El gobernador Ricardo Colombi defendió ayer la nómina de aspirantes al Poder Judicial que propuso recientemente con el argumento de que “todos ellos pasaron por el Consejo de la Magistratura”, y aseguró que el postulante para el Juzgado de Instrucción de Bella Vista con aval parlamentario hace dos años “no puede asumir porque hay una denuncia en su contra”. De esa forma, minutos antes de partir hacia Brasil en una misión comercial, el mandatario mantuvo su tesitura sin disimular el punto flaco de su estrategia: no todos los candidatos que promovió salieron de las ternas emitidas por el jurado evaluador y ninguno participó de una nueva ronda examinadora, como advirtió ayer el Colegio de Abogados.
El argumento gubernamental tiene pies de barro, porque si bien es cierto que la mayoría de los candidatos rindió examen ante el organismo evaluador, sus aptitudes no fueron consideradas en el marco de un nuevo concurso (ver página 3). Además, el mandatario echó mano a la denuncia policial que pesa sobre el “semijuez” de Bella Vista, Simón Verón, para justificar su decisión de no dictar el decreto de designación pese a que el profesional cuenta con acuerdo del Senado hace dos años. Pero el incidente en cuestión sucedió en febrero de este año, mucho después de que el aspirante cumpliera con cada uno de los pasos exigidos para convertirse en magistrado.
Colombi sostuvo con el más solvente de sus tonos que “todos” los aspirantes rindieron ante el Consejo de la Magistratura. En parte tiene razón, pero también es cierto que superaron esa instancia hace mucho tiempo. Tanto que hubiera sido necesario que revalidaran sus posiciones en el ranking de los ternados. Pero además, entre las cinco postulaciones aparece Cynthia Esther Ortiz García de Terrile, cuyo nombre brilla por su ausencia en las nóminas de profesionales que se presentaron ante el Consejo de la Magistratura para medirse con otros aspirantes.
Ortiz García es además la esposa del secretario privado del senador menemista Jorge Antonio Abib, lo que adiciona a su nominación disvalores como el de la prebenda política. No resulta descabellado pensar en la posibilidad de que esta dama propuesta por el gobernador haya formado parte de un acuerdo entre el oficialismo y el legislador que demostró ser el alma mater del bloque filocolombista “Pedro Ferré”, célula senatorial integrada por justicialistas-menemistas y nuevistas renegados cuyos votos fueron determinantes para que el proyecto de reforma constitucional lograra media sanción en el Senado.
La vinculación de una de las aspirantes con el senador Abib podrían servir para consolidar la sociedad del bloque radical con los cinco miembros del “Pedro Ferré”, pero al mismo tiempo generará rispideces en la relación del colombismo con sus socios del PJ oficial. Por el momento, se sabe que no todos los cuadros del peronismo están de acuerdo con el movimiento de piezas que hizo el mercedeño.
SALAZAN ATACA
La senadora Mirtha Salazán, perteneciente a la línea justicialista Vamos Compañeros, presentará la semana que viene un recurso de amparo en defensa de los derechos adquiridos por el aspirante a juez de Bella Vista, Simón Verón, cuyo pliego fue remitido por el gobernador en julio de 2002 a la Cámara alta, donde fue aprobado de acuerdo a derecho.
La legisladora del martinezllanismo formalizaría su presentación en el Superior Tribunal de Justicia con el objetivo de eliminar instancias que puedan dilatar el proceso y la mirada puesta en el presidente del cuerpo, Carlos Rubín, y los ministros Juan Carlos Codello y Fernando Niz. A esos votos apostaría la senadora para desactivar la estratagema de Colombi, que se animó a postular a otra aspirante al Juzgado de Bella Vista con la intención de sacar definitivamente a Verón de la cancha.
En reemplazo del candidato con acuerdo, el mandatario propuso a Silvia Ester Airaldi, cuyas posibilidades de acceder al cargo aún están por verse porque no sólo Salazán intentará salir al cruce por la vía judicial, sino también el Colegio de Abogados de la primera circunscripción, según revelaron anoche fuentes dignas de crédito.
Colombi, en tanto, memorizó el argumento que le proporcionó la Fiscalía de Estado: Verón fue denunciado por golpear a un médico que alquila un local en el mismo edificio donde funciona su estudio jurídico. La constancia de esa denuncia fue remitida por nota al Ejecutivo, que de esa forma encontró una excusa para sostener una decisión que el gobernador, hasta ahora, no había podido explicar.
El argumento gubernamental tiene pies de barro, porque si bien es cierto que la mayoría de los candidatos rindió examen ante el organismo evaluador, sus aptitudes no fueron consideradas en el marco de un nuevo concurso (ver página 3). Además, el mandatario echó mano a la denuncia policial que pesa sobre el “semijuez” de Bella Vista, Simón Verón, para justificar su decisión de no dictar el decreto de designación pese a que el profesional cuenta con acuerdo del Senado hace dos años. Pero el incidente en cuestión sucedió en febrero de este año, mucho después de que el aspirante cumpliera con cada uno de los pasos exigidos para convertirse en magistrado.
Colombi sostuvo con el más solvente de sus tonos que “todos” los aspirantes rindieron ante el Consejo de la Magistratura. En parte tiene razón, pero también es cierto que superaron esa instancia hace mucho tiempo. Tanto que hubiera sido necesario que revalidaran sus posiciones en el ranking de los ternados. Pero además, entre las cinco postulaciones aparece Cynthia Esther Ortiz García de Terrile, cuyo nombre brilla por su ausencia en las nóminas de profesionales que se presentaron ante el Consejo de la Magistratura para medirse con otros aspirantes.
Ortiz García es además la esposa del secretario privado del senador menemista Jorge Antonio Abib, lo que adiciona a su nominación disvalores como el de la prebenda política. No resulta descabellado pensar en la posibilidad de que esta dama propuesta por el gobernador haya formado parte de un acuerdo entre el oficialismo y el legislador que demostró ser el alma mater del bloque filocolombista “Pedro Ferré”, célula senatorial integrada por justicialistas-menemistas y nuevistas renegados cuyos votos fueron determinantes para que el proyecto de reforma constitucional lograra media sanción en el Senado.
La vinculación de una de las aspirantes con el senador Abib podrían servir para consolidar la sociedad del bloque radical con los cinco miembros del “Pedro Ferré”, pero al mismo tiempo generará rispideces en la relación del colombismo con sus socios del PJ oficial. Por el momento, se sabe que no todos los cuadros del peronismo están de acuerdo con el movimiento de piezas que hizo el mercedeño.
SALAZAN ATACA
La senadora Mirtha Salazán, perteneciente a la línea justicialista Vamos Compañeros, presentará la semana que viene un recurso de amparo en defensa de los derechos adquiridos por el aspirante a juez de Bella Vista, Simón Verón, cuyo pliego fue remitido por el gobernador en julio de 2002 a la Cámara alta, donde fue aprobado de acuerdo a derecho.
La legisladora del martinezllanismo formalizaría su presentación en el Superior Tribunal de Justicia con el objetivo de eliminar instancias que puedan dilatar el proceso y la mirada puesta en el presidente del cuerpo, Carlos Rubín, y los ministros Juan Carlos Codello y Fernando Niz. A esos votos apostaría la senadora para desactivar la estratagema de Colombi, que se animó a postular a otra aspirante al Juzgado de Bella Vista con la intención de sacar definitivamente a Verón de la cancha.
En reemplazo del candidato con acuerdo, el mandatario propuso a Silvia Ester Airaldi, cuyas posibilidades de acceder al cargo aún están por verse porque no sólo Salazán intentará salir al cruce por la vía judicial, sino también el Colegio de Abogados de la primera circunscripción, según revelaron anoche fuentes dignas de crédito.
Colombi, en tanto, memorizó el argumento que le proporcionó la Fiscalía de Estado: Verón fue denunciado por golpear a un médico que alquila un local en el mismo edificio donde funciona su estudio jurídico. La constancia de esa denuncia fue remitida por nota al Ejecutivo, que de esa forma encontró una excusa para sostener una decisión que el gobernador, hasta ahora, no había podido explicar.
