Tras el revés judicial a favor de los 260 empleados despedidos de la empresa textil Alal de Goya, en el que obliga al empresario a pagar al menos el 50% de la indemnización en 10 días para evitar el embargo. Los trabajadores señalaron a El Litoral que continúan la lucha por el 100% que les corresponde.
El juez laboral, Ariel Brest, hizo lugar a una medida promovida por empleados contra la firma Alal y ordenó el depósito de una suma millonaria en concepto de créditos laborales reclamados por los despedidos, el monto (del 50%) llega a los $142.000.000.
El delegado de la Asociación Obrera Textil (AOT), David Gonzáles señaló a El Litoral: “Tampoco sabemos si pueden llegar a apelar la causa y se retrasa más todavía el embargo. Esta sentencia, en principio obliga al empresario a que pague el 50% como dice la carta documento pero abre la puerta para que iniciemos acciones legales por el otro 50%”.
Reclamo por la indemnización completa
Luego del despido, la empresa que echó a 260 empleados, les anunció que solo pagaría el 50% de la indemnización prevista. Pero no realizó pago alguno, por eso la Justicia intimó a los dueños. Sin embargo, los trabajadores reclaman el pago total de la indemnización.
“Seguimos peleando por el 100% de la indemnización que es lo que corresponde”, aseguró Gonzáes a este medio.
El monto estimado para cada trabajador que fue despedido depende de la cantidad de años que trabajó en la empresa. Según los cálculos de El Litoral, el 100% de un empleado que trabajó 30 años, debería superar los $30.000.000.
Por lo tanto, si la empresa paga la mitad (50%) por la orden judicial para evitar el embargo, el cobro superaría los $15.000.000 para alguien que trabajó durante 30 años, siguiendo el ejemplo anterior.
La empresa tiene 10 días para depositar en el Banco de Corrientes los $142.000.000 que garantizaría el pago del 50% de la indemnización. El juez hizo lugar a la medida cautelar al acreditarse la mora del empleador en el pago. En caso de que no se cumpla con el pago, la Justicia embargará los bienes de la compañía que cubran el monto exigido y en caso de no cumplir con la orden judicial, rematará el bien para que los exempleados puedan cobrar.
