En las próximas elecciones legislativas de este domingo, el voto será diferente, pero también lo será la forma en que los ciudadanos deben interactuar con las urnas. Aquellos que intenten captar una foto o una selfie con la Boleta Única de Papel (BUP) en mano, corren el riesgo de enfrentarse a una sanción económica considerable, una multa de hasta $77.000.
Prohibidas las selfies y fotos de la boleta
La medida forma parte de la nueva regulación que entrará en vigor en las elecciones nacionales, que marcan el estreno de la BUP en todo el país. El Código Nacional Electoral prohíbe explícitamente la toma de fotos de la boleta o la realización de selfies dentro del recinto electoral, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y evitar cualquier intento de manipulación o coacción en el voto.
Juan José Ferreyra, secretario electoral del Juzgado Federal, explicó que en cada uno de los biombos de votación se colocarán avisos informativos, advirtiendo sobre la prohibición de fotografiar la boleta. Además, los presidentes de mesa serán responsables de recordar esta norma a los votantes antes de ingresar al recinto.
A su vez, la BUP será entregada con una birome oficial, cuya tinta indeleble asegura la trazabilidad del voto en caso de que sea necesario revisarlo. En cuanto al procedimiento, el votante deberá marcar la casilla del partido o alianza de su elección. Si no desea votar por ninguna opción, podrá simplemente doblar la boleta y depositarla en la urna sin marcar.
La sanción de $77.000 se basa en el artículo 71 inciso G del Código Nacional Electoral, que establece un conjunto de prohibiciones durante el acto electoral. En caso de que el elector no respete esta normativa, se aplicará una multa.
Sanciones por no votar
Aparte de la polémica de las selfies, el sistema también contempla sanciones económicas por no votar. Aquellos que falten a las urnas sin justificación dentro de los 60 días posteriores a la elección recibirán una multa que va desde los $50 hasta los $500, según la cantidad de infracciones previas.
Con la entrada en vigor de estas medidas, las autoridades buscan un proceso electoral más ordenado y con mayores garantías de privacidad, al mismo tiempo que ajustan las reglas del juego para evitar comportamientos que puedan comprometer la integridad de las elecciones.
