La designación de jueces no es un trámite administrativo más, sino uno de los actos más delicados del poder político en una república. No se limita a cubrir vacantes, sino que implica decidir quiénes ejercerán el control, en última instancia, sobre ese mismo poder que los nombra. Por ello, el criterio rector en la selección debe ser inequívoco: la excelencia, entendida no solo como capacidad técnica, sino también como independencia de criterio y una trayectoria que no deje dudas sobre el compromiso con el Estado de Derecho.
En este contexto, algunas noticias recientes resultan preocupantes. El Poder Ejecutivo ha elevado al Senado una cantidad significativa de postulaciones que incluyen personas con vínculos —más o menos evidentes— con espacios políticos que, durante su gestión, promovieron iniciativas tendientes a debilitar la independencia judicial. A esto se suman explicaciones oficiales que, lejos de aportar claridad, han optado por negar filiaciones, relativizar antecedentes o atribuirlos a circunstancias accidentales. Estas justificaciones no solo no disipan las dudas, sino que tienden a profundizarlas y a erosionar la confianza en el proceso.
El problema no reside en que los jueces tengan ideas o convicciones. Pretender una judicatura completamente neutral en términos ideológicos sería ingenuo. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre tener una visión del mundo y haber formado parte de proyectos políticos orientados a subordinar la Justicia a intereses partidarios. Ignorar esta distinción tiene consecuencias, porque compromete la percepción de independencia que resulta esencial para el funcionamiento del sistema judicial.
Lo que está en juego trasciende cualquier coyuntura. Se trata de la arquitectura institucional del país. Designar jueces con antecedentes que generan dudas razonables sobre su independencia no es un error menor: implica sembrar un problema que puede crecer de manera silenciosa hasta volverse difícil de revertir. El deterioro institucional rara vez ocurre de forma abrupta; suele avanzar mediante pequeñas concesiones que, consideradas aisladamente, pueden parecer justificables, pero que en conjunto terminan debilitando los cimientos del sistema.
Algunos sostendrán que el Senado ejercerá su rol de control, y es cierto que así debe ser. Sin embargo, esa instancia no reemplaza la responsabilidad primaria del Poder Ejecutivo, que consiste en proponer candidatos incuestionables. En este ámbito, la prudencia no es una opción, sino una obligación. Esta exigencia se vuelve aún más relevante cuando el propio proceso de selección aparece atravesado por disputas internas, filtraciones y cuestionamientos cruzados que trasladan tensiones políticas al ámbito judicial. La Justicia no puede convertirse en un escenario de esas disputas.
A esta situación se suma otra cuestión relevante: la idoneidad específica de algunos postulantes. No basta con ser abogado o haber tenido experiencia en la administración pública. La función judicial, especialmente en instancias de apelación, requiere un alto grado de especialización. Proponer a alguien sin una trayectoria clara en la materia para integrar tribunales técnicos genera la impresión de que no se trata de una selección rigurosa, sino de una designación discrecional. En el ámbito judicial, este tipo de decisiones suele tener costos elevados, tanto en términos de calidad de las resoluciones como de legitimidad institucional.
Por último, también genera inquietud la posibilidad de prescindir de jueces con experiencia y reconocimiento que actualmente integran la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal. Durante la gestión anterior, se impulsó la revisión del mecanismo mediante el cual accedieron a sus cargos, basado en traslados dentro del mismo fuero y con igual jerarquía. Esta situación, sin embargo, no fue aplicada de manera uniforme a otros magistrados en condiciones similares, lo que refuerza la percepción de arbitrariedad.
En definitiva, la designación de jueces exige un estándar elevado y consistente. La confianza en la Justicia depende, en gran medida, de la percepción de independencia y competencia de quienes la integran. Debilitar esos principios, aun de forma indirecta, implica comprometer el funcionamiento mismo de las instituciones.
