En un lunes marcado por el paro docente en Corrientes y gran parte del país, el Gobierno nacional mantuvo una reunión con los representantes de los principales gremios docentes.
El encuentro, convocado por las Secretarías de Educación y de Trabajo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, se produjo en el marco de una medida de fuerza que afectó a millones de niños, niñas y adolescentes que debían iniciar el ciclo lectivo 2026.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello informaron que la convocatoria se realizó en cumplimiento de la medida cautelar dispuesta por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones. Sin embargo, la postura oficial se mantuvo firme: el Estado Nacional no asumirá el rol de empleador ni financiará las recomposiciones salariales directas.
La responsabilidad es de las provincias
Durante la reunión con los líderes sindicales y miembros del Consejo Federal de Educación, las autoridades nacionales reiteraron que "la materia salarial es de competencia de las provincias".
Según el comunicado oficial, son las jurisdicciones locales las "verdaderas empleadoras de los docentes" y, por lo tanto, es responsabilidad de los gobernadores y los gremios alcanzar los acuerdos necesarios.
Esta posición ratifica la política de ajuste sobre las transferencias discrecionales y fondos específicos, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuya restitución es uno de los pilares del reclamo sindical. Ante la falta de avances concretos en la negociación, las partes acordaron realizar un nuevo encuentro la próxima semana para intentar destrabar el conflicto.
Un inicio de clases parcial
La medida de fuerza convocada por los gremios nacionales tuvo un impacto dispar pero significativo en 15 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.
Además de la convocatoria a la paritaria nacional y la vuelta del FONID, los sindicatos exigen un refuerzo urgente del presupuesto educativo y una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada. Mientras el diálogo continúa en los despachos oficiales, la incertidumbre persiste para millones de familias que aguardan la normalización del servicio educativo en todo el territorio nacional.
