en ese texto se restringe la compra por extranjeros a no más del 15% de las tierras que configuran el territorio nacional, el de una provincia o municipio. No más del 30% de esas tierras pueden estar en manos de extranjeros de una misma nacionalidad y tampoco los extranjeros pueden comprar tierras aledañas a cursos de agua “de envergadura”, según dice la ley en lenguaje ripioso. Por si fuera poco, la ley establece el tope de 1000 hectáreas para las que sean adquiridas por extranjeros en la denominada zona núcleo, que se extiende esencialmente por el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y este de Córdoba.
Estas absurdas limitaciones fundadas en las mismas extravagancias ideológicas que han paralizado por tantos años el desarrollo del país no solo conspiran contra la igualdad en el acceso a la tierra, sino que también han reducido la competencia, distorsionado los precios y depreciado los activos rurales argentinos. En 2012-2013, cuando se estancaron los valores de la tierra, una hectárea en la zona núcleo de la Argentina no estaba lejos de los precios que regían en operaciones realizadas en zonas rurales de Illinois, en los Estados Unidos.
Históricamente, la diferencia de valores entre ambas partes de América era de 1 a 1,5 en favor de esas tierras del Medio Oeste norteamericano, mencionada por usos y costumbres de la actividad inmobiliaria local en términos comparativos con las tierras de la zona núcleo de la Argentina. Hoy, una hectárea en Illinois cuesta unos 50.000 dólares: o sea, se halla a distancia sideral de lo que puede esperarse de los mejores precios de campos argentinos.
Las retenciones y los cepos cambiarios, menos restrictivos hoy que en el pasado, conspiran, como se sabe, contra el desarrollo de las actividades agropecuarias en el país y explican parte de lo que nadie ignora: cuántas posiciones relativas han perdido en su evolución respecto de países vecinos, sin ser Brasil el único que nos ha aventajado. Situaciones de tal gravedad no se configuran solo por aquellos obstáculos, sino también por rémoras ideológicas que aun impregnan nuestra legislación general.
En ese sentido, las consecuencias negativas de mantener esta ley de tierras devenidas de los siniestros tiempos kirchneristas son más que obvias. Levantar tantas prohibiciones sería, además, una señal más de que la Argentina quiere dejar atrás las secuelas de regímenes retrógrados.
