La Justicia de Curuzú Cuatiá fijó una cuota alimentaria para un niño de 3 años equivalente a un salario y medio mínimo, vital y móvil. Se determinó que la categoría fiscal del padre —inscripto como monotributista— no podía ser usada como parámetro excluyente para calcular el monto.
Durante el proceso, la madre del niño explicó que era estudiante, que no tenía cobertura médica y que convivía con su familia, quienes la asistían económicamente. El padre alegó que al ser abogado independiente sus ingresos eran variables y que, al estar registrado en la categoría A del monotributo, no podía afrontar la suma fijada.
La jueza María Susana Galeano analizó pruebas y testimonios que indicaron que el hombre tiene propiedades en alquiler, entre ellas un complejo de 12 departamentos, además de un plazo fijo en dólares.
Si bien los bienes no están registrados a su nombre, los testimonios coincidieron en describir un nivel de vida más alto que el declarado.
Fallo de la Justicia
Con esos elementos, el Juzgado de Familia entendió que la categoría fiscal no reflejaba el verdadero poder adquisitivo del padre y que la cuota debía adecuarse a las necesidades del niño y al contexto inflacionario.
La sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá y luego por el Superior Tribunal de Justicia. Además, el fallo obliga al padre a garantizar cobertura de obra social para su hijo.
La jueza remarcó que los padres “no pueden excusarse invocando falta de trabajo o ingresos insuficientes, salvo imposibilidades insalvables”.
