En su edición de ayer, este diario daba cuenta del revéz sufrido por el abogado defensor de los gendarmes detenidos e involucrados en presuntos tormentos agravados, privación ilegítima de libertad y desaparición forzada de personas durante la última Dictadura Militar. La Justicia Federal, a instancias de la fiscalía, decidió desestimar “por improcedente” el pedido del doctor Víctor Alfredo Ross, de allanar varios domicilios de familiares de las víctimas del proceso y la propia sede de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. Pero la causa volvió a dar otra vuelta y ayer se conoció oficialmente que el doctor Ross actúa en forma particular en la causa, y no representa en forma alguna a la Gendarmería. También se supo que el profesional tiene vinculación con la fuerza, pero que desde el 1 de agosto fue puesto en disponibilidad por cuestiones aún no aclaradas.
El comandante mayor y jefe de la Agrupación III, Corrientes, de Gendarmería Nacional, Julio César Pedraza, aclaró expresamente a través de una nota que lleva su firma, que Ross ejerce la profesión de abogado de manera privada y particular, que no representa a la fuerza en la defensa de la causa caratulada “Juan Demarchi y otros sobre supuestos tormentos y desaparición de personas”; y que además fue puesto en disponibilidad el pasado 1 de agosto, pues además de ser abogado, Ross es un suboficial de Gendarmería Nacional.
De esta manera, la delegación local de Gendarmería dejó sin respaldo institucional a Ross, que a su vez fue cuestionado duramente por los familiares de las víctimas y por algunos funcionarios, como el propio subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Vassel, que vio en la petición del abogado, marcas de una época que intenta olvidarse.
Gendarmería dejó en claro que orgánicamente no respaldó la decisión del abogado de pedir el allanamiento de hogares y de oficinas públicas donde podrían encontrarse pruebas que ayudarían a sus clientes. Así también la fuerza responde a las dudas planteadas por Hilda Pressman, referente de la Comisión de Derechos Humanos, quién le había manifestado a este diario su preocupación por la gravedad que iba a tomar el caso si la fuerza en verdad avalaba los pedios desmedidos del abogado.
A propósito de las opiniones contrarias al pedido de la defensa, vale resaltar lo dicho ayer por Vassel. El funcionario sostuvo, contundentemente, que “el pedido de allanamiento a Derechos Humanos recoge lo peor del autoritarismo argentino”.
Pablo Vassell reconoció en diálogo con Momarandu que la acción reproduce la metodología del autoritarismo y que busca arrojar un manto de sospecha sobre la investigación pues, según entiende, el motivo del pedido fue la consideración de que en lugares como casas y en la Subsecretaría, se realizan adoctrinamientos de testigos en contra de los involucrados.
En ese sentido, recordó por ejemplo que Ramón Aguirre, el último testigo en la causa Artieda, viene declarando lo mismo ante tribunal u organismo que le requirió declaración. “Mal puede suponer Ross, ante esta evidencia, que la Subsecretaría adoctrine a los testigos”, fundamentó Vassell.
“Esto es como cuando se procede a investigar una violación analizando si la mujer usaba minifaldas. Remite directamente a esa frase empleada en la época de la Dictadura: el por algo será”, observó.
Otro de los que sumó su opinión favorable al fallo judicial que denegó la petición de Ross fue el ministro de Gobierno, Jorge Barrionuevo. También a Momarandu le dijo que “toda la administración pública siempre debe estar a disposición de la Justicia si ésta ordena allanamientos a sus oficinas”, pero se manifestó conforme con que el pedido haya sido rechazado.
“En base a lo que se, el pedido fue rechazado “in límine”, o sea en todos sus términos, pero no me afectaría si el juez decidiera llevar adelante la medida. Toda la administración pública debe estar al servicio de la justicia y del esclarecimiento de los hechos. Ningún funcionario público puede oponerse a este tipo de medidas, pero me alegra que se haya rechazado el pedido”, aclaró.
El comandante mayor y jefe de la Agrupación III, Corrientes, de Gendarmería Nacional, Julio César Pedraza, aclaró expresamente a través de una nota que lleva su firma, que Ross ejerce la profesión de abogado de manera privada y particular, que no representa a la fuerza en la defensa de la causa caratulada “Juan Demarchi y otros sobre supuestos tormentos y desaparición de personas”; y que además fue puesto en disponibilidad el pasado 1 de agosto, pues además de ser abogado, Ross es un suboficial de Gendarmería Nacional.
De esta manera, la delegación local de Gendarmería dejó sin respaldo institucional a Ross, que a su vez fue cuestionado duramente por los familiares de las víctimas y por algunos funcionarios, como el propio subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Vassel, que vio en la petición del abogado, marcas de una época que intenta olvidarse.
Gendarmería dejó en claro que orgánicamente no respaldó la decisión del abogado de pedir el allanamiento de hogares y de oficinas públicas donde podrían encontrarse pruebas que ayudarían a sus clientes. Así también la fuerza responde a las dudas planteadas por Hilda Pressman, referente de la Comisión de Derechos Humanos, quién le había manifestado a este diario su preocupación por la gravedad que iba a tomar el caso si la fuerza en verdad avalaba los pedios desmedidos del abogado.
A propósito de las opiniones contrarias al pedido de la defensa, vale resaltar lo dicho ayer por Vassel. El funcionario sostuvo, contundentemente, que “el pedido de allanamiento a Derechos Humanos recoge lo peor del autoritarismo argentino”.
Pablo Vassell reconoció en diálogo con Momarandu que la acción reproduce la metodología del autoritarismo y que busca arrojar un manto de sospecha sobre la investigación pues, según entiende, el motivo del pedido fue la consideración de que en lugares como casas y en la Subsecretaría, se realizan adoctrinamientos de testigos en contra de los involucrados.
En ese sentido, recordó por ejemplo que Ramón Aguirre, el último testigo en la causa Artieda, viene declarando lo mismo ante tribunal u organismo que le requirió declaración. “Mal puede suponer Ross, ante esta evidencia, que la Subsecretaría adoctrine a los testigos”, fundamentó Vassell.
“Esto es como cuando se procede a investigar una violación analizando si la mujer usaba minifaldas. Remite directamente a esa frase empleada en la época de la Dictadura: el por algo será”, observó.
Otro de los que sumó su opinión favorable al fallo judicial que denegó la petición de Ross fue el ministro de Gobierno, Jorge Barrionuevo. También a Momarandu le dijo que “toda la administración pública siempre debe estar a disposición de la Justicia si ésta ordena allanamientos a sus oficinas”, pero se manifestó conforme con que el pedido haya sido rechazado.
“En base a lo que se, el pedido fue rechazado “in límine”, o sea en todos sus términos, pero no me afectaría si el juez decidiera llevar adelante la medida. Toda la administración pública debe estar al servicio de la justicia y del esclarecimiento de los hechos. Ningún funcionario público puede oponerse a este tipo de medidas, pero me alegra que se haya rechazado el pedido”, aclaró.
